Brasil en crisis: cómo fue la invasión a los edificios de gobierno

Si bien las autoridades indicaron que las fuerzas de seguridad de Brasil retomaron el control de los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial en Brasilia, la crisis que estalló el domingo está lejos de concluir. Apenas una semana después de ser investido en el cargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó la intervención federal para asumir la seguridad en el Distrito Federal y sostuvo que habrá un "castigo ejemplar" a los responsables de la invasión a los edificios gubernativos.

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Lula se encontraba en San Pablo cuando ocurrió la invasión y regresó a Brasilia en la misma noche del domingo. Cientos de bolsonaristas movilizados en Brasilia fueron detenidos desde entonces por orden de la Justicia, según informaron autoridades brasileñas.

Gobiernos del continente y otras regiones del mundo condenaron el ataque a la democracia brasileña por parte de extremistas que sostienen, sin prueba alguna, que la elección de Lula fue fraudulenta.

Cómo fueron los ataques

Los atacantes partieron desde las inmediaciones del Cuartel General del Ejército, donde se concentraban bolsonaristas que piden una intervención militar tras el triunfo de Lula, y avanzaron unos ocho kilómetros hasta la plaza de los Tres Poderes en Brasilia para invadir los principales edificios de la República.

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Vestidos con los colores de la bandera nacional, los miles de simpatizantes de Bolsonaro superaron las barreras de la policía e irrumpieron en las sedes del Legislativo, el Poder Judicial y la Presidencia, en unas escenas similares a la invasión del Capitolio de Estados Unidos hace dos años.

Todo indica que esta estuvo lejos de ser una acción espontánea y una de las preguntas que han surgido es cómo se organizó el asalto. Decenas de colectivos con participantes en el ataque habían llegado en las horas previas desde otros puntos de Brasil a la capital para engrosar el campamento bolsonarista que está desde octubre.

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El ministro de Justicia, Flávio Dino, sostuvo que identificaron 40 de esos micros y quiénes los financiaron. Aseguró que a partir de este lunes el objetivo será seguir el rastro del dinero para identificar a los coautores. Esto es algo que reclaman desde políticos hasta organizaciones de derechos humanos.

"La policía y el ministerio público precisan investigar inmediatamente no solo aquellos que cometieron actos de violencia el 8 de enero, sino también aquellos que los iniciaron y financiaron", sostuvo Maria Laura Canineu, directora de Brasil de la organización internacional Human Rights Watch.

También se conocieron convocatorias de grupos bolsonaristas por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram para la "toma" de Brasilia el fin de semana. "Es un nivel de organización fuerte", dice Cristiano Noronha, analista de la consultora política Arko Advice con sede en Brasilia, a BBC Mundo.

Falló la seguridad

La facilidad con que los atacantes avanzaron hasta las sedes del poder en Brasilia e ingresaron en ellas levantó de inmediato interrogantes sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Después de todo, existían desde antes advertencias de que la aspiración de muchos bolsonaristas radicales era repetir un ataque como el que realizaron seguidores del entonces presidente estadounidense Donald Trump en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Lula responsabilizó a su predecesor del ataque y dijo que hubo "incompetencia, mala voluntad o mala fe" de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, que dependían del gobernador local Ibaneis Rocha, separado del cargo por la Justicia el mismo domingo. El presidente citó imágenes en que los policías "están guiando a las personas en la caminata hasta la plaza de los Tres Poderes".

Medios brasileños divulgaron videos que muestran pasividad de policías militares de la capital frente a los atacantes, incluso conversando distendidamente con ellos y hasta sacándose selfies. Quien estaba a cargo de la seguridad del Distrito Federal era Anderson Torres, un exministro de Justicia de Bolsonaro que fue destituido por el gobernador y cuya detención fue reclamada por la abogacía del gobierno.

