Los industriales se quejaron de las demoras de la política para adherir a la ley de ART

Entre las preferencias para tratar en la sesión del jueves pasado los senadores tenían el proyecto de ley para adherir a la Ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley Nacional 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. Sin embargo, al mediodía mantuvieron una reunión con representantes gremiales de diferentes ramas y puntos geográficos de la provincia y decidieron posponer por dos sesiones el tratamiento del proyecto que había mandado en diciembre pasado el gobernador Miguel Lifschitz.

El tema se discutió durante todo 2018 en la Cámara de Diputados y a pesar de que sobre finales de año parecía estar todo dado para aprobar un proyecto que los legisladores consideraban muy superador de una adhesión lisa y llana, nunca se logró el consenso. Llegado diciembre se terminó el período de sesiones ordinarias y sólo se pudo tratar lo que el gobernador disponía. Lifschitz cansado de las idas y vueltas incluyó el tema ART en las sesiones extraordinarias, pero en lugar de tomar el proyecto que se venía debatiendo en Diputados hizo uno propio y lo envió a la Cámara alta.

Pasó el período extraordinario y todo sigue prácticamente en el mismo lugar. La nueva dilación que se produjo este jueves enfureció a los empresarios nucleados en la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). La entidad emitió un comunicado con términos muy duros para los legisladores y que se titula: "Una nueva dilación. Una demostración más del fracaso de la política santafesina".

"Los industriales santafesinos manifestamos, una vez más, nuestra profunda preocupación por una nueva dilación por parte de la Legislatura santafesina en debatir y aprobar la adhesión por parte de la Provincia de Santa Fe a la Ley complementaria de la ley de riesgos del trabajo Nº 27.348, sancionada hace más de dos años", comienza el escrito.

Los industriales aseguraron que durante estos dos años se manifestaron en innumerables ocasiones "sobre la necesidad imperiosa de la aplicación local de dicha norma, a partir de generar las condiciones para la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores (creación de Comisiones Médicas en las restantes circunscripciones judiciales, aplicación de baremos unificada, reducción del proceso de resolución administrativa, etc.), por un lado; y dar certidumbre a las empresas por el otro; reduciendo los costos extra-salariales, que afectan gravemente su competitividad".

Los empresarios aseguraron que durante todo este tiempo mantuvieron reuniones con el gobernador y todo el arco político y hasta con miembros del Poder Judicial. "Todos, absolutamente todos, fueron manifestando a medida que fue transcurriendo el tiempo, y las restantes provincias fueron adhiriendo a la norma, su pleno convencimiento y férreo apoyo a dicha norma", aseguraron.

"A pesar de ello, dichos apoyos manifiestos no se tradujeron en acciones concretas al momento de debatir la norma en la Legislatura", se quejaron y agregaron: "Así, pasaron sesiones ordinarias, convocatoria a extraordinarias y nuevamente nos encontramos en el período de sesiones ordinarias".

Uno de los párrafos más duros del comunicado expresa: "Lo que se dice en público y/o en reuniones semi-públicas, luego no se refleja en la acción legislativa; lo que nos genera serias dudas sobre la buena fe y/o el oportunismo de las declaraciones; lo que resulta un hecho de grave irresponsabilidad, distante de los cargos públicos que detentan".

Desde Fisfe consideran que la industria es la única manera de "superar los estadios de exclusión" que se presentan en la actualidad. "La política santafesina parecería no estar comprometida con la producción ni con sus trabajadores", criticaron.

"Los últimos indicadores nos muestran que aquellas provincias que han adherido a la reforma de la LRT han reducido su litigiosidad en porcentajes de un 45%; mientras que Santa Fe los ha incrementado en un 20%", argumentan.

Luego, volvieron a cargar contra los dirigentes políticos: "La responsabilidad del fracaso, como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, es de todo el sistema político, sin exclusiones".

"Sabíamos –y así lo anticipamos– que si el debate se daba en tiempos electorales, las mezquindades e intereses particulares, iban a influir sobre los intereses colectivos. Por ello, la responsabilidad es de aquellos que demoraron inicialmente el debate y que ahora lo promueven; y de los que actualmente lo dilatan, evitando quedar en desventaja con los primeros", cuestionaron.

"Como Federación Industrial –aclararon–, representativa de todos los industriales santafesinos, no nos satisface debatir en público con los legisladores. Pero la situación económica macro es absolutamente compleja y requiere de valores y acciones extraordinarias, que coadyuven a paliar este momento".

"Por ello, este último llamado a la reflexión, para que los legisladores santafesinos aborden las instancias finales de los acuerdos parlamentarios y sancionen dicha norma local para pasar luego a su instrumentación eficiente en beneficio de todos y no de unos pocos inescrupulosos o de meras simplificaciones o prejuicios ideológicos", concluye el comunicado.