Sólo usurpadores en situación de calle recibirán alojamiento

La Secretaría de Estado del Hábitat aclaró que la resolución judicial que emitió el pasado lunes la doctora Sandra Valenti –que entiende en la causa de las usurpaciones de viviendas en el norte de la ciudad de Santa Fe– habla de “asignar un lugar provisorio” sólo a aquellas familias que al momento de desalojo se encuentren en situación de calle.

En diálogo con Diario UNO, el titular del organismo antes mencionado, Gustavo Leone, dijo que esa información surgirá en los próximos días después de realizar en territorio un relevamiento que servirá “para detectar a las personas que están en máxima vulnerabilidad”, tal como lo indica la Justicia, quienes sí tendrán algún tipo de propuesta habitacional por parte del Estado.

—¿Cuándo comenzará el relevamiento en el barrio y con qué organismos lo van a concretar?

—Aún estamos ajustando algunos detalles operativos con los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social, pero creo que comenzará en estas horas. A su vez, aprovecharemos esa instancia para hacer propuestas concretas y particulares a cada familia en situación de calle.

“Esas soluciones surgen de la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Hábitat, y no necesariamente incluye la entrega de una vivienda. Esto es porque algunas personas pueden volver con sus familias, que era donde residían hasta antes de la usurpación, y así nosotros podemos ofrecer distintos mecanismos de ampliación de viviendas o construcción o autoconstrucción en lotes propios, entre otras cosas. La respuesta variará de acuerdo a las distintas realidades”, anticipó Leone.

“Aquellas familias que tenían un lugar de origen, van a tener que volver a su lugar de origen”, dijo el secretario de Estado del Hábitat, al tiempo que precisó: “Tenemos la valoración que, salvo situaciones muy particulares, en términos generales la gente que está ocupando ese predio tiene dónde volver”.

Asimismo, indicó que “muchas familias (que usurparon) no están en situación de calle. Hay gente de clase media, con recibos de sueldos e incluso algunos que estaban anotados en planes de vivienda del Estado, según referencias que surgieron de datos que logramos cruzar. Hay distintas situaciones en la toma de Santa Rita II, no son todos sectores vulnerables. Porque hasta antes de la toma no había 180 familias que vivían en la calle, sino que muchos vieron, a instancia de lo que hizo la CCC, una oportunidad para encontrar una salida al déficit habitacional que tenían”, añadió.

Todos esos datos, contó el secretario de Hábitat, surgieron de un relevamiento que empezó a hacerse apenas se usurparon las viviendas pero que quedó “incompleto” porque la Corriente Clasista y Combativa pidió a la gente que no brinden ningún tipo de información al Estado. “Esa información es parcial, y ya no sirve ahora, por eso haremos un nuevo relevamiento”, explicó.

También, indicó que la resolución judicial sólo refiere al barrio Santa Rita II y por eso se espera un fallo similar sobre el complejo habitacional ubicado en Aristóbulo del Valle y Callejón El Sable, que está tomado hace tres semanas, para trabajar integralmente con las personas que usurparon

Por la vía pacífica, no de la fuerza

“Si tuviéramos que desalojar, la jueza hace énfasis en que esta acción se lleve adelante de manera pacífica. En la resolución se establece la necesidad de hacer un relevamiento con miras a detectar la situación de vulnerabilidad o no de cada una de las familias que hoy se encuentran en ese lugar”, agotar las vías de la negociación y recién después, en caso de no haber acuerdo, utilizar la fuerza pública, explicó el funcionario.

En relación a las personas que tomaron el plan habitacional y no tienen techo alguno, o sea están en situación de calle, Leone se sinceró: “No tenemos lugar dónde llevar a estas familias pero sí tenemos posibilidades de estudiar soluciones particulares en función de la necesidad de cada una”. Por último, recordó que el fallo judicial establece que las personas que se resistan al desalojo deberán ser identificadas en el relevamiento para que continúen las investigaciones y se definan las responsabilidades penales al respecto.