Santa Fe

Apelan la resolución de fiscalía sobre el sistema de denuncias en el Arzobispado

Solicitan que se designe un nuevo fiscal ya que, según el denunciante, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) argumentó la desestimación con "derecho canónico" y no con leyes del estado nacional o provincial. "Sabiendo y reconociendo que no hay ninguna garantía constitucional ni convencional autorizó el funcionamiento de la comisión interna", dijo el abogado impulsor de la denuncia contra los Arzobispados de Santa Fe y Rosario.

Martes 04 de Agosto de 2020

El martes de la semana pasada se conoció que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) desestimó la denuncia realizada por el abogado Carlos Ensinck contra el Arzobispado de Santa Fe y Rosario y sus respectivos obispos por el delito de “usurpación de autoridad”. Las acciones legales se llevaron adelante a partir del anuncio de implementación de un sistema por parte de la Iglesia Católica en estas localidades para presentar informes sobre "sospechas fundadas y/o denuncias de casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos". Este martes, el letrado apeló la resolución firmada por la fiscal Jorgelina Mosser Ferro.

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Para Ensinck, la resolución de Mosser Ferro se basa más en el derecho canónico que en la legislación argentina y provincial. En la apelación sostiene: "La resolución dictada es a todas luces desajustada a derecho ya que se funda en normativa interna de la Iglesia Católica y no está motivada en la legislación argentina y los tratados internacionales de derechos humanos. Los fiscales juraron hacer cumplir la Constitución Argentina y el Estado de derecho, pero en este caso la fiscal está haciendo cumplir una normativa interna del Estado vaticano".

Es que la funcionaria argumentó que no hay usurpación de funciones públicas –delito previsto en el Artículo 246 del Código Penal– ya que en el Vademécum (instructivo de cómo deben actuar la pastoral en la Iglesia para los casos de abuso sexual dentro del ámbito eclesial) indica en sus artículos 17, 48, 19 y 50 que es obligatorio dar conocimiento a las autoridades estatales de los delitos que lleguen a su conocimiento. Y fundamenta su decisión en el artículo 19 de la Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi, del papa Francisco. En ningún momento se menciona legislación estatal para desestimar la denuncia.

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También desestimó la ampliación de la denuncia que solicitaba que sea investigada la relación entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y la Iglesia Católica, luego de que se diera a conocer la reunión entre Patricia Chialvo y el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín. Cabe recordar que luego de la comunicación de Chialvo en sus redes sociales, que fue polémica, se pronunció el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo que fijó "la postura oficial del gobierno de la provincia": "El único y excluyente camino para la denuncia e investigación de los abusos sexuales infantiles es el de la Justicia, en nuestra provincia a través de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, así lo determina la ley", expresó en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio del que está a cargo.

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De la misma manera se pronunció la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la provincia de Santa Fe: "Instamos y solicitamos a la autoridad de aplicación del Sistema de Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes: dar prioridad en las políticas públicas estatales a la protección y prevención de cualquier forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, generando sistemas de alertas e información ágiles, garantizando la educación sexual integral tal como lo ordena la Ley Nacional 26.150, fortaleciendo la coordinación interinstitucional mediante protocolos unificados de actuación, facilitando espacios adecuados para las denuncias y acompañando en las mismas; dado que se trata de un delito, uno de los más graves que se puede cometer contra un niño, niña o adolescente".

