Rocío Solís, docente y madre de un niño con síndrome de Down y una enfermedad neurodegenerativa severa, atraviesa un complejo conflicto judicial con el Estado santafesino. Pese a haber obtenido fallos favorables en dos instancias judiciales, la Fiscalía de Estado insiste en revertir la decisión que le permite desempeñar tareas administrativas, alegando que se trata de un “privilegio frente a sus pares”.
Una docente santafesina lucha por un fallo que le permita cuidar a su hijo con una enfermedad neurodegenerativa severa
Rocío Solís consiguió que la Justicia reconozca su derecho a mantener tareas adaptadas, aunque la Fiscalía de Estado presentó un recurso para anular la decisión. “Trabajo todos los días, no quiero licencia, quiero comprensión”, expresó la mujer
Solís es mamá de Iván, un niño de 10 años que padece síndrome de Lennox-Gastaut, una enfermedad poco frecuente que le provoca convulsiones diarias y lo mantiene conectado permanentemente a un respirador. La docente asegura que, desde el nacimiento de su hijo, enfrenta un profundo desgaste físico y emocional derivado de su rol de cuidadora.
“Yo no pedí una licencia. Estoy trabajando, cumpliendo horario en la escuela, pero en tareas diferentes. Mi médica psiquiatra determinó que no estoy en condiciones de estar frente al aula”, explicó en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3). “Lo único que pido es poder seguir trabajando de una manera compatible con mi situación y con la salud de mi hijo”, agregó.
Dos fallos favorables y un nuevo revés institucional
El conflicto comenzó este año, cuando Salud Laboral dispuso que la docente debía reincorporarse a sus funciones habituales, pese a los informes médicos que desaconsejaban el retorno al aula. Ante esta situación, Solís presentó un recurso de amparo que fue resuelto a su favor por la jueza Mariana Ramoneda, quien reconoció que “no se trataba de un tema de licencias, sino de derechos fundamentales que debían ser atendidos”.
El Ministerio de Educación apeló el fallo, pero la Cámara de Apelaciones ratificó la sentencia. Sin embargo, la Fiscalía de Estado volvió a impugnar la decisión al presentar un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que el caso genera “gravedad institucional”.
“Me pregunto cuál es el perjuicio. ¿Dónde está el daño irreparable para el Estado? Yo trabajo todos los días en mi escuela, cumplo mis funciones. No estoy pidiendo un privilegio, sino humanidad”, expresó Solís, visiblemente conmovida.
Una historia atravesada por la enfermedad y la resiliencia
El hijo de Rocío, Iván, se encuentra en estado crítico: se alimenta por sonda, permanece conectado a un respirador y recientemente sufrió la luxación de una cadera. “Vivo con la muerte de mi hijo como una posibilidad constante. Quiero que pase el tiempo que le queda en su casa, con su familia, en paz”, contó entre lágrimas.
La docente, que también es contadora, desempeña tareas administrativas en su escuela y asegura que sus compañeros la apoyan. “Mis colegas saben lo que vivo hace más de diez años. Sienten indignación cuando escuchan que se habla de privilegio o capricho”, señaló.
“No estoy pidiendo no trabajar, estoy pidiendo comprensión”
La situación de Solís generó repercusión pública y expuso el contraste entre las políticas de cuidado y las decisiones administrativas del Estado. “Jamás pedí no trabajar. Solo necesito mantener una modalidad que me permita sostener a mi hijo sin abandonar mi vocación docente. No es un privilegio, es una cuestión de humanidad”, resumió Rocío, quien continuará su reclamo acompañada por sus abogados Rodolfo Mingarini y Alejandro Forzani.














