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El abusador del Caso C. E. R. recibió una baja pena por violencia a otra de sus hijas

En 2011 una joven denunció a su padre por violarla a ella y a sus hermanas por años. Fue absuelto, el caso llegó a la ONU, y el Estado provincial tuvo que pedirle disculpas a la víctima y resarcirla. El mismo hombre fue condenado hoy a cinco años de prisión por sustracción, retención y ocultamiento de otra de sus hijas

Martes 29 de Septiembre de 2020

En 2011 una joven de 19 años identificada con las iniciales C. E. R. denunció ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años por su padre (Oscar Avelino "El Pájaro" Rolón), quien además repetía su conducta con sus hermanas. El juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, lo sobreseyó y falló a favor del imputado. En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal no apeló la resolución. Agrupaciones de mujeres llevaron a la ONU lo sucedido y el organismo internacional concluyó en 2014 que el Estado provincial debía ejecutar una reparación histórica que incluía un pedido público de disculpas, que fue realizado cuatro años más tarde. El agresor salió impune en esa oportunidad, nunca fue a la cárcel por esos hechos.

El mismo hombre, de 51, recibió este martes la confirmación de la condena a cinco años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su otra hija menor de edad en Reconquista. Así fue resuelto por unanimidad por un tribunal de segunda instancia, que también rechazó el planteo de nulidad realizado por la defensa. La pena había sido impuesta en octubre del año pasado en el marco de un juicio oral y público de primera instancia.

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La resolución fue tomada por unanimidad por los camaristas Eduardo Bernacchia, José Mántaras y Carlos Renna. Los jueces también decidieron rechazar el planteo de nulidad que presentó la defensa del condenado. La condena de primera instancia había sido impuesta el miércoles 2 de octubre de 2019 por el juez Gonzalo Basualdo en el marco de un juicio oral y público llevado a cabo en los tribunales de Reconquista. En los debates de primera y de segunda instancia, el MPA estuvo representado por el fiscal Rubén Martínez.

Martínez aclaró que “el condenado es el mismo hombre que fue denunciado como autor de delitos contra la integridad sexual de su propia hija en el marco del denominado caso C. E. R.”.

Los hechos

El fiscal Martínez recordó que Rolón "fue condenado por haber retenido y ocultado a una de sus hijas a pesar de que sabía que existía una medida de protección excepcional dictada por la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y que había sido ratificada por la Justicia de Familia de Reconquista”. En tal sentido agregó que “con su accionar, el condenado logró sustraer a la niña de la custodia legal que ejercía la delegación Reconquista de la dependencia del Poder Ejecutivo”.

Rolón “utilizó su condición de padre para armar una maniobra de blindaje que impidió a las autoridades llevar adelante la medida excepcional por la cual se ordenaba la restitución de la niña a una guardadora”, sostuvo el fiscal. En tal sentido, agregó que “su condición de padre de los menores, y aún en el caso que conserve la patria potestad, no lo releva de ser sujeto activo del delito”.

“La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2014 por la delegada local de la Subsecretaría de la Niñez. La funcionaria dio cuenta de la medida de protección dictada para separar de sus padres a la víctima y a cinco de sus hermanos, de un total de 12 hijos que tuvo el matrimonio”, precisó el fiscal Martínez. “Las actuaciones del Estado provincial en este caso comenzaron a raíz de denuncias realizadas por dos hijas mayores de edad del condenado, quienes indicaron que sus hermanos menores eran sometidos por su padre a malos tratos y a delitos contra la integridad sexual”, añadió.

El fiscal recordó que “se ordenaron diversas diligencias, entre ellas un allanamiento realizado el 23 de agosto de 2014. A partir de esa fecha, los seis menores quedaron en custodia de la Subsecretaría de Niñez y bajo la guarda de otra hermana mayor de edad. Sin embargo –subrayó Martínez–, en diciembre de 2014 uno de los menores se escapó de la casa de su hermana mayor para irse con su padre y, en el mismo mes, otros dos menores se fueron de la casa y también aparecieron con su padre”.

“Para evitar la restitución de los menores a la custodia de la Subsecretaría de la Niñez, el condenado –con la complicidad de algunos integrantes de la familia– ocultaba y retenía a los tres menores a pesar de que sabía y conocía lo actuado en el ámbito de la Subsecretaría de la Niñez y en la justicia de Familia de Reconquista”, aseguró el fiscal.

Martínez agregó que “a raíz del conocimiento de las medidas administrativas y judiciales dictadas, el condenado efectuó maniobras tendientes a evitar su cumplimiento. Para ello se aprovechaba de que una parte de su numerosa familia lo apoyaba, de manera tal que ocultó a los menores en diversos domicilios”.

Caso C. E. R.

En 2011, una joven de 19 años identificada por sus iniciales C. E. R. denunció ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años por parte de su padre, quien además repetía su conducta con sus hermanas. El juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, lo sobreseyó al considerar que tenía dudas para luego fallar a favor del imputado.

En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal no apeló la resolución. El hombre volvió a su barrio y organizó una fiesta con familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas no fueron notificadas de la sentencia: la conocieron un año después, y tampoco tuvieron representación legal.

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El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la mano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas. Fue el primer caso del país admitido por la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, lo que significó que la Justicia no falló conforme a derecho, no respetando los estándares ni tratados internacionales.

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Cedaw decidió tomar una serie de medidas, y en 2014 Insgenar y Cladem acordaron iniciar una agenda para una reparación histórica con el gobierno de Santa Fe donde, entre otras cosas, se solicitó la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual, y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado. Además se acordó una solución habitacional y laboral a C. E. R., y una indemnización de daño material y moral de la víctima.

El acuerdo se alcanzó en 2016 y completó en 2018, en el marco del Decreto 2.234/16 del gobierno provincial, con relación a la solución amistosa de la comunicación 63/2013 del Registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La intervención de la ONU en el análisis del caso puso en evidencia formas de violencia hacia las mujeres, las fallas estatales en cuanto a la atención de víctimas y el casi imposible acceso a la Justicia. Dos semanas después que Muse Chemes intentara renunciar, el Estado provincial realizó un acto de pedido público de disculpas a la joven conocida como C. E. R. Finalmente el juez fue destituido –por otras causas– en 2019.

Confirmación

Martínez valoró la decisión de los camaristas y destacó que “confirmaron no solo la calificación penal por la que se impuso la condena, sino también el monto de la pena”.

El funcionario del MPA también se refirió al rechazo al planteo de nulidad. En tal sentido, subrayó que “los jueces de segunda instancia fueron muy claros en relación a los agravios expuestos por la defensa”. “Los camaristas sostuvieron: «No se advierte que el juez Basualdo se haya sustentado en elementos que no han sucedido en el presente hecho investigado y/o que haya realizado una interpretación errónea del plexo probatorio»”, afirmó Martínez.

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