Solicitan a la Municipalidad que "se abstenga de otorgar permisos para emprendimientos comerciales" en la Isla Sirgadero

La Asociación Civil Agrupación Tribu Guácharos, una institución con 91 años de trayectoria en Santa Fe, volvió a elevar su reclamo por "el uso irregular de terrenos" en la Isla Sirgadero, en el acceso a Alto Verde, esta vez con una notificación formal a la Municipalidad.

Mediante una carta documento y firmada por su presidente, el arquitecto Marcelo Dante Cerati, la entidad solicitó al intendente Juan Pablo Poletti y a la secretaria de Producción y Empleo, María del Rosario Alemán, que “se abstengan de otorgar, aprobar o habilitar permisos y/o autorizaciones de uso de zona de isla y/o cualquier otro tipo de emprendimiento comercial” en el sector comprendido entre la Agrupación Tribu Guácharos, Tribu Los Tobas y el Yacht Club Santa Fe.

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En la presentación, la institución advirtió que los terrenos fiscales provinciales en cuestión “se encuentran judicializados por usurpación y/o uso ilegales”, lo que implicaría la infracción de distintas normas vigentes, entre ellas la Ley de Aguas N.º 11.730, la Ley de Medio Ambiente N.º 11.717, la Ley N.º 13.740 y el Decreto Provincial 2819/23, que determina la Línea de Cota de Ribera.

“La posesión legítima es requisito excluyente para cualquier habilitación comercial en esa calidad, documentación que nunca fue acreditada por los particulares que pretenden el uso del bien público”, remarcó Cerati en la misiva a la que tuvo acceso UNO Santa Fe.

Usufructo

La presentación, firmada por el presidente de la entidad, el arquitecto Marcelo Cerati, fue ingresada a fines de septiembre y expone una situación que —según señalan— se repite desde hace años: el “usufructo particular de espacios públicos para obtener rentabilidad personal”.

“Las acciones privadas incluyen usurpación de terrenos de dominio público y privado, movimientos de suelos desmedidos e irracionales que provocan estancamientos, diques y cambios en el curso del agua, generando graves daños colaterales al ecosistema”, indicó Cerati en diálogo con UNO Santa Fe.

La carta documento enviada a la municipalidad

Santa Fe, 26/09/2025

Por la presente, en mi carácter de Presidente de la Asociación Civil AGRUPACIÓN TRIBU GUÁCHAROS, solicito se abstengan de otorgar, aprobar o habilitar permisos y/o autorizaciones de usos de zona de isla y/o cualquier otro tipo de emprendimiento comercial en Isla Sirgadero, sector comprendido en la zona de la Agrupación Tribu Guácharos, Tribu Los Tobas y Yacht Club.

En virtud de que los terrenos fiscales provinciales en cuestión se encuentran judicializados por usurpación y/o uso ilegales, infringiendo las siguientes leyes: Ley de Aguas 11.730, Ley de Medio Ambiente 11.717, Ley 13.740 y el Decreto Provincial 2819/23 que determina la Línea de Cota de Ribera y establece la Zona de Singo, normas de plena vigencia.

Téngase presente que la posesión legítima es requisito excluyente para cualquier habilitación comercial en esa calidad, documentación que nunca fue acreditada por los particulares que pretenden el uso del bien público.

Queda Ud. debidamente notificada.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Marcelo Dante Cerati

DNI N.º 10.930.730

Presidente Comisión Directiva

Destinatarios:

Sr. Intendente Municipalidad de Santa Fe (Juan P. Poletti)

Sra. Secretaria de Producción y Empleo (María del Rosario Alemán)

Remitente:

Asociación Civil Agrupación Tribu Guácharos

Patricio Cullen 7456 – Santa Fe

Una denuncia con larga historia

La Asociación mantiene desde hace décadas un reclamo activo por la preservación ambiental y legal de la Isla Sirgadero, un territorio de más de mil hectáreas frente al Riacho Santa Fe. Cerati recordó que se presentaron múltiples denuncias y prontos despachos ante el Municipio, la Provincia y la Prefectura Naval Argentina “para prevenir daños mayores e irreversibles”.

Según el arquitecto, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia ya notificó al gobierno municipal que las playas en cuestión son terrenos provinciales y de uso público, e incluso solicitó que se evite otorgar habilitaciones debido a la existencia de sumarios administrativos en curso.

Cerati lamentó también la falta de resultados en el ámbito judicial y recordó un hecho que calificó como “insólito”: “En 2016, en lugar de investigar la usurpación, fuimos notificados por el Ministerio Público de la Acusación por daño y tentativa de usurpación. La causa prescribió por falta de investigación, y en 2022 nuestro abogado pidió el sobreseimiento”.

“Nosotros, que denunciamos la ocupación ilegal de tierras, terminamos denunciados por los mismos usurpadores”, sostuvo el presidente de Los Guácharos, quien también apuntó contra “algunos funcionarios públicos” por su inacción. “Si esa medida judicial hubiera avanzado sobre Los Guácharos, habría significado la impunidad de los verdaderos usurpadores”, agregó.

Acción legal y pedido de intervención

Con la carta documento enviada al intendente Poletti y a la secretaria María del Rosario Alemán, la Asociación busca dejar constancia fehaciente del reclamo y agotar las vías administrativas para exigir que se cumpla la ley. “Nuestro único objetivo es preservar un territorio que pertenece a todos los santafesinos y evitar que los intereses privados destruyan un ecosistema valioso y frágil”, concluyó Cerati.

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La intervención del Estado y la línea de ribera

En 2022, la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH) dispuso mediante la resolución Nº 107/22 la creación de una mesa de trabajo para determinar la línea de ribera. Posteriormente, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat (MISPyH) emitió la resolución Nº 1529/22, que ordenó la paralización de toda actividad privada en el sector en conflicto.

Un año después, a través del Decreto Nº 2819/23, el Gobierno provincial determinó oficialmente esa línea. Sin embargo, uno de los actores privados presentó un pedido de revocatoria, que fue rechazado, aunque el caso derivó en un recurso contencioso administrativo, trasladando la disputa al ámbito judicial.

Obras ilegales y sanciones ambientales

Durante los relevamientos, la Unidad de Atención de Procedimientos (UAP 13.740) detectó graves irregularidades: movimientos de suelo, rellenos y construcciones sin permiso que afectaron el ecosistema y el escurrimiento natural del agua.

Entre los casos más graves se constató el alteo de terreno para construir una vivienda permanente y el relleno de áreas con escombros. También se identificó la construcción de un terraplén de tres metros de altura, ejecutado sin autorización, que obstruye el drenaje natural del agua.

Las infracciones a las Leyes Nº 13.740 (Régimen de Aguas) y Nº 11.730 (Protección del Medio Ambiente) derivaron en sumarios administrativos y sanciones. El Ministerio de Infraestructura dispuso además que la Provincia intervenga a costa de los infractores para restablecer las condiciones originales del terreno.