El proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

El proyecto de Sistema de Responsabilidad Juvenil que presentará el Gobierno para ser tratado en extraordinarias en febrero prevé establecer la imputabilidad de los menores entre los 14 y los 18 años (según la gravedad del hecho), impulsa un sistema judicial especializado para estos casos y centros de detención también separados de los adultos.

Si bien el proyecto, al que tuvo acceso en exclusiva A24.com, aparece en escena en medio de un endurecimiento del discurso por parte del Gobierno respecto de su política de seguridad, es importante aclarar que muchos organismos de derechos humanos o asociaciones de protección a la infancia vienen exigiendo una medida de estas características desde 2002. Aquel año fue firmado un proyecto en diputados por referentes de derechos humanos, el socialismo, el radicalismo y el Frepaso, luego devenido en kirchnerista.

Qué dice el proyecto

“La presente ley tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de CATORCE (14) y menores de DIECIOCHO (18) años al momento de la comisión del hecho”, inicia el proyecto.

El anteproyecto establece que se aplicará este régimen a adolescentes de 14 años que cometieran delitos imputables por la pena máxima; a los de 15 años se los juzgará por aquellos delitos de 15 años o más de cárcel o en leyes especiales; y a los de entre 16 y 18 años, cuando cometan cualquier delito del Código Penal con penas de 3 años o más.

“La finalidad principal del sistema penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo”, dice la iniciativa.

Según la redacción, el adolescente va a gozar de las garantías generales del derecho penal y procesal penal contempladas en la Constitución Nacional, aunque va a ser juzgado por una Justicia especializada “con capacitación especializada en el trato con adolescentes y conocimientos de los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Por otro lado, el acusado, es decir el menor, tiene derecho a conocer de qué se lo imputa (“arbitrar los medios y formas necesarios para que dicha información resulte comprensible para él”), a ser escuchado (“cada vez que lo solicitare”), a tener un juicio con brevedad y celeridad (máximo tres años).

De acuerdo con la propuesta, la privación de la libertad será un “último recurso” y “en dependencias habilitadas y acondicionadas para ese fin”, prohibiendo que se encarcele a menores en cárceles comunes.

Se proponen además “acuerdos restaurativos” para que las partes puedan lograr un acuerdo (hablamos, obviamente de delitos menores), la posibilidad de probation y sanciones socioeducativas (asistencia a programas educativos, por ejemplo).

Establece además distintos tipos de privación de la libertad

• Domiciliaria continua (o sea, todo el tiempo en la casa)
• Domiciliaria discontinua (puede hacer salidas)
• Privación de libertad durante los fines de semana (para que pueda ir a la escuela, por ejemplo).
• Detención en centro abierto
• Detención en centro específico

La pena siempre la determinará un juez y habrá un supervisor que asistirá al chico en todo el proceso.

Hecha la ley, hecha la trampa

Si bien los regímenes penales juveniles fueron apoyados por distintos organismos de derechos humanos y protección a la infancia, quedará analizar la letra chica de este proyecto, para ver si efectivamente responde a esos requerimientos.

Cabe recordar que la legislación actual (que impide penalizar a los menores) es de 1980, plena dictadura militar. ¿Pero qué pasa actualmente con un menor que dilinque? "Se le reconoce al juez la atribución de disponer del menor hasta los 21 años, si éste se encuentra en 'peligro material o moral', juicio que además depende de la impresión personal del juez”, explica la abogada Fabiana Reyes, quien asesoró al ministerio de Justicia durante el kirchnerismo.

Un régimen penal juvenil permitiría que el adolescente pueda seguir un proceso penal, defenderse o –incluso- inculpar a los mayores que lo llevaron a delinquir, algo no contemplado en el sistema actual.

¿Es este el régimen penal que la Argentina necesita para proteger a los adolescentes? ¿O se trata de una ley pensada para encarcelarlos? Ese es el debate que ahora se debe abrir.

Lo cierto es que un régimen penal juvenil no debe ser confundido a priori con mano dura, sino que es una posibilidad de ampliación de derechos para jóvenes que por distintas circunstancias quedaron afuera de la ley.

Pablo Winokur / A24