Ordenan detener a un agente de la Side procesado por colaborar con expolicía ligado a Los Monos

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la excarcelación del ex jefe de la Side en Rosario acusado de haber colaborado con Juan José Raffo, un policía exonerado con una condena cumplida como miembro de Los Monos y actualmente prófugo en una causa por narcotráfico que investiga a una facción de la banda de La Granada.

El acusado era jefe en la delegación rosarina de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side, ex AFI) cuando en mayo fue detenido en el marco de la investigación a una organización de venta de drogas en Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Lorenzo y Granadero Baigorria. El liderazgo de la red se atribuye a Leandro "Pollo" Vinardi, uno de los laderos más importantes de Ariel “Guille” Cantero que está preso en el penal federal de Ezeiza por narcotráfico y homicidio.

Bajo la promesa de someterse a proceso y no obstaculizar la investigación que lo tenía entre los sospechosos, y teniendo en cuenta que los delitos que en principio le atribuían no implican altas penas posibles, fue liberado el pasado 19 de junio por el juez federal Marcelo Bailaque. El mismo magistrado lo procesó un mes después pero no le dictó prisión preventiva. Este miércoles se conoció la decisión de la Cámara de que el espía vuelva tras las rejas pero hasta el momento, según fuentes allegadas a la causa, no fue arrestado.

Imputaciones

La excarcelación fue apelada por la fiscalía, que consideró que más allá de la gravedad de los hechos imputados había “claros indicadores de riesgo de fuga y entorpecimiento de la pesquisa” por parte del ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (actualmente Side) en Rosario. El recurso de apelación fue analizado por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario integrada por los jueces Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda, con la ausencia del miembro restante.

Los camaristas analizaron las imputaciones contra Jokanovich, a quien le endilgan haber ayudado a Vinardi y a su entonces ladero Guillermo “Chupa” Sosa a desarrollar sus negocios de comercialización de drogas, en un esquema que incluía a Raffo. En este sentido destacaron que Sosa y el ex policía también estaban implicados en el homicidio del antiguo jefe de la barra de Newell's Nelson “Chivo” Saravia por el cual el primero está detenido y Raffo sigue prófugo.

Los fiscales también destacaron que en poder del espía se encontraron armas y unos cuatro millones de pesos en efectivo cuyo origen se intenta establecer y que serían recursos con los cuales podría concretar una fuga. En este sentido mencionaron que la banda narco con la cual se lo vincula tiene nexos en las provincias de Misiones y Corrientes, habituales salidas del país para quienes quieren evadir la ley. Y cuestionaron la evaluación que hizo Bailaque al liberarlo ya que la pena en expectativa podía llegar a diez años y porque el peligro de fuga nunca se desvaneció; especialmente teniendo en cuenta que Jokanovich está acusado de haber “colaborado con otros imputados para evadir el accionar de la Justicia”.

La lista de imputaciones a Jokanovich incluye “brindar información” a Raffo sobre varios temas de interés para el ex policía. Por un lado, respecto de la causa federal por narcotráfico en la que terminó investigado junto con Vinardi y Sosa; haberlo ayudado a burlar seguimientos de Gendarmería e intervenciones telefónicas; prevenirlo sobre allanamientos en su contra ligados al homicidio de Saravia. También le achacan al espía haber borrado en su celular comunicaciones que mantuvo con Raffo y haber violado leyes en su carácter de funcionario público.

“Si bien la escala penal para los hechos atribuidos permitiría una eventual condena de ejecución condicional, no pueden soslayarse la gravedad de los ilícitos por los que resultó procesado”, señaló la jueza Andalaf Casiello en su voto.

Con Los Monos

Para los camaristas, si bien el espía cumple con requisitos para haber sido liberado como el arraigo y la falta de antecedentes, eso “no es suficiente para descartar la presunción de riesgo de que eluda o entorpezca la acción de la Justicia”. En tal sentido describieron la red narco que le imputaron encubrir, manejada por Vinardi desde la cárcel de Ezeiza, gerenciada hasta su detención por Sosa en Rosario y con alcances en otras provincias como Corrientes y Misiones. Y alegaron que los delitos que le achacan “están directamente relacionados” con el crimen organizado y el lavado de activos que él, en su carácter de jefe de la AFI en Rosario, debería haber combatido.

Andalaf Casiello encontró rasgos de peligrosidad procesal en esa contradicción entre los deberes de Jokanovich y los delitos que le endilgan. Peligro que, a su entender, se refuerza por el hecho de que al allanar su vivienda se hallaron armas de fuego con las que podría “hostigar a testigos” o “influir para que peritos informen falsamente”, además de los dudosos 4 millones de pesos en paquetes termosellados que “evidencia que cuenta recursos económicos suficientes para evadirse”.

Asimismo, el hecho de que Jokanovich esté acusado de haber ayudado a Raffo a profugarse también inclinó a los camaristas a enfocar en la posibilidad de riesgo de fuga por parte del espía. “Contrariamente a lo sostenido por el juez de la instancia anterior, de la gravedad de los hechos que se le atribuyen y de las circunstancias señaladas, hay elementos suficientes en la causa para sostener que el imputado en libertad puede obstruir el accionar de la justicia sustrayéndose a la investigación o entorpeciéndola”, sostuvo Andalaf Casiello al proponer revocar la resolución de Bailaque.

Gravedad institucional

Además de apoyar el voto de su colega, Pineda resaltó la “gravedad institucional extrema que representa la posible comisión de delitos vinculados al narcotráfico por autoridades de máxima jerarquía del Estado Nacional, el Ministerio Público de la Acusación, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, quienes tienen a cargo la importante función de prevenir, perseguir e investigar al narcotráfico”. En tal sentido el camarista sugirió restringir las posibilidad de excarcelación cuando el imputado es “un funcionario a quien la sociedad le confió la responsabilidad de investigar y protegerla, ya que estos funcionarios públicos merecen mayor reproche penal, al haber traicionado esa confianza”.

Pero además de ese cuestionamiento ético, Pineda apuntó que, “por su capacitación, experticia y especialidad cuenta con mayores recursos para poner en riesgo el accionar de la justicia y entorpecer la investigación”. Al respecto mencionó que, en cierta manera, ya lo hizo cuando advirtió a Raffo que estaba siendo investigado en esta causa y eso hizo fracasar algunas medidas probatorias contra el ex policía, que dejó de usar el teléfono que le habían intervenido y desapareció de los lugares en los cuales solía ser detectado en actividades vinculadas con la banda en cuestión. Por ejemplo, la compraventa de dólares a un arbolito del centro o la intermediación en todo tipo de negocios.