El niño abusado por su cuidador pudo contarlo cuando se fue de Casa Cuna

En la primera quincena de enero, la Fiscalía de Género del Ministerio Público de la Acusación inició 47 investigaciones por abusos sexuales cometidos en jurisdicción de la Fiscalía Regional 1. Así se desprende de un relevamiento preliminar realizado por la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual que evaluaron que "se crearon más de tres legajos por día solo en casos de abusos sexuales” en lo que va del 2020. En esta línea, el Ministerio de Educación de Santa Fe reveló al fin del ciclo lectivo que se detectaron 493 situaciones de abuso sexual infantil durante los 180 días de clases del 2019. Una de cada cinco chicas y uno de cada 13 chicos sufre abuso sexual en la infancia, según cifras de Unicef. Y para organizaciones que trabajan este problema en la provincia como Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, el abuso sexual en la infancia es "una epidemia" en la provincia de Santa Fe.

En la ciudad de Santa Fe se conoció este fin de semana que un nene sufrió violaciones por parte de J. M. P. de 33 años quien era su cuidador en el hogar Casa Cuna. El hombre quedó hoy en prisión preventiva después de ser imputado este sábado por la fiscal Alejandra Del Río Ayala. El juez de la Investigación Penal Preparatoria es Rodolfo Mingarini.

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La historia del pequeño está plagada de vulneración de derechos. Según relató Ayala, por distintas situaciones en su familia de origen el niño terminó en un hogar del que estaba a cargo la entonces Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Allí debía ser resguardado de toda violencia para mejorar su calidad de vida y su estado emocional. Sin embargo, una de las personas que era responsable de su cuidado hizo lo peor.

En la imputación, se le atribuyen desde la fiscalía los delitos de "abuso sexual con acceso carnal reiterado y calificado por la guarda en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda" que habrían sido cometidos entre septiembre de 2017 y febrero de 2019. Además, la fiscal detalló que el pequeño era amenazado por el hombre con dejarlo solo y encerrado si le contaba a alguien sobre los abusos a los que lo sometía.

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Recién cuando el niño estuvo en otro hogar, lejos de Casa Cuna, pudo contar lo que le pasaba. Una profesional, junto a un equipo interdisciplinario, lo asistieron frente a algunas conductas en su sociabilización que les llamaron la atención. Cuando el pequeño se sintió seguro, contó lo que le había hecho J. M. P. Fue allí que se presentó la denuncia y comenzó la investigación.

Ayala describió que hasta el momento no hay otras personas involucradas en el hecho y que tienen informes técnicos "que dan cuenta qué realmente pasó". Sobre la institución que debía resguardar al menor, la fiscal apuntó que "más allá de que esto pase en un hogar en donde los cuidados deben ser mayores, tampoco se puede responsabilizar directamente a un hogar por la conducta de una persona porque además estos casos no ocurren a la vista de todo el mundo. Es la particularidad que tiene la violencia sexual. No estamos hablando acá de alguien que castigaba a un niño y lo encerraba a la vista de todo el mundo. Estamos hablando de abusos sexuales reiterados en un período de tiempo y que claramente el niño dice que esto pasaba cuando estaban los dos solos".

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En relación a J. M. P., Ayala dijo que trabajó allí "muchos años" y destacó que "Casa Cuna, ni bien se radicó la denuncia lo primero que hizo fue desafectarlo como corresponde".

"Hay que pensar que estos niños ya vienen siendo víctima de otras situaciones que no necesariamente tienen que ver con abusos, pero que también implican algo traumático. Entonces hay actitudes de agresividad, de sociabilización, que también pueden corresponderse con maltratos. Pero lo cierto es que un relato concreto es la base del rompecabezas que tenemos que armar y ahí empezamos a reinterpretar todo y cobra otro sentido lo que va contando", dijo Ayala sobre el caso.

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Por último, Del Río Ayala sostuvo que J. M. P. “sabía que los ilícitos que estaba cometiendo representaban una grave vulneración a los derechos del niño, ya que trabajaba en una institución dedicada justamente a resguardar a menores de edad que, en muchos casos, habían pasado por situaciones similares”.