El Gobierno envió la "ley hojarasca" al Congreso: de qué trata el proyecto y cuáles son sus objetivos

Esperada desde la asunción de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la "ley hojarasca" era una cuenta pendiente de parte de este Gobierno. Cuenta pendiente que acaba de saldarse con el envío del proyecto por parte del Ejecutivo en el principio del fin de semana largo.

Federico Sturzenegger anunció la ley en redes sociales

Encargado de anunciarlo fue el propio Sturzenegger, que pasado el mediodía anunció que “el presidente Javier Milei ha enviado al Congreso el proyecto de ley hojarasca que busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o que restringen nuestras libertades”.

Sturzenegger adjuntó un gráfico indicativo de a qué presidencias corresponden las normas a derogar. Así queda claro que la mayoría son de tiempos de María Estela Martínez de Perón. El podio se completa con las presidencias de facto de Alejandro Agustín Lanusse y Reynaldo Benito Bignone.

A media tarde se difundió un detalle referido a la norma, destacando su objetivo de derogar normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado. Muchas de ellas fueron sancionadas durante los gobiernos militares del siglo XX.

Con "hojarasca" se derogarán unas 70 leyes, entre otras, de los períodos presidenciales de Isabel Perón, Agustín Lanusse, Juan Domingo Perón, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín, Arturo Illía, Reynaldo Bignone, Arturo Frondizi, Cristina Fernández de Kirchner, Agustín Justo, Edelmiro Farrell, Héctor Cámpora, José Uriburu y Raúl Lastiri.

El comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado recuerda un viejo adagio que reza “cuanto más leyes menos justicia”. Al respecto, el jurista norteamericano Grant Gilmore escribió: “Cuantas más leyes peor será una sociedad. En el infierno ¡no hay otra cosa que la ley!”.

Según la cartera que dirige Sturzenegger, el Gobierno del presidente Javier Milei realizó un análisis detallado de las leyes argentinas y encontró seis motivos para la derogación de diferentes normas:

• I) Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
• II) Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido.
• III) Leyes que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores.
• IV) Leyes que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos.
• V) Leyes que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir.
• VI) Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.

“En definitiva, este proyecto de ley busca lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y, por ende, más justo y una Argentina con mayor libertad”, concluye el comunicado de la cartera que dirige Federico Sturzenegger. El texto del proyecto todavía no fue difundido.

Son leyes obsoletas

Si bien en declaraciones públicas el ministro habló de leyes “obsoletas”, que en la actualidad no se aplican o se han vuelto insólitas, como la que se refiere a las carreras de palomas o el carné del mochilero, el proyecto contendría desregulaciones que quedaron en el camino de la primera versión de la Ley de Bases.

El texto podría contemplar la derogación de la Ley 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros o de la 25.715, conocida como ley de azúcar –sobre aranceles para la importación. Se trata, por ejemplo, de dos artículos que contenía la famosa “ley ómnibus” de más de 600 artículos.

En el primer texto de la ley de Bases, enviado en diciembre pasado, había un capítulo con nueve artículos, bajo el título “desregulación económica”. Además de los dos mencionados, allí se proponía habilitar la reventa de entradas de eventos deportivos, se establecían cambios en el DNU 2753/91 sobre régimen de importación de consumo, y se buscaba la derogación de la Ley 23.727, sobre autorización de la instalación y uso de sistemas para la recepción de señales de radiodifusión provenientes de satélites artificiales.

También estaba allí planteada la derogación de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, sancionada en 2018, y se proponía aprobar una nueva que venía en un anexo.