Investigan a una mujer por amenazas a la fiscal agredida

La fiscal María Lucila Nuzzo imputó a Patricia C. (58) por el delito de amenazas coactivas, en estado de libertad, por la violencia verbal que ejerció contra la fiscal Celeste Minniti este jueves. Cabe destacar que aún no hubo una audiencia imputativa, sino que hasta el momento la mujer fue identificada, le tomaron las huellas dactilares y está siendo investigada. La fiscal fue abordada este jueves durante una manifestación frente a Tribunales de familiares de abusadores sexuales condenados. La insultaron en la calle donde el nivel de agresión fue escalando hasta que la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se vio forzada a correr para resguardarse dentro del edificio judicial. Además escupieron a un abogado que la acompañaba en ese momento.

Al ser consultada por la situación por UNO Santa Fe, la fiscal describió que la insultaron, lo que generó un momento de tensión. "No me quisieron pegar, pero sí a mi colega, lo escupieron durante media cuadra mientras se movía hacia otro lado. Por mi parte me fui, me metí adentro de Tribunales porque la situación se iba de las manos. No estoy de acuerdo con este tipo de manifestaciones porque creo que hay una vasta cantidad de vías legales para tomar acciones, pero estamos en un país libre y respeto la diversidad de opiniones, no los insultos. Me parece que no es la manera", relató Minniti.

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Minniti se desempeña en la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas). En los últimos años, junto a otras fiscales, representaron o representan a varias víctimas de abusos sexuales de importantes casos que lograron obtener justicia en los tribunales santafesinos. Tanto desde el Poder Judicial como desde el MPA se manifestó preocupación por estas acciones y llamaron a los manifestantes a utilizar las vías judiciales disponibles.

Uno de los casos investigados por Gefas fue el del exkinesiólogo Mariano Scali, condenado en primera y segunda instancia por seis jueces en total que lo encontraron culpable de abuso sexual con acceso carnal a una menor de edad durante una consulta y lo inhabilitaron de por vida de ejercer su profesión. La última condena fue confirmada en mayo de este año por los jueces de segunda instancia Fernando Gentile Bersano, Fabio Mudry y Alejandro Tizón, que en un exhaustivo análisis de la causa le dieron siete años de prisión. Cabe destacar que el caso llamó la atención porque los defensores de Scali pretendieron argumentar que la víctima había consentido el hecho. Esto se desestimó y a partir de este intento de defensa, que el tribunal tomó como un reconocimiento del acto, se analizó por primera vez en la historia el concepto de consentimiento en la Justicia santafesina. Entre los manifestantes de este jueves estuvieron los familiares de Scali, entre ellos su madre Patricia C., que convocaron a la marcha. Diferentes fiscales la señalaron como la principal instigadora del escrache a Minniti y a las personas que la acompañaban.

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La marcha se dio en el marco de una creciente ola de familiares de condenados por abusos sexuales que son o fueron profesionales de la salud que a través de las redes sociales impulsan campañas de desprestigio contra las personas que los denuncian, los abogados y fiscales que defienden a las víctimas e investigan los casos, los jueces que fallan en su contra y los testigos que no los favorecen durante los juicios.

Gefas

Por su parte, la jefa de la Unidad Gefas, Alejandra Del Río Ayala, expresó a UNO Santa Fe sobre la situación: "Cualquier tipo de violencia es repudiable. Uno tiene derecho a manifestarse y a plasmar su opinión de la forma que sea, incluso en una manifestación pero no de esta forma. No contra la fiscal, no lo digo por serlo en particular sino contra cualquier persona que merece el mismo respeto y la forma en que la abordaron es sumamente violenta. Y además Minniti no tuvo nada que ver con el caso de Scali. Las cosas se discuten en audiencias, que lo discutan con sus defensores y lo lleven a audiencia. Esa es la forma de litigar".

"No sigo el resto de los casos pero no recuerdo haber visto manifestaciones en contra de que un homicida o presunto homicida esté atravesando un proceso. Cuando hay una denuncia nuestra obligación es actuar, y esto es una cuestión legal, lo dice el propio Código Procesal Penal y puedo tener problemas a nivel funcional si no investigo una causa que me llega. Tengo que investigar absolutamente todas las denuncias que llegan, hay diferentes tipos de soluciones según los elementos que se van recabando pero cuando uno considera que hay elementos para una condena tiene la obligación de llevar el caso a juicio. La fiscalía junta elementos, evidencias que se transforman en pruebas en una audiencia que luego un tribunal, que es totalmente imparcial, juzga y evalúa. Y después toman una resolución. Si no estamos de acuerdo con eso apelamos", agregó.

Y concluyó: "Estos casos no se resuelven ni en la puerta de Tribunales, ni mediáticamente. Se resuelven en audiencia y es nuestra obligación avanzar con investigaciones y traer a juicio cuando consideramos que hay evidencias suficientes".