Investigan si un grupo de personas organizadas intentó quedarse con el edificio de 9 de Julio y Suipacha

El miércoles a las 19.30 fue detenido Mario Bardina, el hombre que anunció la reconstrucción del edificio de 9 de Julio y Suipacha después de 27 años, y este viernes estaba fechado como el día de su audiencia imputativa. Sin embargo lo que ocurrió fue que las fiscales María Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo, acompañadas del fiscal Estanislao Giavedoni, pidieron un procedimiento extendido que el juez Pablo Busaniche les cedió. Ahora las representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tendrán hasta el martes para presentar más elementos que sustenten una imputación. Hasta ese momento, Bardina continuará detenido.

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Las fiscales argumentaron que necesitan más tiempo porque lo que comenzó como una denuncia por el delito de usurpación, se hizo más complejo con el transcurso de la investigación. Bardina fue allanado en el momento de su detención y, según Arri y Nuzzo, los elementos secuestrados –siete bolsas con escrituras, boletos y aparatos electrónicos– dan a suponer que se podrían haber cometido hechos ilícitos con más personas, incluso profesionales que están individualizados, para realizar una maniobra con el inmueble de Suipacha 2792. Las víctimas son un consorcio de personas y también una empresa de cartelería.

Los defensores de Bardina son César Cello y Juan Marcelo Lógica que reclamaron a Busaniche, con fuertes críticas contra las fiscales, que la detención era ilegal, que no se comunicó dónde estuvo detenido su cliente y que no estaban claros los motivos para una prisión preventiva. Las fiscales indicaron que la continuidad de la prisión era legal por la gravedad del delito por el que se lo investiga, y señalaron que el hombre tiene antecedentes y que actualmente cumple una condena de prisión condicional. También apuntaron que los representantes del MPA no tienen conocimiento de los alojamientos de los detenidos, ya que es responsabilidad de otra área del Poder Judicial. Luego de analizar la situación, el juez declaró legalmente detenido a Bardina y dio lugar al procedimiento extendido.

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Mario Bardina, hace días, delante del edificio Sol III ubicado en 9 de Julio y Suipacha.

Al finalizar la audiencia, Bardina tomó la palabra y dijo en referencia al trabajo de las fiscales que es "una payasada". También contó que tiene una enfermedad crónica cardíaca, que toma nueve medicamentos a los que no pudo acceder desde su detención, que tuvo dos convulsiones y que tiene dos stent colocados. Se quejó que en las últimas 48 horas no tuvo comunicación con sus abogados y que hacía responsables a la fiscalía de cualquier cosa que le pase en el penal. Busaniche resolvió que sea ordenado un examen integral de la salud y un lugar de custodia adecuado a la patología que mencionó que tiene.

Bardina ocupó el edificio desde el 26 de enero hasta el 10 de febrero que lo detuvieron. En el lugar había por lo menos seis albañiles y trabajadores de la construcción que se encontraban limpiando la abandonada obra. Hasta últimas horas de la tarde estuvo en el edificio, como dato insólito, dejó pasar a un grupo de personas que hicieron dentro del lugar una producción fotográfica con modelos.

Antecedentes

Estuvo preso varias veces por diferentes delitos durante las últimas dos décadas. En 2001 fue uno de los protagonistas del primer fallo condenatorio dictado en el país por evasión fiscal. Según informaron ese año los diarios La Capital y La Nación, estuvo detenido en la cárcel de Las Flores desde 1999 hasta que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José Escobar Cello, Rodolfo Hintermeister y Ramiro Puyol, lo declaró culpable y lo condenó a cinco años de prisión por los delitos de evasión simple y evasión agravada por la utilización de interpósitas personas. Bardina y Héctor Huguenet –el otro condenado– eran operadores en el mercado comercializador de granos y habían efectuado diversas ventas de cereales entre 1994 y 1998, pero no las ingresaban al fisco en concepto de IVA. Se calculó que evadieron casi dos millones de dólares en esa época. Hasta ese momento Bardina se había destacado como un importante corredor de cereales y se lo conocía en el ambiente como un “hábil negociador”. Salió en libertad condicional en 2002 y cumplió esa condena.

En 2009 la Justicia lo procesó, lo detuvo y luego condenó por el delito de “privación de la libertad coaccionante”, es decir: secuestro, en los casos de los empresarios Salvador Marcelo Boscarino y Jorge Saccone. Después apeló, hubo idas y vueltas judiciales en las que quedó en libertad. Pero en 2016 le dieron 11 años de prisión y en 2018 la Cámara de Apelaciones confirmó la condena. También tuvo varias denuncias por usurpación y estafas de las que salió siempre ileso y en algunas fue sobreseído. El abogado Daniel Bocco, que fue su defensor, lo denunció en 2009 por “amenaza de muerte”. En varios medios santafesinos y nacionales señalan que la primera vez que cayó preso fue en 1996 al ser imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad” por el Juzgado de Instrucción Tercera y al poco tiempo quedó libre bajo fianza. También fue detenido en 2004 por una causa en la Justicia Correccional de Tostado “por usurpación”.

Valeria Caggiano estaba casada con Bardina. El 26 de noviembre del 2008 la encontraron asesinada de 15 puñaladas en la cochera en la que dejaba su auto, ubicada en 1º de Mayo al 1000 en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Tenía 38 años. Él nunca llegó a ser imputado. En el marco del caso lo allanaron y quedó detenido por tenencia de armas de fuego con documentación irregular pero no por el caso. En ese momento, agrupaciones de mujeres –La Verdecita, Cepsgen y Las Diversas– junto con concejales y autoridades del Inadi de esa época apuntaron desde un principio el caso como un femicidio y señalaron a Bardina como el culpable.

Advirtieron que Valeria tenía varias denuncias contra él por violencia y que había al menos cuatro mujeres más que también lo habían denunciado. Incluso se supo con los años que Valeria le había iniciado dos juicios: uno por alimentos (por una hija en común), y otra en la que habría solicitado una división de bienes. Se especuló también con ahorros en dólares, plazos fijos en el exterior y propiedades en común como motivación del crimen pero nunca se probó nada, ni hubo imputados o detenidos por el hecho. Los jueces y fiscales del caso cambiaron varias veces en los últimos 13 años. El asesinato quedó, hasta hoy, impune.