El caso Trigatti entra en una fase de máxima tensión institucional. La defensa del docente lanzó una contraofensiva legal contra el diputado provincial Fabián Palo Oliver, solicitando una multa de $100.000.000 o 30 días de arresto. La presentación acusa al legislador de actuar con “temeridad y malicia” y de violar el secreto de sumario que rige los procesos de Juicio Político (Jury).
Caso Trigatti: la defensa contraataca y pide una sanción millonaria para el diputado Palo Oliver
El abogado del docente acusa al legislador de romper el secreto de la Ley 7.050 y de intentar "amedrentar" a la justicia. El conflicto escala tras el pedido de Jury contra los jueces que firmaron la absolución inicial en 2024.
Caso Trigatti: la defensa contraataca y pide una sanción millonaria para el diputado Palo Oliver
Este nuevo conflicto surge tras la denuncia de Palo Oliver contra los jueces que absolvieron al docente en primera instancia, un movimiento que la defensa califica como un "atentado republicano" y una "indebida intromisión" del Poder Legislativo sobre el Judicial.
El recorrido judicial del docente del Jardín Ceferino Namuncurá sigue sumando aristas complejas. Lo que comenzó como una causa por presunto abuso sexual —donde Trigatti fue absuelto en octubre de 2024 y luego condenado por la Cámara de Apelaciones— se transformó ahora en una batalla de poderes.
Los argumentos de la defensa
La representación legal de Trigatti sostiene que la actuación del diputado Palo Oliver busca condicionar a la Corte Suprema de Santa Fe, que debe resolver recursos de inconstitucionalidad pendientes:
Violación de reserva: acusan al legislador de ventilar detalles del proceso de Jury en conferencias de prensa antes de que fuera admitido, incumpliendo la Ley 7.050.
Independencia judicial: basándose en un comunicado del Colegio de Magistrados, sostienen que el pedido de Jury es una herramienta de presión para "controlar el contenido de las sentencias".
Prueba científica: la defensa insiste en que el primer fallo (el de los Dres. Busaniche, Labanca y Torres) fue sólido al detectar "relatos inducidos" mediante métodos científicos, mientras que consideran que la condena de Cámara es "ideológica".
La postura de Palo Oliver
Del otro lado, el legislador provincial justifica su pedido de enjuiciamiento a los magistrados bajo sospechas de prevaricato y dolo:
Parcialidad manifiesta: denuncia que el tribunal de primera instancia actuó en perjuicio de las denunciantes (a quienes incluso se les impuso el pago de costas).
Pruebas descartadas: critica que se haya ignorado lo sucedido en las Cámaras Gesell bajo la hipótesis de la "sugestión".
Gravedad institucional: sostiene que existió una supuesta adulteración de pruebas e incorporación de hechos no acreditados para favorecer al docente.














