La Corte Suprema de Justicia dispuso este jueves que el Gobierno nacional debe pagarle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. El fallo se da en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto de coparticipación federal.
Claves del fallo de la Corte por coparticipación, y la opinión contrapuesta de dos expertos
El presidente y gobernadores -no se alineó Perotti- decidieron no acatar el fallo que dispone dar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos.
23 de diciembre 2022 · 20:22hs
La Corte Suprema de Justicia falló a favor de Rodríguez Larreta, pero Fernández y los gobernadores no acatarán el fallo.
El conflicto comenzó tras el recorte en los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires llevado a cabo por el Presidente Alberto Fernández, tras una protesta de la Policía de Buenos Aires durante la pandemia por un incremento salarial. Para solucionar el problema, Fernández recortó un punto la coparticipación de la Ciudad y la transfirió a la Provincia.
Tras esa decisión, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema para recuperar el punto de coparticipación que, alegaba, había sido recortado por razones políticas.
Así, pese a que el máximo tribunal de Justicia falló a favor del Jefe de Gobierno porteño, Alberto Fernández se reunió con gobernadores peronistas y acordar que no se acatará lo dispuesto por la Corte Suprema. También se tomó la decisión de recusar a los jueces del máximo tribunal. Cabe aclarar que ni Omar Perotti (Santa Fe) ni Juan Schiaretti (Córdoba) adhirieron a la decisión.
Dos abogados de miradas contrapuestas dieron su punto de vista acerca de la decisión del presidente de desoír el mandato de la Corte.
Incumplimiento del presupuesto
El constitucionalista Eduardo Barcesat declaró que “por supuesto que se puede recusar a los miembros de la Corte. Diría que están obligados en este caso porque han prejuzgado por el fondo del asunto”.
El letrado recordó que la Ciudad había presentado dos demandas: una declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial, y una cautelar. Barcesat señala que la Corte Suprema se pronuncia sobre la cautelar, dos años después de haber sido presentada.
“Existen razones para recursar a los intergante de la Corte. No se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, pero si sobre una medida cautelar, que debería tener una respuesta urgente” observó en una entrevista con LT9.
“Si usaron dos años, y resolvieron de esta forma, pudieron haber resuelto la cuestión de fondo. Dejaron esta situación ambigua, donde hay una falla técnica, porque está aprobado el presupuesto de Nación. Esto le da pie al gobierno a decir que no puede cumplir con el fallo, porque estaría violando la ley de leyes” explicó.
Barcesat manifestó que el gobierno nacional “debería pedir el juicio político y remosión de los miembros de la Corte por mal desempeño, y por la posible comisión de delito en ejercicio de sus funciones. Esta medida deben hacer y le dará sosten a la recusación, si al mismo tiempo se impulsa por los gobernadores y legisladores”.
Ataque al sistema institucional
En contrapartida, el abogado Alejandro Fargosi señaló que “Esto puede llegar a cualquier lado. Cuando hablan de desacatar el fallo de la Corte es un abierto ataque al sistema institucional. Están pidiendo que se de un golpe de Estado. Por las cosas que dicen deberían ser ellos lo que se sometan a juicio político“.
“Estamos hablando de si a la Corte se la obedece o no, y es una locura. Lo que digan los gobernadores tiene el mismo valor jurídico que un loro, el tema pasa por lo legal” criticó.
“A ellos no le importan absolutamente nada, las reglas de juego, ni la Constitución ni de las leyes. Es una situación dramática. La agenda de este gobierno es totalmente ajena a la de la sociedad” dijo Fargosi.
El letra consideró que “son los primeros aprontes de la campaña política".
