Distribuían cocaína desde Reconquista hasta Santa Fe y la manejaban desde la cárcel: sus dos cabecillas fueron imputados

La Justicia Federal desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico y comercialización de cocaína en el norte de la provincia de Santa Fe, con epicentro en las ciudades de Reconquista y Avellaneda. La banda distribuía droga desde el norte provincial hasta la ciudad de Santa Fe y era coordinada, en parte, desde la cárcel de Coronda, donde uno de sus cabecillas cumplía una condena anterior por el mismo delito.

En dos audiencias realizadas este martes en el Juzgado Federal de Reconquista, los fiscales Roberto Salum y Viviana Bruno Campaña formalizaron la imputación de Darío Sosa —detenido en Coronda— y de Néstor Daniel Bejarano, alias "Piojo", domiciliado en Sauce Viejo, señalado por la Fiscalía como el eslabón más alto de la organización. Ambos recibieron prisión preventiva de 120 días por parte del juez federal Aldo Alurralde, quien también fijó un plazo de 180 días para la continuidad de la investigación. En total, la causa ya cuenta con diez personas detenidas y un prófugo.

El juez Alurralde describió en Radio EME el alcance de la investigación: "Se investiga el entramado de distribución y comercialización de estupefacientes desde el norte de la provincia hasta la ciudad de Santa Fe, donde personas privadas de su libertad manejaban la actividad ilícita de la droga y movían una cantidad importante de dinero y bienes. Muchos de ellos movilizaban sumas millonarias a través de billeteras digitales y cuentas bancarias".

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El que mandaba desde la cárcel

Darío Sosa, de 54 años, estaba detenido en la cárcel de Coronda cumpliendo una condena anterior —también por drogas— cuando coordinaba la logística de la organización. Desde su celda manejaba el aprovisionamiento de cocaína, organizaba los pagos y dirigía a los vendedores de la región.

El juez Alurralde explicó el mecanismo utilizado para operar desde prisión: "Es importante el movimiento económico que realizaron a nombre de terceros. Al estar privados de la libertad no deberían tener acceso a billeteras virtuales o cuentas bancarias. Por eso se investiga a otras personas que están implicadas por prestar su nombre para la utilización de las cuentas".

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El proveedor mayorista

Néstor Daniel Bejarano, alias "Piojo", de 41 años y domiciliado en Sauce Viejo, es señalado como el eslabón más alto de la organización. Abastecía de cocaína a los distribuidores locales desde el sur de la provincia y es imputado además por lavado de activos.

Tenía 18 cuentas entre entidades bancarias y billeteras virtuales y registraba reiteradas salidas del país. Durante los procedimientos le secuestraron ocho automóviles, dos cuatriciclos, tres motos y una embarcación.

Los distribuidores barriales

En la jornada anterior fueron imputados otros cuatro integrantes de la banda. Gisela Noemí Fernández, de 37 años, era la encargada de fraccionar, distribuir y coordinar los pagos de la droga. Operaba desde su domicilio en San Lorenzo al 382, a metros de la casa del intendente de Reconquista, donde los agentes hallaron un trozo compacto de 40,68 gramos de cocaína. Su pareja, Francisco Andrés Aguirre, de 27 años, se encargaba de distribuir el material en la calle y recolectar el dinero.

Completaban la estructura Irina Abigail Alegre, de 27 años, y Thiago Daniel Gutiérrez, de 19 años, quienes cumplían el rol de proveedores barriales y eran abastecidos directamente por Bejarano. En el domicilio de Alegre se secuestraron 59,21 gramos de cocaína en trozo compacto, marihuana y 7 semillas. Gutiérrez es hijo de una mujer que ya cumplió condena por transporte de cocaína.

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Lo que resolvió el juez y cómo sigue

El juez Alurralde hizo lugar a todos los pedidos de la Fiscalía: 120 días de prisión preventiva para las 10 personas ya detenidas, seis de ellas imputadas, con modalidad domiciliaria para Irina Alegre por estar amamantando a su bebé. También ordenó el congelamiento de cuentas, el embargo de bienes y la incautación de dispositivos electrónicos. La investigación tendrá un plazo de 180 días.

Por último, el magistrado advirtió además que la causa podría ampliarse: "No se descarta que luego se amplíe a otras personas. En muchos casos, cuando alguien cae preso, toma la posta un familiar o allegado de quien manejaba todo desde la cárcel".