Pero también surgieron cuestionamientos a la actuación o pasividad de otras entidades como la Policía Federal de Carreteras, el Ejército o el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia. Un desafío clave que expertos asignaban a Lula desde antes de iniciar su mandato es revertir la politización que hubo en las fuerzas de seguridad brasileñas bajo el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército.

"Ese es el problema", afirma Vera Chaia, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. "Lo que se está hablando es que debe ocurrir un proceso de acabar con la interferencia de Bolsonaro en las fuerzas militares", concluyó.

Cómo respondió Lula

El mandatario prometió castigar con dureza a las personas que protagonizaron el asalto y les calificó de "nazis y fascistas" que representan "todo lo que es abominable" en política. Lula viajó hasta la capital desde el Estado de San Pablo, en el que se encontraba de visita de trabajo, y revisó los daños ocasionados por los simpatizantes de Bolsonaro a las sedes de los tres poderes.

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"Democracia siempre, buenas noches", señaló en un tuit publicado a última hora de la noche del domingo junto a una foto de un encuentro con otras autoridades.

Los hechos del domingo marcaron la primera crisis significativa para el flamante gobierno de Lula. Y la forma como la resuelva lo podría afectar de forma negativa o positiva. El presidente izquierdista también admitió el domingo que quizás se cometieron errores dentro de su propia administración. "Si hubo omisión de alguien del gobierno federal que facilitó eso, también será castigado", aseguró Lula.

Por tratarse de invasiones a edificios federales y del propio lugar de trabajo del presidente, dice Noronha, el gobierno debería haber recibido información de inteligencia. Si el gobierno actuó con tibieza frente a sus opositores radicales, podría pagar un costo político. Pero otros creen que para Lula también pudo haberse abierto la oportunidad de actuar con eficacia con otros partidos y poderes del Estado contra el desafío extremista.

"Esto fortalece la visión de un frente amplio y un apoyo mayor que el gobierno tiene que tener para combatir a ese grupo más radical", sostiene Chaia.

La respuesta de Bolsonaro a los hechos

Tras el asalto en Brasilia, el expresidente Bolsonaro se manifestó mediante tuits y sostuvo que las depredaciones e invasiones de edificios públicos "escapan a la regla" de la democracia. También aseguró que durante su gobierno cumplió con la Constitución. Y repudió las acusaciones de Lula de que estimuló los ataques de sus seguidores, afirmando que carecía de "pruebas".

Bolsonaro está en Florida, EE. UU., desde antes del cambio de mando en Brasil y ha evitado reconocer de forma explícita el triunfo de Lula luego de sembrar durante meses dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral de su país. El expresidente ya enfrenta varias denuncias en Brasil que podrían pasar a la Justicia ordinaria ahora que perdió los fueros privilegiados y una pregunta es cómo lo impactarán los actos vandálicos de sus seguidores.

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"Esa invasión y destrucción de edificios públicos obviamente que no tiene respaldo institucional y debilita a Bolsonaro hasta como líder de la oposición", dice Noronha. De hecho, algunos aliados de Bolsonaro y representantes de diversos partidos políticos criticaron el asalto del domingo con más elocuencia que el propio expresidente.

Los bolsonaristas radicales

Muchos de los participantes del asalto en Brasilia regresaron al campamento frente al Cuartel General del Ejército en la misma noche del domingo. Y otros bolsonaristas radicales bloquearon carreteras en cuatro estados de Brasil. Pero también hay dudas sobre lo que ocurrirá con estos grupos movilizados.

El ministro del Supremo Tribunal brasileño Alexandre de Moraes ordenó la desocupación de los campamentos próximos a cuarteles y la detención de sus participantes. En la mañana de este lunes, la Policía Militar del Distrito Federal comenzó a despejar el campamento frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia. Unos 1.200 bolsonaristas fueron trasladados arrestados a la sede de la Policía Federal, informó el Ministerio de Justicia. Las detenciones podrían imprimir un nuevo giro a la crisis.

"A medida que las personas van siendo presas, eso puede eventualmente aumentar el nivel de tensión", destacó Noronha.