Un médico de Grávida dijo que el parto de la nena no conlleva peligro de muerte como sí lo indicó un equipo de salud

A raíz del caso que dio a conocer UNO Santa Fe de la niña de 12 años que había solicitado al Estado por la interrupción legal del embarazo y fue retenida por la organización Grávida para que no lo pueda llevar adelante, los detalles del fin de semana de Año Nuevo comienzan a salir a la luz. Esta mañana en una entrevista en LT10 el reconocido ginecólogo Raúl J. Dalla Fontana que colabora con la Asociación Civil brindó declaraciones al explicar cómo fue su intervención médica por videollamada para con la menor de edad a la que llama "pacientita". "A esta niñita se le dijo que tenía serios riesgo de morir en el parto, que la cesárea era imposible porque era muy chiquita, que tenía una infección...", contó sin explicar por qué consideró que se encuentra su salud fuera de peligro.

Describió que hace años que ejerce la profesión de manera privada en Santa Fe, "y una de mis actividades en forma gratuita es, cuando me lo piden, asesorar o dar segundas opiniones en este tipo de casos. Cuando hay algún tipo de conflicto con la continuidad del embarazo, sea por causas médicas o por otro tipo de situaciones".

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Sostuvo que en este caso se contactó gente de Grávida con él para ver si estaba dispuesto a dar una segunda opinión con respecto a todas las informaciones y las cuestiones que le habían dado desde el efector de salud de la localidad y desde Rafaela cuando ya habían decidido ir al Iturraspe.

"Me presentan los estudios clínicos de la pacientita y hago la evaluación médica evaluando riesgos médicos sobre todo porque básicamente es eso, y luego de hacer eso tenemos una videollamada con la familia porque como era en el interior y no me podía trasladar hasta ahí lo hicimos online. Yo le expreso mi opinión con respecto al riesgo que le habían dicho en el hospital, que corría riesgo de muerte, de infección y una serie de cuestiones que desde mi punto de vista no eran verdad", relató esta mañana el médico a los periodistas Aquiles Noseda y Carlos Claá.

— ¿No es un embarazo riesgoso?

— Es un embarazo que solo por la edad se cataloga de alto riesgo. Pero no justifica de ninguna manera por ser alto riesgo ofrecer como alternativa al aborto. Hoy con la tecnología que hay en todos los hospitales se salvan el 99%.

— Estamos discutiendo uno de los dos incisos que la ley prevé, pero además del riesgo de la salud de la gestante. El otro habla sobre una violación que es lo que pasó en este caso y por su papá.

— Yo no estoy hablando de cuál es el justificativo para ofrecer el aborto como alternativa y si la familia así lo desea tiene todo el derecho constitucional y legal para hacerlo. Lo que digo es que uno no puede brindar información falsa sobre los riesgos.

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— ¿Usted está acusando a los médicos?

— Es la información que me da la madre a mí verbalmente, que se la dieron en el equipo de salud. O sea la pacientita tenía una infección panal de un parásito y empezaron con eso, después con el riesgo en el parto y qué pasaría si habría que hacer una cesárea. Eso fue nada más y nadie nadie obligó a la familia a escucharme.

— ¿Usted cree que se le garantizaron todos los derechos a la niña?

— Por supuesto que sí. ¿Qué derechos fueron vulnerados? Involuntaria hubiera sido por medio de la fuerza o presiones psicológicas. No, no hubo nada de eso. Yo hablo como médico y en lo que yo participé, y me consta en lo que participó Grávida también. Es aberrante lo que se dijo de la institución, llevamos hace más de 20 años que trabajamos en Santa Fe. Nunca tuvimos problemas.

Al mismo tiempo comentó que Grávida no tiene una sede en Santa Fe que sea propia, sino que usaron la de "las hermanitas". "Grávida lo que ofrece es acompañamiento cuando es requerida por determinadas circunstancias. Desconozco como llegaron a esta familia", dijo por último.

