La presidenta de la asociación civil Incluime, la abogada Mariela Peña, alertó sobre la grave situación que atraviesan cientos de personas con discapacidad en Santa Fe tras la suspensión masiva de pensiones no contributivas. Según detalló, hasta junio, el 30% de los beneficiarios en la provincia vieron interrumpido el cobro, en muchos casos sin haber sido debidamente notificados.
El Gobierno Nacional suspendió pensiones al 30% de las personas con discapacidad laboral en Santa Fe
En muchos casos la suspensión se dio sin que el beneficiario haya sido debidamente notificado. Se llevará adelante una acción judicial colectiva.
18 de julio 2025 · 13:13hs
“Es mucha gente que contaba con esto como único sustento y alimento”, señaló Peña en diálogo con el programa "De 10" por LT 10. “Todas las alertas que dimos y las veces que convocamos a los gobiernos nacional, provincial y municipal para que se trabaje con seriedad el tema no dio resultado”.
En total, el Estado Nacional dejó de abonar 80.080 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en el país, con un ahorro que el Gobierno estipuló en más de 23 mil millones de pesos mensuales.
Suspensiones y fallas en la auditoría
La abogada explicó que las suspensiones se produjeron tras auditorías iniciadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que evaluó como irregulares a aquellos beneficiarios que no asistieron a las revisiones o no presentaron la documentación requerida.
“Dieron de baja a todos aquellos que ellos consideraron que no habían ido a las auditorías o que no hayan presentado la documentación que ellos consideraban válida”, sostuvo. Sin embargo, muchas de esas personas nunca fueron correctamente notificadas.
Peña hizo especial hincapié en los problemas de acceso a las comunicaciones oficiales: “Las cartas documento se entregan en un domicilio cierto frente al titular que tiene que recibir la carta. Hay muchas personas con discapacidad que viven en asentamientos rurales o en lugares sin numeración específica, por lo que el correo no puede entregar una carta documento. Muchas de estas personas no recibieron ninguna notificación, ni en la primera ni en la segunda vez”.
Como consecuencia, muchos beneficiarios recién tomaron conocimiento de la suspensión al intentar cobrar los haberes de junio. “Se enteraron cuando fueron a retirar su dinero”, lamentó.
Otro de los problemas señalados por Peña fue el desmantelamiento de los canales de atención de la ANDIS: “La Agencia Nacional de Discapacidad cerró sus oficinas en el país por haberse achicado la planta del Estado. No había un lugar donde consultar más que los mails que nosotros como asociación tenemos a disposición o el chatbot de la Agencia, que no contestaba. Muchos fueron citados y no se enteraron”.
Críticas a la acción restrictiva para las pensiones
La abogada aclaró que el control del uso de fondos públicos es válido, pero debe realizarse en un marco de respeto a los derechos humanos: “Cada vez que hay uso de fondos públicos debe haber un control o auditorías, pero siempre tiene que ser en clave de derechos, no en clave de motosierra”.
También cuestionó el criterio restrictivo con el que actualmente se evalúan los requisitos para acceder a una pensión: “Las personas que identifican como irregulares no obtuvieron su pensión de forma irregular. Lo que pasa es que con el paradigma actual, en el que la Agencia considera a las personas con discapacidad como dementes, idiotas o minusválidos mentales, evalúa todo con esa mirada. Achicaron más el grupo poblacional al que quieren alcanzar con las pensiones”.
Acción judicial colectiva
Ante esta situación, la asociación Incluime está asesorando jurídicamente a las personas afectadas: “La Agencia permite que se presente por correo electrónico un descargo de la situación adjuntando el DNI, el certificado de discapacidad, la historia clínica… todo lo que tendría que haber llevado a la auditoría”, explicó. “Desde lo jurídico decimos que envíen el mail para agotar la etapa administrativa obligatoria y luego iniciar las acciones judiciales”.
Finalmente, Peña adelantó que evalúan una presentación conjunta en la Justicia: “Estamos pensando en una acción colectiva o de clase agrupando a todas las personas con discapacidad damnificadas por esta disposición”.
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