Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia pero ATE cuestiona

El Gobierno de Santa Fe oficializó mediante el Decreto N.º 1.897/25 la incorporación de los asistentes escolares al Plan de Incentivo a la Asistencia, con un plus equivalente a 60% del cargo de Maestro de Grado. Sin embargo, ATE advirtió que la medida se tomó de forma unilateral y que condiciona derechos laborales básicos.

El Poder Ejecutivo provincial firmó este miércoles el Decreto N.º 1.897/25, que extiende el Plan de Incentivo a la Asistencia –ya vigente para el personal docente– al sector de asistentes escolares. La medida alcanza a porteros, cocineros, ayudantes de cocina, celadores, choferes, auxiliares administrativos y demás trabajadores incluidos en el Decreto N.º 0516/10.

El incentivo será aplicable a partir del 1 de agosto de 2025, y representará un monto equivalente a 60% del salario de un Maestro de Grado, según lo dispuesto por los decretos anteriores que norman el programa.

Críticas de ATE al decreto

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la decisión fue adoptada de manera unilateral por el Ejecutivo, sin el debate en el marco de las paritarias.

El gremio reconoció la necesidad de mejorar los ingresos, pero advirtió que el cobro del incentivo queda condicionado al no uso de licencias y justificaciones laborales previstas en el Decreto 1919/89. Esto afecta directamente derechos como:

• Licencia por maternidad.

• Enfermedades de larga duración y oncológicas.

• Accidentes de trabajo.

• Licencia por duelo de familiar directo.

• Inasistencias justificadas por inclemencias climáticas.

• Días destinados a prevención de salud.

• Carga pública.

“Estos derechos no pueden ser considerados como inasistencias, ya que forman parte de un régimen que protege la salud, la vida familiar y la integridad de los trabajadores”, señalaron desde el sindicato.

Presentaciones gremiales

ATE anticipó que realizará presentaciones administrativas y legales para que se respete el pleno goce de derechos adquiridos desde hace más de tres décadas.

“No estamos en contra de un incentivo que mejore los ingresos, pero sí de que este beneficio quede supeditado al ejercicio de derechos básicos de carácter humano, sanitario y social”, remarcaron.

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