Santa Fe

Un brutal caso de abuso de un padre a su hija en Santa Fe interpela al Estado y la Justicia

La Justicia santafesina intenta someter a peritajes a una joven que denunció a su padre por abuso sexual varias veces en la última década, aunque haya denuncias, cámara Gesell y el ADN de un hijo que la obligó a tener. Peligra el inicio del juicio fechado para el 27 de abril. Una historia que recuerda al Caso C. E. R.

Lunes 19 de Abril de 2021

El caso de Analía, una joven de un pueblo santafesino víctima de abuso sexual va en camino a convertirse en un nuevo caso C. E. R., que llegó a la ONU, por una polémica judicial vinculada a la constante vulneración de sus derechos. Desde 2011 busca reparación en el sistema judicial de la provincia pero el agresor, que es su padre, aún forma parte de su círculo cercano. Lleva diez años de obstáculos, y sin respuestas de parte de la Justicia. Una actuación de la Corte Suprema de Santa Fe podría exponerla a tener que contar todo otra vez en un juicio, a pesar de haber presentado varias pruebas, entre ellas el ADN de un hijo que tuvo a los 15 años producto de la violencia sexual y una cámara Gesell.

Todo comenzó hace una década –bajo el anterior Código Penal– cuando Analía (no es el nombre real) con 10 años de edad pudo denunciar a su padre biológico por reiterados abusos sexuales. Lo hizo a pesar del poco acompañamiento de su círculo íntimo, recibiendo presiones para no continuar el proceso y siendo una niña. Además de vivir en un contexto socioeconómico precario, en un pueblo pequeño de 2.300 habitantes con limitados recursos para el acceso a la salud y a la justicia. La causa se archivó.

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Tiempo después de hacer todo este camino en la Justicia, dio a luz a los 15 años a un niño que según un informe de ADN es hijo del acusado. Se le tomó declaración en 2017 durante una cámara Gesell, espacio que se lleva adelante con profesionales que graban en audio y video las entrevistas para que las víctimas no tengan que volver a repetir el horror.

Los años pasaron y nunca se le brindó reparación a Analía. En 2020 se intentó avanzar, hasta que cayó en el juzgado de segunda instancia a cargo de Sebastián Creus. Polémico juez, que tiene en su historial fallar a favor de anular la condena por abuso sexual al exarzobispo Edgardo Storni y liberar a los acusados del caso Baraldo, por ejemplo. Todo se pausó en el caso de esta joven cuando Creus dispuso la posibilidad de que Analía declare en el juicio por lo que la Defensa solicitó sea examinada nuevamente por especialistas para que se dictamine si estaba en condiciones de declarar.

Ante esta solicitud, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que “se encuentra en juego el derecho de la víctima al acceso a la Justicia, a ser oída y a vivir una vida libre de violencias”.

En la resolución de la actuación a la que accedió UNO se explica: “Abordar a la víctima para evaluar si está en condiciones de afrontar un juicio es revictimizante y violatorio de los principios de supremacía ética del Estado y de tiempo razonable” ya que de esta manera “se la objetiviza y se le niega su carácter de sujeto de derechos”. Se destaca desde el MPA, en sus presentaciones, el desgaste en una adolescente que acudió al Estado en reiteradas ocasiones, fue ignorada, y continuó siendo víctima de su padre durante años.

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Asimismo advierten que es paradójico que ante la demora del Estado en la investigación “se castigue a la víctima, sometiéndola a nuevas exigencias procesales, transformando el trámite en un sistema de tortura para ella, en lugar de un mecanismo de reparación”. E insisten en las pruebas existentes como la cámara Gesell y el ADN.

Finalmente, en abril de este año la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPA. Votaron en contra Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez y Mario Netri. Por su parte María Angélica Gastaldi se manifestó en disidencia. Esto significa que la Corte da lugar a la posibilidad de que se realice el peritaje en la víctima. Gastaldi, la única jueza mujer, explicó en sus argumentos que “atento a las particulares circunstancias de la causa podría resultar revictimizante y reñida con los estándares internacionales que logran delinear un supuesto de asimilación por irreparabilidad del gravamen”. Al mismo tiempo advierte que la resolución “pone en peligro a la víctima por pretender que tenga que volver a ser evaluada para declarar, pese a haber brindado su deposición en cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba y con control de las partes”.

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Ahora, el MPA y el Centro de Asistencia Judicial que actúa como querellante continúan oponiéndose a que se le realice el peritaje a la víctima. En respuesta la defensa busca suspender el juicio que tiene como fecha de inicio el 27 de abril. Aún no hay certezas sobre si comenzará o no el proceso a fin de mes por lo que no se le garantiza a Analía que alguna vez se obtenga justicia. Fuentes cercanas al MPA afirmaron a UNO que continuarán con el uso de todas las herramientas judiciales para hacer valer los derechos de Analía, incluso si implica llegar hasta la corte nacional, o interamericana de ser necesario.

Similar al Caso C. E. R.

El mismo año que Analía se acercó a la Justicia para denunciar a su padre abusador sexual, una joven de 19 años identificada con las iniciales C. E. R. hacía lo mismo contra el suyo en los Tribunales de Vera. Ese caso fue emblemático porque la ONU falló en contra de la Justicia santafesina.

C. E. R. denunció ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años por su padre (Oscar Avelino "El Pájaro" Rolón) en 2011, quien además repetía su conducta con sus hermanas. El juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, lo sobreseyó y falló a favor del imputado.

En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal no apeló la resolución. El hombre volvió a su barrio y organizó una fiesta con familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas no fueron notificadas de la sentencia: la conocieron un año después, y tampoco tuvieron representación legal.

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Agrupaciones de mujeres llevaron a la ONU lo sucedido y el organismo internacional concluyó en 2014 que el Estado provincial debía ejecutar una reparación histórica que incluía un pedido público de disculpas, que fue realizado cuatro años más tarde. El agresor salió impune en esa oportunidad, nunca fue a la cárcel por esos hechos.

El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la mano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas. Fue el primer caso del país admitido por la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, lo que significó que la Justicia no falló conforme a derecho, ni respetando los estándares ni tratados internacionales.

Cedaw decidió tomar una serie de medidas, y en 2014 Insgenar y Cladem acordaron iniciar una agenda para una reparación histórica con el gobierno de Santa Fe donde, entre otras cosas, se solicitó la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual, y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado. Además se acordó una solución habitacional y laboral a C. E. R., y una indemnización de daño material y moral de la víctima.

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El acuerdo se alcanzó en 2016 y completó en 2018, en el marco del Decreto 2.234/16 del gobierno provincial, con relación a la solución amistosa de la comunicación 63/2013 del Registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La intervención de la ONU en el análisis del caso puso en evidencia formas de violencia hacia las mujeres, las fallas estatales en cuanto a la atención de víctimas y el casi imposible acceso a la Justicia. Dos semanas después de que Muse Chemes intentó renunciar, el Estado provincial realizó un acto de pedido público de disculpas a la joven conocida como C. E. R. Finalmente el juez fue destituido –por otras causas– en 2019.

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