A 12 años de la última disputa gremial armada en la ciudad de Santa Fe

La batalla que se generó ayer en pleno microcentro, sobre San Jerónimo al 2600, entre facciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), con vehículos incendiados y personas armadas con palos y gomeras –entre otros elementos de defensa, o ataque, que aún son objeto de peritajes–, tiene escasos precedentes en la ciudad de Santa Fe.

En cuanto a enfrentamiento en la vía pública por motivos gremiales, este caso trajo a la memoria mediática el episodio ocurrido en la madrugada del 30 de julio de 2001, sobre la ruta 168 en jurisdicción de La Guardia, cuando decenas de hombres vinculados al transporte público de pasajeros se agredieron con piedras, palos, gomeras y balazos. A escasos metros de una estación de servicio, caería herido de muerte por una perdigonada uno de los tantos contendientes, Cristian Buscaroni.

En la batalla hubo fracturados, baleados, y numerosas víctimas con golpes y escoriaciones. Algunos de ellos incluso eran en ese entonces integrantes de la comisión directiva de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), filial Santa Fe. En medio de estos disturbios arribaron varios móviles policiales, que cargaron a más de 20 de los presentes y que continuaron con una decena de detenidos más en las horas siguientes.

Según el relato elaborado entre los distintos testimonios, un grupo de trabajadores del transporte se dirigía hacia la parada de colectivos de las empresas Servitur y San José, en Rincón, que habían despedido a al menos 13 personas horas antes.

La intención de quienes se referenciaban en la UTA era impedir que los coches que unían San José del Rincón con la ciudad de Santa Fe pudieran prestar el servicio. Con esa finalidad, se proponían cortar la ruta con neumáticos en llamas.

Sin embargo, los planes se modificaron a medio camino, ya que a la altura de La Guardia se produjo el encontronazo entre los sectores contrapuestos y se trenzaron a golpes y tiros. En medio de la calzada quedaron tras la batalla cuatro colectivos.

Uno de los coches, el que trasladaba a los integrantes de la UTA, tenía el parabrisas y ventanillas destrozados por impactos de bala. Otros ómnibus de las empresas Servitur y San José se encontraban más cerca de las banquinas con los cristales despedazados.

La policía incautó en el lugar bidones de combustible, gomeras y un arma de fuego. Todos los detenidos fueron identificados y sometidos a prueba de parafina para ver si entre ellos están los autores de los disparos.

Los policías que cumplían tareas de custodios en el predio en el cual paraban los coches de Servitur y San José cuando se produjo el enfrentamiento, dieron versiones diferentes sobre la ubicación del móvil policial en el lugar del hecho.

Uno afirmó que el auto estaba estacionado justo detrás de un automóvil amarillo desde donde la víctima fatal antes de morir y otros testigos aseguraron que salieron los disparos que impactaron en Cristian Buscaroni. El otro agente insistió en que no vio que saliera disparo alguno desde ese automóvil.

Hace tres años

El 13 de abril de 2010 Juan Alberto González, de 27 años, murió en el hospital Cullen tras recibir un disparo en una pierna, y desangrarse al borde del terraplén, en la manzana 7 de Alto Verde. González era obrero de la construcción y había trabajado en el obrador de la ruta 19. Lo hizo hasta que la Uocra lo convocó para asesorar a sus compañeros en el local gremial de la avenida Ituzaingó en la capital provincial.

Aquel día, en la sede de la Uocra había más de 70 delegados (entre ellos estaba el joven obrero) convocados a una reunión de la que participaron el secretario de Actas, Emmanuel Araya, y el tesorero de una comisión interna de obra, Eduardo Leiva.

González se retiró antes del encuentro y –súbitamente– también lo hicieron Araya y Leiva. A las pocas horas, el joven albañil fue encontrado con una fuerte hemorragia, debido a que la bala le había perforado la arteria femoral. Lo encontró una vecina, cuando ya estaba agonizando.

Meses después, el juez de Instrucción Diego De la Torre dictó la “falta de mérito” para Emanuel Araya y Eduardo Leiva; ordenando su libertad. Ambos habían sido detenidos cuatro meses después del crimen y quedaron libres 18 días más tarde, a instancias del fiscal Nº 7, Jorge Andrés, que desistió del pedido de prisión preventiva. El representante del Ministerio Público Fiscal opinó que “no existen elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación posible en el hecho investigado”.