Asociaciones marchan para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Distintas organizaciones de personas con discapacidad en Santa Fe convocaron a una marcha este miércoles en la ciudad de Santa Fe, para reclamar la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya promulgada y publicada en el Boletín Oficial, pero frenada por un decreto del Poder Ejecutivo.

La medida de fuerza fue confirmada por Gabriela Ortolochi, presidenta de Uendisfe, en diálogo con Fabián Acosta en su programa Mañana UNO por UNO 106.3. La concentración será a las 10.30 en Bulevar Gálvez y Rivadavia

“Sin aplicación, es lo mismo que nada”

Ortolochi explicó que, si bien la ley fue sancionada y publicada, el mismo día se emitió un decreto que condiciona su implementación a la definición de un mecanismo de financiamiento en el Congreso. “Al no implementarse, es lo mismo que nada. Seguimos sin que se respeten los derechos de las personas con discapacidad”, remarcó.

Además, cuestionó la falta de acción en torno a los aumentos a prestadores, que siguen cobrando con atrasos y con aranceles que están hasta un 60% por debajo del costo real de las prestaciones. “Hace meses que el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad no es convocado. No hay señales de que haya voluntad de cambiar algo”, denunció.

El impacto en Santa Fe: atraso en pagos del IAPOS

La dirigente también describió la situación a nivel provincial. Señaló que el IAPOS, obra social de los estatales santafesinos, “llegó a pagar hasta un 50% por debajo de lo que establecía Nación”. Aunque desde 2024 se cubre esa diferencia, los pagos llegan con importantes demoras. “Hoy se está empezando a pagar recién junio, y la diferencia de febrero se cobró hace pocas semanas. Es un desfasaje financiero que hace que, cuando se cobra, el dinero ya valga la mitad”, alertó.

Instituciones al borde del colapso

Según Ortolochi, las instituciones de atención a personas con discapacidad se mantienen abiertas gracias al esfuerzo de los trabajadores y a actividades solidarias como rifas, bingos o almuerzos comunitarios. Sin embargo, advirtió que “el sistema se viene deteriorando día a día” y que el cierre de centros es un riesgo cada vez más real.

“Este sistema universal de cobertura tiene casi 30 años y garantiza igualdad de acceso a apoyos y prestaciones. Si no se respeta, colapsará de manera definitiva”, sostuvo.

Reclamo de fondo: derechos, no dinero

La presidenta de Uendisfe fue categórica al marcar la posición de las familias: “Nosotros no hablamos de plata, hablamos de derechos. No es responsabilidad de las familias definir de dónde salen los fondos, sino del Estado garantizar lo que corresponde por ley”.

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