Los ministerios de Género y Salud ratifican a la fundación del Padre Ignacio para implementar la Ley de los 1000 días

Organizaciones de activistas feministas de toda la provincia se unieron para rechazar de plano un convenio entre el Ministerio de Salud y la Fundación del Padre Ignacio. El anuncio del "trabajo cooperativo" lo hizo público el gobierno provincial en un comunicado. Allí se detalla que el trato tiene una vigencia de 12 meses para la implementación de la Ley Nacional 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, más conocida, como “Ley de los 1000 días”.

"¿Por qué una ley que requiere del trabajo mancomunado de distintos sectores estatales, incluyendo al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, convoca a un sector particular religioso? De haberse considerado la necesidad de articular con sectores no estatales, ¿por qué no se ha convocado a las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales a participar de la instrumentación de los talles de formación y acceso a la información, considerando la experticia en la temática?", cuestionaron en un documento las organizaciones de mujeres y diversidades, que rechazaron el convenio.

Además apuntaron: "Este Convenio firmado con un sector religioso para garantizar derechos humanos constitucionales, contradice todas las normativas de derechos humanos de las mujeres y la jurisprudencia internacional que obliga al cumplimiento de los derechos garantizados en la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Ley de Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150), Ley de Identidad de Género (Ley 26.743)".

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UNO Santa Fe solicitó al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad una entrevista con una autoridad pertinente para hablar del convenio. La respuesta fue un mensaje de Whatsapp con dos citas de funcionarias que sostienen la asociación entre los ministerios provinciales y la fundación católica para la implementación de una ley que afecta a las mujeres gestantes e infancias.

Victoria Mántaras, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad dijo: "Es nuestro objetivo desde el Ministerio el de transversalizar la perspectiva de género y diversidad en toda la gestión y así es como participamos de la implementación de la Ley de los 1000 días, que lleva adelante el Ministerio de Salud. En este camino de territorializar la implementación de la mencionada ley se apuesta al involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, mutuales, federaciones, cooperativas y también aquellas de índole religiosa que tienen trabajo en los barrios, siempre garantizando que los contenidos y lineamientos generales, elaborados por los equipos del Ministerio de Salud para las distintas instancias tengan perspectiva de derechos humanos y de género".

Por su parte, Silvina Vaghetti, directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de Santa Fe, sostuvo: “La implementación de la ley de 1.000 días está a cargo de una mesa interministerial de la que participan el Ministerio de Salud, Educación, Desarrollo Social junto a Igualdad, Género y Diversidad. En esta instancia se diagraman las políticas públicas para la aplicación de esta ley en el acompañamiento de las personas gestantes e infancias hasta los 3 años".

"Es importante que la sociedad, en su conjunto, se comprometan con la implementación de esta ley que tiene como objetivo garantizar derechos. En este contexto la mesa interministerial fija las políticas públicas que garantizan derechos. Así también, la ley contempla acuerdos de colaboración para la difusión, promoción territorial y el acceso a los derechos mencionados en la normativa. Estos acuerdos se aplican a fundaciones, ONGs, organizaciones sociales, universidades, colegiados, entre otros”, concluyó.

Mil días

La Ley nacional de los 1000 días fue sancionada el 30 de diciembre de 2020 y tiene como objetivos proteger y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y a niñas y niños en sus primeros 3 años. Establece ciertas prácticas para proteger los entornos de crianza en los primeros años de vida, adoptando una perspectiva de ampliación de derechos y asegurando un sistema integral de cuidado a través de políticas de ingreso, identidad, salud, desarrollo social, educación, género y cultura.

Quienes firman el documento de rechazo son las siguientes organizaciones: CLADEM; INSGENAR; CEFEJUS (FDer/UNR); COAD; Programa Género y Sexualidades (FDer/UNR); CEIDH (FDer/UNR), Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, regional Rosario; Doulas feministas de Santa Fe; Agrupación feminista Las Pauluzzi Rosario; Asociación Civil Lesbofemenista Lxs Safinas; Asociación para las políticas públicas lgbt+; Separación iglesia y estado Santa Fe; Nanas socorristas en red; Mujeres en Ronda Totoras ; Mujeres de La Matria Latinoamericana (MuMaLá). Las adhesiones continúan.