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Al mismo tiempo, el sistema fue rechazado públicamente por las organizaciones nacionales Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos e Iglesias Sin Abusos. Diputados provinciales (De Ponti, Cattalini, Palo Oliver, Del Frade, Hynes, Peralta, Bruera, Mahmud) de diferentes partidos políticos también se sumaron al rechazo, llamando al sistema "ilegal" y reivindicando el orden estatal de investigaciones de delitos sexuales. Incluso hay presentado en la Cámara baja de la provincia un pedido de informes al Ejecutivo sobre este tema. Asimismo todas estas personalidades se mostraron preocupados por la confesión de las personas responsables de este sistema a UNO Santa Fe de no estar capacitadas para llevar adelante la tarea de recepción de víctimas de abusos sexuales. De la misma manera lo hizo el Concejo Municipal de Rosario que se declaró "a favor de ratificar y respaldar los canales institucionales correspondientes al Estado para la realización de denuncias frente a cualquier tipo de delito, reivindicando de esta manera el Estado de derecho y por ende las garantías y derechos constitucionales, así como la inmensa normativa convencional y local vigente en materia de derechos humanos, frente a cualquier intento de crear canales de denuncia de delitos paralelos a los brindados por el Estado".

Apelación

Ensinck solicita que se revoque la decisión del inferior, imparta instrucciones, y que se designe un nuevo fiscal como encargado de la investigación y se resuelva conforme a derecho. Apunta a que la fiscal fundó su resolución con el artículo 19 de la carta apostólica Vos Estis Lux Mundi y que "para avalar a las comisiones internas, invoca las convenciones internacionales de derechos humanos" a ese artículo episcopal. Por lo tanto, advierte que hay una "violación de tratados internacionales de derechos humanos".

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"Estas normas se aplican “sin perjuicio de” los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes. Lo que no advierte la fiscal es que “sin perjuicio de” quiere decir que la aplicación de “Vos Estis Lux Mundi” no puede ir contra los derechos y obligaciones de las leyes argentinas y sus convenciones internacionales. En nuestra provincia de Santa Fe es de aplicación la ley 13.013 por la cual el Ministerio Público de la Acusación tiene por misión el ejercicio de la persecución penal pública procurando la resolución pacífica de los conflictos penales, el Código Penal de la República Argentina y la Constitución Nacional. Primero por la fiscalía, luego por el Arzobispado", sostiene el abogado en la apelación.

Y sigue: "Es por esto que en cumplimiento de nuestras leyes estatales las denuncias de abuso sexual y encubrimiento deben recibirse solo por fiscalía. También invoca un “Manual” llamado Vademécum, emanado del Vaticano donde se explica (dice) cómo actuar en casos de denuncias de abuso y que prevé la obligación de comunicar a las autoridades civiles. Todo sin ninguna garantía constitucional. Cita los artículos 17, 48, 49 y 50, los cuales, adelantó, no están bajo la órbita del Estado y de ningún tipo de control ni garantía. Incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la autoridad eclesiástica dé noticia a las autoridades civiles competentes cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos. Va a dar aviso a las autoridades cada vez que ¿considere? ¿Cómo está regulada esa consideración? Recordemos que estamos tratando con el delito de abuso sexual".

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"Todo el fundamento dado por la fiscal no se corresponde con la legislación local, son normas del Estado vaticano. Cabe aclarar que la Iglesia posee facultades para ejercer su jurisdicción de acuerdo con lo normado en el artículo 2 de la Constitución Nacional: El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano… Esto no autoriza la creación de una comisión interna. Es vasta la jurisprudencia de la Corte que indica que el artículo 2 de la Constitución Nacional hace referencia solo al sostenimiento económico", argumenta Ensinck.

Asimismo menciona el abogado que el Estado Argentino suscribe a la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley Nº 23.849 incorporado en el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; la ley nacional de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Art. 9 de la Ley 26.061); la Ley Provincial Nº 12.967 (Art. 10) y varios artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución provincial.

Por último, también solicita en el documento de apelación que se intime al arzobispo a "que informe qué denuncias recibieron y a abstenerse de tomar denuncias por sus comisiones internas hasta tanto se resuelva el caso". "Es preciso señalar que el Estado incurre en responsabilidad desde el momento que autoriza a funcionar estas comisiones internas. El Estado será solidariamente responsable por el daño que causen las mismas a las víctimas de abuso sexual", concluyó.

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