Varios delitos atribuidos a civiles y policías por el juego clandestino en Esperanza

Con una extensa atribución de los hechos, las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, imputaron a los nueve civiles y dos policías involucrados en la causa que desbarató una serie de locales comerciales donde se explotaba el juego clandestino en la ciudad de Esperanza, en el departamento Las Colonias.

La investigación se inició tres meses atrás y surgió a raíz del destape de corrupción policial que en febrero hizo que una serie de jefes policiales de la Comisaría 1ª de aquella localidad terminen tras las rejas luego de encubrir a un delincuente que a finales del 2016 cometió varios robos en el Parque de la Agricultura con amparo policial.

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El próximo miércoles, a partir de las 10.15, será el día donde se debatirá la medida cautelar de los acusados, a excepción de cuatro mujeres que en la jornada de hoy recuperaron la libertad y un hombre, que ya firmó su intención de abreviar una condena.

Juego, coimas y detención

A los once imputados se les atribuyó un delito en común: explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente pero, en algunos casos, se les amplió la imputación por diversos hechos.

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Es el caso de Carlos Alfredo T. y Andrés José María S., los cuales fueron acusados como organizadores del juego clandestino en su local "La Palmera", ubicado sobre la ruta 70. Para las fiscales, los hombre de 65 y 55 años comenzaron la fraudulenta actividad desde febrero del 2013 luego de instalar en el comercio 18 equipos de computación con software de casino y también ruletas y otros aparatos no regulados por la Lotería de la provincia.

Por hechos similares, también fueron imputados Miguel D. (55) y su hijo Jeremías (26) por haber explotado en un Jockey Club de Sarmiento al 3000 el juego clandestino -con diez máquinas- y carreras de turf.

En la misma sintonía también fueron imputados, Ramón K. por ser el organizador del juego clandestino en el Club Belgrano Bochas -de Chacabuco 1000- y Hugo B. por ser el titular del local "La Plaza" -en Sarmiento al 2200-, donde también se desarrollaban apuestas sin ningún control.

Todos fueron imputados por su carácter de organizadores pero también se les atribuyó -menos a Hugo B.- haber coimeado a un personal de la Unidad Regional XI para poder ejercer con total libertad el juego ilegal.

Entre un intermediario

Para las fiscales Jiménez y Urquiza, este tipo de locales clandestinos no funcionaron por que sí solos, sino que pudieron hacerlo a bajo el amparo policial. Es por esta razón que hay dos funcionarios policiales que fueron detenidos e imputados. Se trata de Aldo Wettstein, quien se desarrollaba como numerario de la UR XI y que fue acusado de ser el cobrador de las coimas de los propietarios de La Palmera, Jockey Club y Club de Bochas Belgrano.

Su vínculo con los organizadores del juego pudo ser establecido luego de una serie de escuchas telefónicas que durante la investigación develaron cómo se efectuaba el pago. Por ejemplo, el 27 de mayo pasado, Wettstein se encontró con Miguel D., para que este le entregue $10.000 y a su vez esa suma llegue al subjefe de la Unidad, Dante Marcelo Giménez, quien hasta abril de este año prestó funciones en la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela.

Otro caso también se dio el 17 de junio de este año, cuando Carlos Alfredo T. acordó de manera telefónica encontrarse en una estación de servicio Shell de la ruta 70 para entregarle al mismo Wettstein $12.000 para que también se pague a Giménez con el fin de que este último no inicie ninguna investigación.

Es por esta razón, que tanto Giménez y Wettstein quedaron imputados por cohecho pasivo de manera reiterada en seis oportunidades.

Libres

Durante la audiencia fueron imputadas también cuatro mujeres que se desempeñaban en los locales en cuestión como empleadas. Todas fueron imputadas por las fiscales como coautoras de haber participado del juego clandestino.

De todos modos, sus abogados defensores, José Mohamad y Andrés Marcuci, consensuaron con Jiménez y Urquiza que transiten el proceso en estado de libertad con una serie de pautas: que acudan al MPA de Esperanza una vez al mes y que queden bajo la custodia de un guardador.

La misma modalidad se adoptó con Hubo Alberto B., quien por medio de su abogado defensor, Alejandro Benítez, ya firmó el acuerdo para sellar un juicio abreviado en los próximos días.