Este martes, 26 de febrero, se realizará la Audiencia Pública Nº 98 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) en donde se discutirá el nuevo cuadro tarifario del servicio de gas para los próximos seis meses y que comenzará a aplicarse a partir del mes de abril. En la misma, se considerará la aplicación de la tarifa para transportadoras y distribuidoras de gas entre las que se encuentra Litoral Gas.
Antes de la audiencia, advierten que la suba del gas podría llegar al 30%
Por Coqui Toum
Si bien la instancia participativa tendrá lugar en el Centro Metropolitano de Diseño de la ciudad de Buenos Aires, el organismo regulador del gas habilitó instancias de participación virtual y en la provincia de Santa Fe la misma funcionará en el Centro Regional Rosario de Enargás (Corrientes 553).
En ese marco, en diálogo con UNO en la Radio, el defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto advirtió que se está planteando una suba que rondará el 30% y en septiembre habrá otra actualización. Por ese motivo, anunció que participará de la audiencia en Buenos Aires, y que lo hará junto a defensores de otras provincias, ya que “los temas a plantear en materia de gas son varios, algunos bastante complejos”.
“No es simplemente el aumento, que ya hubo licitaciones de los precios mayoristas, lo que les corresponde a las distribuidoras por costo de vida, la tarifa social que ha quedado con bandas absolutamente reducidas, con lo cual prácticamente la tarifa social tiene poca vigencia. Son todos temas que forman parte de que no se tiene en cuenta lo que dice el Fallo Cepis de que los aumentos deben ser proporcionales a los ingresos”, explicó.
El ombudsman adelantó que mañana se abordarán varios temas y entre ellos uno que ha generado bastante polémica en las últimas semanas: la transferencia de las distribuidoras a los usuarios de lo que pagan por el impuesto a los cheques.
Si bien se trata de un cargo que viene en las boletas desde “hace tiempo”, Lamberto remarcó que lo que sucede es que la incidencia del precio del gas en los salarios ahora es mucho mayor. “El impacto del precio del gas es muy grande y repercute en los demás servicios, como la energía eléctrica, el servicio de agua, etc., y hoy todo el mundo está leyendo y mirando la factura para saber qué es lo que les están cobrando. Los defensores de todo el país creen que esta transferencia de un impuesto que deberían pagar las distribuidoras no debería ser transferible al usuario”, afirmó y concluyó: “Es un tema de política tributaria, esto no es el IVA que puede ser transferido. Esto es un impuesto que abona quien utiliza el servicio de los cheques. Entonces, no vemos la razón de que se tenga que transferir a los usuarios. Aparte es un cálculo muy poco racional, porque pagan en relación al consumo que tiene que cada uno. O sea que es como si hubiese una relación entre el consumo de cada uno y los cheques emitidos. Me parece que no tiene sentido”.