juez polémico

El juez Rodolfo Mingarini será sometido a juicio político

Es el juez que dejó libre a un imputado de abuso sexual porque usó preservativo. Lo acusan de reescribir el código penal.

Martes 07 de Septiembre de 2021

El tribunal de enjuiciamiento decidió por unanimidad admitir las denuncias contra el juez Rodolfo Mingarini presentadas por el Procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre. De esta manera, el magistrado comienza atravesar un juicio político, fue suspendido y pasa a cobrar la mitad del sueldo.

Al mediodía Mingarini fue escuchado durante una hora por el tribunal de enjuciamiento, en el primer piso del edificio del Poder Judicial. Lo acompañó su abogada, María Georgina Stratta. Al salir hacia los pasillos de Tribunales, el ahora suspendido juez y su defensora decidieron no hablar con la prensa.

En la calle, un grupo de activistas feministas de la mesa Ni Una Menos y de la Multisectorial de Mujeres realizaron cánticos para reclamar la destitución del juez. Además colgaron carteles con el mensaje "con o sin forro es violación" y "basta de justicia patriarcal".

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El tribunal de enjuiciamiento está conformado por 10 miembros, compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, un senador, un diputado y dos abogados matriculados que fueron sorteados entre titulares del colegio de esa profesión de las jurisdicciones provinciales. Por la Corte estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco y los cinco ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, Mario Netri (de manera virtual) y Daniel Erbetta. Los miembros legislativos son el diputado Maximiliano Pullaro y el senador Armando Traferri. Los letrados son los representantes por el colegio de abogados de Reconquista, Julio Pagano, y por el colegio de Rafaela, Héctor Ferrero.

El proceso entre la denuncia, el juicio político, y finalmente la destitución puede llevar un tiempo promedio de ocho meses. De acuerdo a la ley provincial 7050, una vez admitida la denuncia de la Procuración, el tribunal de enjuiciamiento debe suspender a Mingarini y retener el 50 por ciento de su sueldo.

Es la segunda vez que un juez machista va a juicio político

El 24 de septiembre de 2019 fue destituido el juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, en el marco de un juicio político. El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en esa ocasión consideró que hubo de su parte incumplimiento de sus obligaciones legales, ignorancia del derecho y trato degradante contra niñas y adolescentes que habían sido víctimas de abusos. Estaba suspendido desde octubre de 2018 de su cargo como titular, después de intentar en agosto de ese año presentar su renuncia para intentar evitar el jury. La renuncia fue rechazada por el entonces gobernador Miguel Lifschitz.

La denuncia para que se juzgue a Muse Chemes por su desempeño fue presentada por Barraguirre, la cual tuvo su correlato en el pedido de destitución realizado por la ex diputada provincial Alicia Gutiérrez (en ese momento en funciones), que fue acompañado por los ex legisladores Luis Rubeo, Inés Bertero, Verónica Benas, Silvia Augsburger y Jorge Henn.

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En esa oportunidad Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Alejandro Román –en reemplazo de Mario Netri–del Ministerio de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe; y Raúl Gramajo, senador por el departamento 9 de Julio, votaron en contra de la destitución de Muse Chemes. Y a favor votaron los jueces de la corte María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Daniel Erbetta; el entonces diputado provincial Santiago Mascheroni (UCR) y los representantes de los colegios de abogados.

Según la Ley 7050, las causas de remoción de los jueces son: ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada; incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas; desorden de conducta privada o actividad privada incompatible con el decoro y dignidad de la función judicial; comisión u omisión de actos previstos por las leyes como delitos dolosos; e inhabilidad física o mental permanente que obste al ejercicio adecuado del cargo.

Escándalo

Rodolfo Mingarini se dio a conocer en todo el país como juez de primera instancia por una escandalosa resolución, que UNO Santa Fe hizo pública, en la que de manera oral en una audiencia de medidas cautelares liberó con restricciones a un imputado de abuso sexual porque había usado preservativo. “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, había dicho el magistrado sin que la defensa proponga esta hipótesis en la polémica audiencia del 30 de mayo.

La actuación llevó a una denuncia colectiva de 20 diputadas provinciales para que sea investigado por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo hizo la mesa Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres. La Corte Suprema por su parte ordenó una investigación que estuvo a cargo de Alejandro Tizón, quien solicitó actuaciones administrativas contra Mingarini. El fallo fue apelado por el Ministerio Público de la Acusación con la solicitud de cinco fiscales, y finalmente la resolución de ese caso particular fue revocado. Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Género de Santa Fe le pidió a través de un comunicado público a la Corte Suprema que Mingarini vaya a jury.

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Rodolfo Mingarini fue suspendido de sus funciones como juez de primera instancia en lo penal.

Rodolfo Mingarini fue suspendido de sus funciones como juez de primera instancia en lo penal.

Juez y defensor

Al suspendido juez de primera instancia se lo denuncia por varias resoluciones y pronunciamientos judiciales sin perspectiva de género. Un controvertido caso (CUIJ 21-06868115-1) ocurrió en abril del año pasado cuando se presentó una recusación contra Mingarini en el Poder Judicial por haber intentado actuar como juez (no estaba en turno) en un caso de abuso sexual en el que el imputado, Pablo Javier Nadalich, había sido representado por él como defensor público previo a su designación como magistrado. Y hubo un segundo pedido de recusación porque llamó antes de la audiencia dos veces a la abogada defensora para adelantarle su opinión sobre el caso (no hizo lo mismo con la otra parte) y la presionó para que no defienda la libertad del hombre imputado.

