Mendoza declaró que los mapuches "no son originarios argentinos"

Mendoza acentuó en la semana el debate sobre el estatus legal de pueblos indígenas. La Legislatura mendocina declaró que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.

La iniciativa obtuvo 30 votos afirmativos, ocho negativos, seis abstenciones y cuatro ausencias. La declaración, que no es ley, la impulsó el oficialismo y si bien fue repudiada por la oposición del Frente de Todos, un sector de éste la apoyó.

La sensibilidad en Mendoza con este tema es muy alta, debido a que el gobierno nacional entregó 26 mil hectáreas a comunidades mapuches en el el sur de la provincia, sin consulta previa con las autoridades locales. El gobierno nacional repudió la declaración y la consideró “discriminatoria”.

El proyecto se debatió durante más de tres horas. Desde la Legislatura provincial expresaron preocupación por el reconocimiento de tierras del sur provincial para estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai). Se trata de 26 mil hectáreas entregadas en enero y febrero pasados.

El texto que se aprobó tuvo tratamiento previo en la comisión de Derechos y Garantías, tras escuchar a especialistas como historiadores, antropólogos y arqueólogos.

De la discusión también participaron representantes de pueblos originarios y del Inai, que debatieron durante un mes. El voto contó con el apoyo de legisladores del Frente de Todos, como el presidente del bloque del PJ, Germán Gómez, y Paola Calle. Ambos son de San Rafael, uno de los dos departamentos afectados por la decisión del Inai.

Si bien la iniciativa del oficialismo mendocino no fue tratada como ley, ya que hasta el 1º de mayo la Legislatura atraviesa el período extraordinario de sesiones, la declaración aprobada cuenta con tres artículos. Estos expresan “repudio por el DNU 850 del gobierno nacional” que prorrogó la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias que cuentan con personería jurídica inscripta, ya que “se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.

Luego se manifiesta “preocupación por el procedimiento realizado por el Inai en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023, omitiendo la participación de la provincia de Mendoza, municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven”.

Por último, se “afirma en base a aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

El texto fue aprobado por una mayoría holgada: alcanzó los 30 votos positivos, sumados dos del peronismo, seis abstenciones, y ocho negativas.

El gobierno nacional salió al cruce para repudiar esta resolución y advirtió que se está frente a un caso de “discriminación racial” que fomenta los “discursos de odio”. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron preocupación y llamaron la atención sobre el texto aprobado por la cámara de Diputados mendocina.

Desde los organismos nacionales citados señalaron que por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional, “otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”. Agregan que “Argentina está obligada a evitar toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Frente a este proyecto aprobado en la Legislatura mendocina, instaron a “reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y no dejarlas pasar”. Por eso, destacaron que este tipo de normas “fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones”. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Inai y el Inadi solicitaron a la Cámara de Diputados de Mendoza que “revea la decisión tomada y dé una clara señal de que los derechos son iguales para todos y todas, sin distinción étnico racial”.

El origen de la polémica

La controversia se remonta a las decisiones que tomó el Inai en enero y febrero pasados con el reconocimiento de 26.000 hectáreas en total para tres comunidades mapuches del sur de la provincia, en los departamentos Malargüe y San Rafael. Esta situación llevó al gobierno local del radical Rodolfo Suarez, y al candidato a sucederlo, el ex mandatario Alfredo Cornejo, a rechazar toda injerencia nacional en territorio cuyano. Grupos de ciudadanos reaccionaron ante la injerencia del Inai y marcharon por las rutas de la provincia.

Del otro lado, los defensores de los pueblos originarios también se manifestaron, exigiendo el reconocimiento de los mapuches. Se abrió así una “grieta” entre los historiadores. Hay un sector que asegura que esa comunidad jamás habitó tierra cuyana, sino en la Patagonia y del lado chileno, mientras que otro grupo de especialistas asegura que en Mendoza hay “pueblos preexistentes”, que habitaron a ambos lados de la Cordillera de los Andes, con derecho a tierras, y que se identifican culturalmente con los mapuches, frente a la conquista española, que los denominó “pehuenches y puelches”.