La Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales. El juez federal Martín Cormick rechazó la apelación presentada por el Gobierno contra la intimación anterior y volvió a ordenar al Poder Ejecutivo que cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El nuevo plazo establecido es de cinco días y se mantiene el apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora.
Financiamiento universitario: la Justicia volvió a intimar al Gobierno para que cumpla con la ley
El juez Martín Cormick rechazó la apelación del Ejecutivo y le dio cinco días para cumplir con la cautelar que ordena actualizar salarios y recomponer becas estudiantiles.
30 de septiembre 2026 · 18:34hs
Justicia intima al Gobierno. Rechazó la apelación y le dio cinco días para cumplir la cautelar de financiamiento universitario.
La resolución fue dictada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La cautelar, que se encuentra firme, establece la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles.
Qué resolvió el juez Cormick
La nueva decisión llegó después de que el Gobierno apelara la intimación anterior y sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones establecidas por la Justicia. Sin embargo, Cormick consideró que el cumplimiento informado por el Ejecutivo no había sido total y mantuvo la orden de avanzar con la aplicación de la cautelar.
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El magistrado había establecido originalmente un plazo de cinco días para que el Estado Nacional diera "efectivo cumplimiento" a la resolución, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.
Ahora, tras rechazar el planteo del Gobierno, el juez volvió a fijar el mismo plazo para que el Ejecutivo avance con el cumplimiento de la medida.
Salarios y becas, los puntos centrales
La cautelar alcanza específicamente los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795.
El artículo 5° establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023, mientras que el artículo 6° contempla la recomposición de los programas de becas destinados a estudiantes universitarios.
En su resolución anterior, Cormick había considerado que existía un cumplimiento parcial respecto de la cuestión salarial. Si bien el Gobierno había informado convocatorias a negociaciones paritarias y la efectivización de órdenes de pago, el magistrado señaló que no estaba acreditado que los incrementos hubieran sido calculados de acuerdo con el mecanismo establecido por la normativa.
De acuerdo con el fallo citado en el expediente, la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre diciembre de 2023 y junio de 2026 había alcanzado el 312,19%. El juez sostuvo que de las respuestas presentadas por el Estado no surgía que se hubiera alcanzado un incremento equivalente mediante el mecanismo previsto por la ley.
En cuanto a las becas, Cormick señaló que la información presentada por el Gobierno hacía referencia al tratamiento de una de ellas, la Beca Manuel Belgrano, y consideró que ello no alcanzaba para acreditar el cumplimiento integral de lo ordenado cautelarmente.
El reclamo salarial de los universitarios
La disputa judicial se desarrolla en paralelo al conflicto salarial de las universidades nacionales. Los gremios reclaman una recomposición que, según las organizaciones sindicales, alcanza el 33,4%, además de las actualizaciones posteriores vinculadas con la inflación.
El Gobierno, en tanto, sostiene que avanzó en el cumplimiento de la medida cautelar y había planteado esa posición al recurrir la intimación judicial. La nueva resolución de Cormick mantiene la exigencia de cumplimiento total.
Paro universitario de 72 horas
La nueva resolución judicial se conoció mientras docentes y no docentes de las universidades públicas llevan adelante un paro nacional de 72 horas, desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre.
La medida de fuerza tiene entre sus principales reclamos la aplicación de la Ley 27.795, la recomposición salarial y el cumplimiento de la intimación judicial.
El paro se desarrolla además en la antesala de la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, en un escenario de conflicto entre las organizaciones gremiales, las universidades nacionales y el Gobierno por el financiamiento del sistema y la actualización de los salarios.
Con el nuevo pronunciamiento, el Ejecutivo vuelve a contar con un plazo de cinco días para avanzar con el cumplimiento de la cautelar. En caso de persistir el incumplimiento, la resolución mantiene abierta la posibilidad de aplicar sanciones económicas diarias.
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