El Gobierno solicitó la suspensión del fallo que ordena entregar las acciones de YPF

El Gobierno argentino le pidió a la jueza estadounidense Loretta Preska suspender el fallo que obliga al país entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park hasta tanto no se resuelva la apelación, trámite que se realizaría en los próximos días. El reclamo se concretó este martes a la tarde a través de una presentación realizada por el estudio de abogados que representa a la Argentina en Nueva York.

En la presentación ante la Justicia de los Estados Unidos se reclama esperar a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo. Los fondos que compraron los derechos del litigio reclaman USD 16.000 millones por la forma en que se realizó la estatización de la petrolera en 2012.

Desde Casa Rosada insisten en que la jueza se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos y aseguran que apelarán el fallo de primera instancia sobre la ejecución del juicio en la semana próxima.

En el escrito que fue presentado por el estudio Sullivan & Cromwell LLP –contratado por la Procuración– a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, el Ejecutivo sostiene que la entrega de las acciones “implicaría un daño irreparable” y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, advierten los letrados al señalar que, si los demandantes tomarán control del paquete accionario y decidieran venderlo –como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales–, el daño sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación.

En la nueva presentación, el Gobierno no sólo le pidió a la jueza Preska que suspenda la entrega de las acciones, sino que también solicitó la suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor. Entre los argumentos figura el impacto estratégico que tendría para la Argentina perder el control de YPF.

“Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”, expresaron los abogados. La referencia es a la ley 26.741, que exige que el Estado conserve una participación mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.

Los letrados argumentan que “se cumplen los requisitos legales para suspender la medida”, y al respecto precisaron: “Existe una alta probabilidad de éxito en la apelación; habría un daño irreparable si se ejecuta la orden; los demandantes no sufrirían un perjuicio significativo con la suspensión; y el interés público justifica mantener el estado actual”. Se señala, además, que la orden plantea cuestiones jurídicas complejas “sobre la ejecución de bienes de Estados extranjeros, que no han sido resueltas por la justicia de EE.UU. y sobre las que incluso el propio gobierno estadounidense tiene una opinión distinta a la del tribunal”.

El documento, además, puntualiza la buena relación entre el Gobierno y la administración de Donald Trump que, asegura, apoyó a la Argentina en distintos foros.

La definición ahora está en manos de la jueza Preska, que podría responder en los próximos días. En Nación sostienen que acudirán directamente al Segundo Circuito para solicitar la suspensión de la ejecución por vía de urgencia si la jueza niega el pedido.

La decisión de la jueza del Distrito Sur de Nueva York se enmarca en la causa iniciada por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de juicio de dos empresas del Grupo Petersen, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos sociedades creadas y radicadas en España de la familia Eskenazi. Inicialmente, la magistrada desligó a YPF y falló directamente contra la Argentina. Pero ahora le ordenó al Estado entregar las acciones “Clase D” que están en su poder, 51% del total, por lo que el país perdería el control que tiene en la compañía, actualmente mayoritario, a través de la Anses y el Tesoro.

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