El abogado del autor de los disparos en San Cristóbal habló sobre la relación de su defendido con el nuevo adolescente detenido

Mientras avanza la investigación por el crimen de Ian Cabrera, ocurrido dentro de un establecimiento educativo de la ciudad de San Cristóbal, el abogado defensor del menor acusado de efectuar los disparos se refirió a la reciente detención de otro adolescente de 16 años que podría tener algún tipo de vínculo con el caso.

El defensor Néstor Oroño indicó que tenía conocimiento de que la investigación se había ampliado hacia posibles conexiones, aunque aclaró que por el momento no existen elementos que indiquen una relación directa entre ambos jóvenes.

“Por lo que tengo entendido, el vínculo sería a través de las redes, de la web, como es usual entre chicos, compartir algún tipo de publicación y nada más”, explicó el abogado al ser consultado sobre la relación entre su defendido y el adolescente detenido en las últimas horas.

Una relación limitada al ámbito virtual

Según señaló Oroño, no hay indicios de que ambos jóvenes se conozcan personalmente ni que tengan vínculos en la vida cotidiana.

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“No es alumno de la misma escuela, no son compañeros, no son amigos, tengo entendido, por lo poco que conozco, que no”, afirmó el abogado, al referirse al adolescente que fue detenido durante un procedimiento realizado en cercanías de Nelson.

El defensor también relativizó algunas interpretaciones que circularon en las últimas horas sobre posibles conexiones con organizaciones extremistas, grupos violentos y terroristas.

“He visto algunos titulares vinculando a estos chicos con supuestas organizaciones terroristas. Modestamente creo que no es así”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la relación podría limitarse a la interacción en espacios virtuales donde se comparten contenidos relacionados con ataques escolares ocurridos en distintos países.

“Por ahí a través de las redes habrán tenido algún tipo de seguimiento de grupos que hacen encomio o alabanza de situaciones lamentables como tiroteos, pero de ahí a hablar de pertenencia a una organización terrorista hay una distancia muy grande”, agregó en declaraciones a la emisora LT10.

La investigación y el rol de la defensa

Oroño aclaró que la defensa no participa en la orientación de la investigación, que está a cargo de los fiscales, por lo que muchos de los detalles que se conocen provienen de la información pública.

“Nosotros los defensores no marcamos el curso de la investigación ni los fiscales tienen por qué informarnos cada paso”, explicó.

En ese marco, sostuvo que la eventual vinculación con otros adolescentes no modificaría la situación jurídica de su defendido, debido a su edad.

El letrado recordó que el menor acusado del ataque es inimputable, por lo que su situación se encuentra regida por la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad y por las normas del proceso penal juvenil.

Evaluaciones de salud mental y medidas judiciales

Según detalló el abogado, el foco actual del proceso está puesto en evaluar el estado psicológico y psiquiátrico del adolescente, con el objetivo de determinar qué tipo de medidas corresponderán.

“Nuestro interés es que se pueda trazar un perfil de situación psicológica y psiquiátrica del menor para que se le apliquen las medidas previstas en la ley”, indicó.

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El defensor explicó que las respuestas del sistema judicial para un menor no punible se encuadran en lo que se denominan medidas de seguridad, que pueden incluir distintos dispositivos de tratamiento.

Estas medidas pueden cumplirse en establecimientos de puertas cerradas, semiabiertas o abiertas, dependiendo de lo que determinen los especialistas y de las resoluciones que adopte la Justicia.

El estado del adolescente acusado

Consultado sobre la situación actual de su defendido, Oroño señaló que el menor se encuentra bajo intervención de organismos especializados en niñez y salud mental.

“Evidentemente al momento de ser presentado tenía un desorden psicológico, por decirlo de manera genérica”, expresó.

El abogado agregó que con el paso de los días el adolescente comenzó a tomar dimensión de lo ocurrido. “Ha caído en la cuenta de la gravedad del hecho”, afirmó.

Aclaró que el joven solo puede recibir visitas de sus padres y familiares, en el marco de las medidas dispuestas por las autoridades.

En paralelo, los equipos de salud mental del Estado avanzan con evaluaciones y seguimientos que permitirán definir el tratamiento y las condiciones en las que deberá cumplir las medidas que determine la Justicia, en un proceso que busca —según lo establece la legislación vigente— la recuperación y futura reinserción social del menor.