La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau pidió hoy al presidente español detener la dura represión que se desató en la ciudad contra los ciudadanos que decidieron participar del referendum separatista.
La alcaldesa de Barcelona exigió "el fin inmediato de las cargas policiales contra población indefensa"
Desde temprano se producen en Cataluña incidentes entre manifestantes y la policía que intenta impedir el referéndum. Ya hay cerca de 500 heridos por la represión de la Guardia Civil. La fuerza antimotines española irrumpió a la fuerza en varios centros de votaciones y también disparó balas de goma contra los ciudadanos en las afueras de un colegio electoral designado en Barcelona.
1 de octubre 2017 · 08:34hs
Diario La Voz de Cataluña
"Ya hay más de 460 heridos en Catalunya. Como alcaldesa de BCN exijo el fin inmediato de las cargas policiales contra población indefensa", tuiteó hace minutos la mandataria, quién también las horas previas a la consulta pidió por el mismo medio la dimisión del presidente español Mariano Rajoy.
Ya hay más de 460 heridos en Catalunya. Como alcaldesa de BCN exijo el fin inmediato de las cargas policiales contra población indefensa https://t.co/412z6Jacap
— Ada Colau (@AdaColau) 1 de octubre de 2017
Los choques estallaron menos de una hora después de abrir las urnas y no mucho antes de la esperada llegada del presidente regional catalán Carles Puigdemont. Los empleados de las casillas que estaban dentro del edificio reaccionaron pacíficamente y comenzaron a cantar y decir lemas en desafío a la presidencia de los policías.
El portavoz del gobierno regional catalán, Jordi Turull, dijo que el referéndum estaba en marcha en 73% de unos 6.000 centros de voto pese a la operación policial para impedirlo.
El gobierno español y sus fuerzas de seguridad tratan de impedir la realización del referéndum, que tiene el respaldo de las autoridades regionales catalanes, pero ha sido declarado ilegal por las autoridades españolas. Funcionarios españoles habían dicho que no se usaría la fuerza, pero que la votación no sería permitida.
La Corte Constitucional del país suspendió la votación y el gobierno central dice que es ilegal. Los líderes separatistas en Cataluña han dicho que se realizará de todas formas y prometen declarar la independencia si gana el "sí" y han llamado a los 5,3 millones de votantes a acudir a las urnas.
Reporteros de la The Associated Press vieron cajas de boletas en bolsas plásticas siendo llevadas a uno de los colegios electorales en Barcelona ocupados por padres, niños y activistas para asegurarse de que las casillas abrían a las 9 am (0700 GMT) como se planeaba.
Las cajas de boletas, con el sello del gobierno catalán, fueron colocadas sobre mesas, en medio de vítores de votantes esperanzados que se habían congregado allí desde antes del amanecer.
Unas 2.300 localidades han sido designadas centros de votación, pero no estaba claro cuántas abrirían. El Ministerio del Interior no proveyó una cifra el sábado por la noche cuando dijo que "la mayoría" habían sido sellados y que solamente "algunos" seguían ocupados.
En un esfuerzo para superar los obstáculos, las autoridades regionales catalanas anunciaron que los votantes podrán depositar sus boletas en cualquier localidad y usando boletas impresas en casa, en lugar de en los centro de votación designados, como se dijo previamente.
Turull dijo que un grupo de académicos y profesionales servirán como observadores de la votación.
"Estamos en condiciones de poder celebrar con garantías el referéndum de autodeterminación (...) el objetivo es que todos los catalanes y catalanas puedan votar", dijo.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España dijo el sábado que el plan del gobierno catalán es antidemocrático y que va "en contra de las metas e ideales que la Unión Europea" trata de fomentar.
"Lo que están impulsando no es democracia. Es una burla a la democracia, una parodia de la democracia", dijo el ministro Alfonso Dastis a The Associated Press.
El Ministerio del Interior de España dijo que la policía ya había clausurado la mayoría de las 2.315 escuelas que servirían como centros de votación y que inhabilitó un software que se iba a utilizar en el referendo.
