El juez que investiga a Mingarini ratificó una resolución denunciada como "machista"

El juez santafesino Rodolfo Mingarini fue noticia nacional la semana pasada, a partir de una nota publicada por UNO Santa Fe, luego de haber otorgado la libertad con medidas cautelares a un imputado por abuso sexual con acceso carnal porque el hombre "usó profiláctico" y porque durante el tiempo que no había estado detenido no atacó a la mujer "siendo que vive sola". Los argumentos judiciales despertaron un repudio social generalizado e institucional también.

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Veinte legisladoras presentaron una denuncia colectiva contra el magistrado en la Procuración General de la provincia para que se lo investigue y se le apliquen sanciones. Y la Corte Suprema de Justicia, paralelamente, anunció que iniciaron actuaciones administrativas y designó a Alejandro Tizón como magistrado instructor que llevará adelante esa investigación.

Juez Rodolfo Mingarini.

Otra polémica resolución de Mingarini del 2020, que Tizón ratificó luego en su juzgado, salió a la luz en los últimos días a partir de un reclamo de la mesa Ni Una Menos de Santa Fe. A fines de marzo del año pasado un hombre (Mauricio S. G. de 40) le arrojó una olla de agua hirviendo a su pareja, sobre su cuerpo, de manera intencional en la casa que compartían en Santo Tomé. La mujer resultó herida gravemente con quemaduras del tipo A y B en sus piernas, brazos, abdomen y tórax. De manera tal que terminó internada dos semanas en el Hospital Cullen. El ataque se dio en el marco de más de 20 años de violencia de género. Situación que fue acreditada por las tres hijas que tiene en común la pareja.

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El hombre ya había sido denunciado en una ocasión por una de sus hijas por golpes, único antecedente registrado por el Poder Judicial, aunque sin resolución. Por su parte la familia de la víctima expresó en medios locales que hubo otras denuncias previas en comisarías cinco y dos años antes del ataque más reciente por golpes. Otra parte del contexto es que la mujer era el único sostén económico del hogar, y la agresión última en particular se dio durante una discusión en la que ella le pedía a él que trabaje.

Imputación

En los tribunales santafesinos, la fiscal Alejandra del Río Ayala lo imputó por "lesiones dolosas calificadas, en un contexto de violencia de género" y adelantó en esa oportunidad que eventualmente la solicitud sería de una pena de seis años de prisión. Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el historial de 20 años de una relación que se desarrolló con violencia de género por parte de Mauricio S. G. como agresor, sumado a su situación de desempleo y dependencia sobre la víctima implicaban un riesgo para la mujer que en ese momento estaba aún internada. También se hizo hincapié en que al momento de la agresión, el hombre no asistió a la mujer para nada. Y que, aparte, nunca cumplió con las restricciones de pandemia.

En una audiencia de medidas cautelares realizada en abril del 2020 Mingarini le otorgó la libertad con restricciones al agresor. "Más allá de la connotación moral si se quiere, tiene que ver con cuestiones que tienen que ser dirimidas en otro ámbito, en otro fuero, en familia", fue una de las frases pronunciadas por el juez durante su resolución oral. Luego sostuvo los motivos de su decisión al expresar que como el mínimo de la pena prevista por este tipo de delitos es de tres años, y que menor a ese tiempo la prisión puede ser domiciliaria, entonces no le correspondía la preventiva, desestimando los riesgos planteados por el MPA.

Alejandro Tizón.

Esa resolución fue apelada por la fiscalía, y llegó al juzgado de Alejandro Tizón en junio del 2020. Allí se reclamó que el propio Mingarini manifestó que no iba a "a tratar la cuestión", por la agresión en sí y que "el magistrado no ingresó en este tema (violencia de género) y no le permitió al MPA poder abordar sobre la calificante". La defensa del agresor se opuso a ese planteo. Finalmente Tizón apoyó la decisión de Mingarini en cuestiones técnicas vinculadas a la interpretación del Código Penal sobre los mínimos de penas en relación a las medidas alternativas a la prisión y sobre los peligros en los procesos judiciales, pero en ningún momento el magistrado de segunda instancia analizó, ni mencionó la situación de la víctima por el hecho ni la violencia de género acreditada.

La lupa sobre Mingarini

El juez de primera instancia tiene varias resoluciones y pronunciamientos cuestionados en el ámbito judicial. Fue parte del tribunal que juzgó a Carlos Manuel Baldomir, condenado a 18 años de prisión por el abuso sexual a su propia hija. En ese fallo Mingarini votó en disidencia para solicitar que la pena sea menor: de 12 años. Entre los argumentos que utilizó destaca que la víctima no fue golpeada, y que luego tuvo novio, símbolo para él de superar "hechos traumáticos".

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"No estoy de acuerdo con las apreciaciones de la querella en cuanto a su imposibilidad de superar estos hechos traumáticos, por cuanto la víctima ha demostrado tener la entereza y capacidad para lograr trasponerlos y lograr desarrollarse normalmente. Y en este punto, también discrepo con la mayoría, en cuanto a que si bien los actos del acusado tienen la idoneidad típica para impedir el normal desarrollo sexual en abstracto, en el particular, concretamente no han tenido la extensión y lesividad invocada. Pudo iniciar su vida sexual sin conductas sexualmente desviadas, experimentando una relación sentimental adolescente con un joven que incluso se sostuvo en el tiempo, finalizando el noviazgo sin mayores inconvenientes y por otros motivos", argumentó Mingarini en ese fallo.

Y agregó: "También valoro la escasa instrucción formal, la comprobada dedicación y preocupación por el bienestar socio-económico de sus hijos, arraigo familiar, con sustento en un medio de vida lícito (entrenador deportivo), el correcto comportamiento del imputado durante el desarrollo del proceso (demostró su decencia en cuanto que en ningún momento rebatió la versión de su hija en términos peyorativos o descalificatorios, al contrario, no hizo referencia alguna), y la ausencia de antecedentes condenatorios", sostuvo Mingarini.

Otro caso controvertido (CUIJ 21-06868115-1) ocurrió en abril del año pasado cuando se presentó una recusación contra Mingarini en el Poder Judicial por haber intentado actuar como juez (no estaba en turno) en un caso de abuso sexual en el que el imputado, Pablo Javier Nadalich, había sido representado por él como defensor público previo a su designación como magistrado. Y hubo una segunda recusación porque llamó antes de la audiencia dos veces a la abogada defensora para adelantarle su opinión sobre el caso (no hizo lo mismo con la otra parte) y la presionó para que no defienda la libertad del hombre imputado.