La baja de la edad de imputabilidad se debatirá durante las sesiones extraordinarias

Se vuelve a activar la maquinaria legislativa. El Gobierno quiere llegar a sesiones extraordinarias y avanzar con su paquete de reformas en el Congreso. La primera decisión que tomó la mesa política es que se debatirá el proyecto de reforma de la ley penal juvenil, que incluye una baja en la edad de imputabilidad, que actualmente es 16 años.

Patricia Bullrich adelantó el tratamiento de la baja de edad de imputabilidad a los menores

La senadora Patricia Bullrich adelantó el tratamiento de la baja en la edad de imputabilidad para los menores. Lo hizo tras el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años de Santa Fe, cuyo crimen fue cometido y filmado por jóvenes de 14, 15 y 16 años.

Ahora, tras el crimen de Monzón y la viralización del video de su muerte, la senadora libertaria Patricia Bullrich posteó en sus redes sociales: “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición prodelincuentes”.

La exministra de Seguridad agregó: “Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 puñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes. Al menor que delinque, las paga. Y el que asesina no vuelve a su casa como si nada. Sin consecuencias, vía libre para delinquir. Basta de este sistema vergonzoso que protege a delincuentes y abandona a las víctimas. Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”.

El debate había avanzado durante 2025 en la Cámara de Diputados cuando, tras analizarse una docena de proyectos de legisladores de diferentes fuerzas políticas, logró dictamen. Allí se estableció la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

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El dictamen como antecedente

El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes trabajó durante varios meses consensuando 12 proyectos de ley que establecían la edad de imputabilidad de los menores entre los 16 y los 12 años.

El dictamen de mayoría salió con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Se trató de un amplio consenso que modificó el proyecto original del Poder Ejecutivo, que reducía la edad de imputabilidad a los 13 años.

Finalmente, el plenario de cuatro comisiones, liderado por la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, estableció que el régimen penal se modifique de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.

La bancada de Unión por la Patria entendió que la edad no debía modificarse y que tenía que permanecer en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó de plano cualquier cambio a la norma actual.

Las penalidades para los menores

El dictamen de mayoría estableció en el nuevo sistema sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas que promuevan la rehabilitación del adolescente. Entre las medidas complementarias se incluyen: asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral. También sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima.

La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios.

El proyecto también contempló la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa.

Si se dispusiera la privación de libertad, el alojamiento sería en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva.

El dictamen al finalizar el período legislativo 2025 perdió estado parlamentario y deberá nuevamente convocarse a las comisiones e iniciar el debate. El consenso alcanzado es un gran antecedente para poder llevar adelante el tratamiento de la norma.

Los senadores nacionales también presentaron diferentes iniciativas que, como nunca se trataron perdieron estado parlamentario, pero pueden servir de antecedentes para los debates actuales.