A horas del juicio por el femicidio, el juez que liberó a Wagner sigue en funciones

A horas del comienzo del juicio por el femicidio de Micaela García, la estudiante de 21 años asesinada en abril último en Gualeguay, el juez que liberó casi dos años antes en otra causa a uno de los acusados del hecho sigue en funciones y con ocho pedidos de jury en su contra. Se trata del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, que liberó antes de que cumpliera su sentencia a Sebastián Wagner, autor confeso del femicidio de Micaela.

Rossi dejó en libertad a Wagner en 2016 a pesar de que en 2012 había sido condenado a nueve años de prisión por someter sexualmente a dos estudiantes. Su pena vencía el 16 de julio de 2018 pero el magistrado entendió que estaban dadas las condiciones para otorgarle la libertad condicional a pesar de que los informes del servicio penitenciario lo desaconsejaban.

Luego de que Micaela fuera asesinada el 1 de abril último tras ser interceptada cuando salió de un boliche rumbo a su casa, diferentes sectores impulsaron pedidos de enjuiciamiento al magistrado por mal desempeño de sus funciones, aunque ninguno prosperó aún.

El primer pedido se formalizó el 8 de abril, luego de la aparición del cuerpo de Micaela, y desde entonces el Jurado de Enjuiciamiento se reunió en tres oportunidades, aunque se ocupó de trabajar sobre las recusaciones que impuso la defensa del magistrado sobre sus integrantes. Los abogados de Rossi, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, recusaron primero al presidente del Jurado, el diputado peronista Diego Lara, y luego en forma sucesiva a cada uno de los otros integrantes. Lara, que está apartado de la causa a Rossi pero preside el cuerpo, dijo que aún "resta saber cómo va a quedar integrado el jurado" tras las reiteradas recusaciones.

"Esto tiene que tener otro tipo de diligenciamiento con más premura. Estamos ante un círculo vicioso en el que se recusa constantemente al jurado", opinó Lara.

Hasta el momento Rossi suma ocho pedidos de jury; del senador Nicolás Mattiauda (Cambiemos), de la organización civil Red de Alerta, del senador por el departamento La Paz, Aldo Ballestena (FPV); del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), de los bloques de diputados y de senadores de Cambiemos, de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, de los diputados María Elena Tassistro (del bloque Frente Renovador-Unión Popular) y Ricardo Troncoso (del bloque unipersonal Recuperación Radical) y de la Asamblea Participativa de Mujeres.

Luego del hallazgo del cadáver de Micaela, Rossi fue escrachado en su domicilio en Gualeguaychú y tuvo numerosos cuestionamientos por su desempeño. Tras una licencia de 20 días, entre el mes de abril y mayo, el juez volvió a sus funciones en el Juzgado a su cargo en Gualeguaychú, donde aún permanece.

A puertas cerradas

En tanto, el jueves comenzará en Gualeguay el juicio oral por el femicidio de Micaela, que se realizará a puertas cerradas a pedido de sus padres. La joven fue vista con vida por última vez la madrugada del 1 de abril último, cuando regresaba a su casa en Gualeguay luego de haber concurrido del boliche King de esa ciudad.

De acuerdo a la acusación fiscal, la víctima fue interceptada por Wagner y su hijastro, quienes iban a bordo de un Renault 18 Break, cuyo paso quedó registrado por distintas cámaras de seguridad.

Tras la desaparición de Micaela, se inició un amplia búsqueda que tuvo repercusión nacional y durante la cual su familia y amigos realizaron varias marchas para reclamar por el esclarecimiento del caso. El 7 de abril, Wagner fue detenido en Moreno junto a su padrastro luego de haber sido vinculado con el crimen a través de distintas pruebas y, un día después, el cadáver violado y estrangulado de Micaela fue encontrado semienterrado cerca de una ruta de Gualeguay. Wagner (30); su hijastro, Gabriel Otero (21), y Néstor Pavón (35), dueño de la gomería donde trabajaba el primero, llegan al juicio acusados de "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio", que prevé una pena de prisión perpetua.

Fuente: UNO Entre Ríos