El concejo declaró la emergencia económica y social, de transporte y en seguridad pública

Este miércoles, en una sesión que se extendió por más de cuatro horas, todos los concejales que integran el cuerpo legislativo aprobaron los siete mensajes que ingresaron desde el Ejecutivo Municipal: Presupuesto; modificación de la Ordenanza Tributaria Municipal; Emergencia en Movilidad; la actualización de los valores del SEOM y modificación del artículo 3 Bis del Régimen de Infracciones y Penalidades; adhesión a la Ley Provincial N° 14.237 de Emergencia en Seguridad Pública y la Emergencia social y económica.

La emergencia en el Sistema de Movilidad aprobada será por 360 días corridos. La aprobación del suspende la vigencia de los artículos 6, 8 y 11 de la Ordenanza N° 11.580 que rige el sistema de transporte público de pasajeros por colectivos.

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Así, el Ejecutivo podrá tomar todas las medidas de carácter técnico y/o económico tendientes a garantizar el funcionamiento de los sistemas de movilidad de la ciudad.

A modo de ejemplo, podrá cambiar recorridos de las líneas de colectivos urbanos sin la autorización previa del Concejo como era hasta ahora.

Además, se dejó sin efecto el artículo que establecía que “el promedio de antigüedad de la totalidad del parque automotor de cada prestataria de línea no exceda los seis años, tomados al 31 de diciembre de cada año vencido”. Cada tres meses, el ejecutivo deberá presentar un informe de lo actuado al Concejo.

Emergencia económica y social y en seguridad pública

Llegando al cierre de la sesión, se trataron los dos mensajes que envió el Ejecutivo Municipal relacionados a las Emergencia Económica y Social y a la adhesión a la ley provincial N° 14.237 de Emergencia en Seguridad Pública.

La primera es una herramienta que habilita al Ejecutivo municipal a adoptar medidas y suscribir los convenios que sean necesarios con el gobierno provincial y/o el Estado nacional.

Además, podrá convocar con carácter consultivo, a la Mesa de Diálogo Social y Económico, dispuesta por Ordenanza N° 12.593. En forma trimestral, deberá enviar un informe detallado de lo actuado.

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Al ser consultada por el tema, Laura Mondino (PS- Unidos) dijo que la aprobación de la emergencia económica y social “le otorga herramientas al ejecutivo municipal para desarrollar acciones que atienden dos cuestiones fundamentales: por un lado, aplicar todo lo que tenga que ver con garantizar la alimentación en todos los barrios de Santa Fe, en los comedores y las organizaciones que están llevando la comida a los barrios más vulnerados de la ciudad. Y por otro lado, en materia económica productiva, por supuesto que acompañamos porque creemos que en estos momentos de crisis se ven muy afectados los puestos de trabajo, el empleo y así estamos generando un financiamiento específico para acompañar y fortalecer emprendimientos locales, pequeñas y medianas empresas santafesinas y queremos brindarles herramientas para las compras de insumos, solicitar créditos. Sabemos que el desarrollo productivo de la ciudad es muy importante y hace a nuestro crecimiento, aún en tiempos de crisis y tan complicados económicamente”.

Por su parte, Violeta Quiroz expresó que “vimos la necesidad de aprobar esta emergencia social por el momento de crisis que estamos viviendo, cómo se está castigando a la clase media y a la población más vulnerable. Estamos viviendo situaciones muy terribles: estancamiento de los salarios, la suba de precios, devaluación, despidos masivos. Es un tema muy sensible e importante y tenemos que trabajar en conjunto Provincia, Municipio y Concejo Municipal. El gobierno nacional nos ha desprotegido totalmente, declaró una guerra contra los gobernadores. Al final, la casta resultamos ser los trabajadores; no lo podemos permitir. Acá estamos para defender a los santafesinos y santafesinas, porque somos personas, no somos números”.

Tras la aprobación de esta ordenanza, la ciudad adhiere a la Ley Provincial de Estado de Emergencia en seguridad pública por 12 meses, lo que permite sumar recursos para poder abordar integralmente todos los aspectos vinculados a la seguridad y, principalmente, garantizar agilidad en los procesos para facilitar las gestiones que sean necesarias en cada caso, ya sea la compra de vehículos, la incorporación de tecnología, como así también un reordenamiento de las fuerzas de seguridad de ser necesario.

Sobre este mensaje, la concejala Cecilia Battistutti (UCR- Unidos) manifestó su preocupación acerca de “la suspensión del envío de fondos por parte del Gobierno Nacional y el impacto que esto puede tener en el comienzo del ciclo lectivo. Es crucial asegurar que los recursos destinados a la educación lleguen a las escuelas vulnerables para garantizar oportunidades iguales para todos los estudiantes. Además, la declaración de emergencia social y económica en la ciudad de Santa Fe permitirá al Ejecutivo Municipal gestionar de manera más ágil la asistencia alimentaria, productiva y económica para los sectores más necesitados”.

Por otra parte, el concejal Jorge Fernández manifestó que “el Bloque Justicialista se opuso a la aprobación particular del artículo segundo que otorga facultades al Ejecutivo Municipal para saltarse los procesos licitatorios para la adquisición de bienes y la contratación de servicios. Creemos que no hay argumento para justificar la no utilización de la normativa en materia de contrataciones y de licitaciones públicas, pero sí acompañamos porque creemos que la situación de la seguridad es una situación problemática en la ciudad de Santa Fe, que necesitamos un mayor compromiso del municipio en materia de seguridad pública, que hay que mejorar el sistema de videovigilancia, pero que las herramientas que el municipio tiene son las adecuadas”.