Nadalich es un médico que actualmente se encuentra en libertad, vive en provincia de Buenos Aires donde está bajo tratamiento de adicción a las drogas, y está a la espera del juicio. Se lo acusa de drogar y abusar sexualmente con acceso carnal a una joven.

Otra polémica resolución de Mingarini del 2020, que luego Tizón ratificó luego en su juzgado, salió a la luz en los últimos días a partir de un reclamo de la mesa Ni Una Menos de Santa Fe. A fines de marzo del año pasado un hombre (Mauricio S. G. de 40) le arrojó una olla de agua hirviendo a su pareja, sobre su cuerpo, de manera intencional en la casa que compartían en Santo Tomé. La mujer resultó herida gravemente con quemaduras del tipo A y B en sus piernas, brazos, abdomen y tórax. De manera tal que terminó internada dos semanas en el Hospital Cullen. El ataque se dio en el marco de más de 20 años de violencia de género. Situación que fue acreditada por las tres hijas que tiene en común la pareja.

El hombre ya había sido denunciado en una ocasión por una de sus hijas por golpes, único antecedente registrado por el Poder Judicial, aunque sin resolución. Por su parte la familia de la víctima expresó en medios locales que hubo otras denuncias previas en comisarías cinco y dos años antes del ataque más reciente por golpes. Otra parte del contexto es que la mujer era el único sostén económico del hogar, y la agresión última en particular se dio durante una discusión en la que ella le pedía a él que trabaje.

En los tribunales santafesinos, la fiscal Alejandra del Río Ayala lo imputó por "lesiones dolosas calificadas, en un contexto de violencia de género" y adelantó en esa oportunidad que eventualmente la solicitud sería de una pena de seis años de prisión. Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el historial de 20 años de una relación que se desarrolló con violencia de género por parte de Mauricio S. G. como agresor, sumado a su situación de desempleo y dependencia sobre la víctima implicaban un riesgo para la mujer que en ese momento estaba aún internada. También se hizo hincapié en que al momento de la agresión, el hombre no asistió a la mujer para nada. Y que, aparte, nunca cumplió con las restricciones de pandemia.

En una audiencia de medidas cautelares realizada en abril del 2020 Mingarini le otorgó la libertad con restricciones al agresor. "Más allá de la connotación moral si se quiere, tiene que ver con cuestiones que tienen que ser dirimidas en otro ámbito, en otro fuero, en familia", fue una de las frases pronunciadas por el juez durante su resolución oral. Luego sostuvo los motivos de su decisión al expresar que como el mínimo de la pena prevista por este tipo de delitos es de tres años, y que menor a ese tiempo la prisión puede ser domiciliaria, entonces no le correspondía la preventiva, desestimando los riesgos planteados por el MPA.

Esa resolución fue apelada por la fiscalía, y llegó al juzgado de Alejandro Tizón en junio del 2020. Allí se reclamó que el propio Mingarini manifestó que no iba a "a tratar la cuestión", por la agresión en sí y que "el magistrado no ingresó en este tema (violencia de género) y no le permitió al MPA poder abordar sobre la calificante". La defensa del agresor se opuso a ese planteo. Finalmente Tizón apoyó la decisión de Mingarini en cuestiones técnicas vinculadas a la interpretación del Código Penal sobre los mínimos de penas en relación a las medidas alternativas a la prisión y sobre los peligros en los procesos judiciales, pero en ningún momento el magistrado de segunda instancia analizó, ni mencionó la situación de la víctima por el hecho ni la violencia de género acreditada.

Bajó una pena a un abusador sexual porque no golpeó a la víctima y ella tenía novio

Además, fue parte del tribunal que juzgó a Carlos Manuel Baldomir, condenado a 18 años de prisión por el abuso sexual a su propia hija. En ese fallo Mingarini votó en disidencia para solicitar que la pena sea menor: de 12 años. Entre los argumentos que utilizó destaca que la víctima no fue golpeada, y que luego tuvo novio, símbolo para él de superar "hechos traumáticos".

"No estoy de acuerdo con las apreciaciones de la querella en cuanto a su imposibilidad de superar estos hechos traumáticos, por cuanto la víctima ha demostrado tener la entereza y capacidad para lograr trasponerlos y desarrollarse normalmente. Y en este punto, también discrepo con la mayoría, en cuanto a que si bien los actos del acusado tienen la idoneidad típica para impedir el normal desarrollo sexual en abstracto, en el particular, concretamente no han tenido la extensión y lesividad invocada. Pudo iniciar su vida sexual sin conductas sexualmente desviadas, experimentando una relación sentimental adolescente con un joven que incluso se sostuvo en el tiempo, finalizando el noviazgo sin mayores inconvenientes y por otros motivos", argumentó Mingarini en ese fallo.

Y agregó: "También valoro la escasa instrucción formal, la comprobada dedicación y preocupación por el bienestar socio-económico de sus hijos, arraigo familiar, con sustento en un medio de vida lícito (entrenador deportivo), el correcto comportamiento del imputado durante el desarrollo del proceso (demostró su decencia en cuanto que en ningún momento rebatió la versión de su hija en términos peyorativos o descalificatorios, al contrario, no hizo referencia alguna), y la ausencia de antecedentes condenatorios", sostuvo Mingarini.

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