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El caso

Esta semana UNO Santa Fe dio a conocer que el 19 de diciembre una mujer del pueblo Garibaldi, a 122 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Fe en el departamento Castellanos, denunció que al llevar a su hija de 12 años a un centro de salud supo que la niña estaba embarazada. Al conocer la situación, la menor le pudo contar que su propio padre fue quien la abusó en reiteradas oportunidades. Los hechos se dieron en el marco de un contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica de una zona rural.

La niña fue consultada por los profesionales de la salud sobre qué quería hacer respecto del embarazo. "No lo quiero tener", les respondió en distintas oportunidades. "Yo le dije que tampoco lo quiero criar, prefiero que lo aborte", sostuvo la madre de la menor en la denuncia.

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Los equipos que la venían acompañando hicieron las gestiones después de Navidad para avanzar con la solicitud de la IVE. La última conversación que hubo entre la madre, la nena, los equipos especializados del Iturraspe y las trabajadoras sociales locales fue el viernes 30 de diciembre. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Salud destacaron que el acompañamiento consistió en hacer las gestiones para la Interrupción Legal del Embarazo y pagarles el remis hacia el Iturraspe.

Frente al cuestionado acompañamiento estatal, fueron interceptadas por Grávida —una organización fundamentalista católica— el fin de semana de Año Nuevo. Las retuvieron en una de sus sedes el día que tenían turno para el procedimiento en el hospital Iturraspe. A partir de ese momento las autoridades comenzaron a tratar de localizarla por toda la ciudad, hasta que finalmente lograron dar con el lugar en el que las alojaron. Estaban en una sede de la organización ubicada en 9 de julio 2663 conocida como "Casa Hermanas de Betania".

Desde la Secretaría de la Niñez informaron que ambas víctimas se encuentran en un hospital de la ciudad bajo el resguardo del Estado a través de una medida de protección excepcional que fue expedida en la tarde de este martes, aunque sabían dónde se encontraban desde el lunes a la noche.

Los diferentes niveles del Estado que intervienieron en el caso son la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Género e Igualdad, la Secretaría de Derechos Humanos, la comuna de Garibaldi, autoridades de San Jorge, el Ministerio Público de la Acusación y oficiales del Ministerio de Seguridad.

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Antecedentes en el Iturraspe

Cabe recordar que en este momento se espera una nueva sentencia de la justicia santafesina sobre un caso en el que intervino Grávida para evitar una interrupción del embarazo a otra nena de 12 años en 2016. Ese año María Belén Catalano, una psicóloga de la organización, fue al hospital Iturraspe donde “clandestinamente se hizo pasar como miembro de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia para ganarse la confianza de la madre y la niña”, según denunció el Colegio de Psicólogos de Santa Fe que frente a este accionar la sancionó. Durante este 2023 se conocerá un nuevo fallo en relación a si fue pertinente o no el dictamen del Tribunal de Ética del Colegio.

En 2015 el gobierno provincial tuvo que pedir disculpas públicas y hacer un compromiso de no repetición como Estado por el caso de Ana María Acevedo. Ella falleció a los 20 años el 17 de mayo de 2007. El director del hospital Iturraspe era Andrés Ellena, la ministra de salud era Silvia Simoncini, y el gobernador Jorge Obeid. No la trataron por su cáncer maxilar porque estaba embarazada a la vez que le negaron el aborto legal que había solicitado para poder recibirla medicación que necesitaba.

De acuerdo al fallo judicial y a documentos de la Multisectorial de Mujeres, Ana María fue internada en diciembre del 2006, con persistentes dolores y conocimiento del embarazo, y recién a fines de febrero de 2007, con la cara visiblemente hinchada por el tumor el Comité de Bioética del Iturraspe analizó el caso. Desestimaron el pedido de aborto no punible y la obligaron a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril de 2007, que le hicieron una cesárea. El feto no sobrevivió al alumbramiento.