"Grave estado de deterioro": la Justicia Federal ordenó la urgente reparación de tres rutas nacionales en Santa Fe

La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional realizar la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.

La resolución fue dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a la acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad.

El magistrado consideró acreditado el grave deterioro de las calzadas y sostuvo que el Estado debe garantizar la transitabilidad plena y la seguridad de quienes circulan por esos corredores estratégicos para la producción y la conexión del sur santafesino.

El crítico estado de la Ruta 33

Uno de los principales puntos señalados en la sentencia corresponde a la Ruta Nacional 33, donde el juez describió la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”.

Según el fallo, estas condiciones representan “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios” y requieren una intervención urgente por parte del Estado.

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Además, el magistrado destacó que la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido la gravedad de la situación. En el expediente consta que autoridades del Distrito Santa Fe del organismo habían advertido que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”.

Si bien se había adjudicado una licitación para ejecutar trabajos de reparación, las obras no avanzaron debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias.

Qué dijo la Justicia sobre las rutas 7 y 8

El fallo también cuestionó las condiciones de las rutas nacionales 7 y 8.

Respecto de la Ruta 7, Cuello Murúa consideró que los trabajos de bacheo realizados resultaron insuficientes y que no se acreditó un mantenimiento sostenido de todo el tramo comprendido en el departamento General López.

En el caso de la Ruta 8, el juez puso el foco en los incumplimientos detectados por la propia Dirección Nacional de Vialidad. Según consta en la sentencia, el organismo labró 55 actas por incumplimientos contractuales a la empresa Corredores Viales S.A.

El magistrado rechazó además el argumento de la concesionaria respecto de que sus obligaciones no contemplaban tareas de repavimentación y sostuvo que el contrato sí incluía responsabilidades vinculadas con la mejora, reparación y mantenimiento de la traza.

El Estado nacional sigue siendo responsable

Otro de los aspectos centrales de la resolución está relacionado con el esquema de concesiones de las rutas nacionales.

Cuello Murúa sostuvo que los cambios en la administración y concesión de los corredores viales no pueden convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios. En ese sentido, remarcó que la eventual participación de empresas concesionarias no libera al Estado nacional de su responsabilidad.

Por eso, la sentencia establece que las obras deberán ser ejecutadas por el Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, del organismo que eventualmente la reemplace o de las empresas concesionarias que correspondan.

Sin embargo, el juez dejó expresamente establecido que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la sentencia continúa en cabeza del Gobierno nacional.

En sus fundamentos, el magistrado consideró que el deterioro de las rutas compromete derechos fundamentales vinculados con la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación.

También sostuvo que el mal estado de las calzadas constituye un hecho “público y notorio” para quienes transitan habitualmente por la región.

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Di Gregorio: “Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos”

La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó la sentencia y destacó el alcance de la decisión judicial.

La legisladora recordó que, en una primera instancia, la Justicia Federal había dictado una medida cautelar para que Vialidad Nacional ejecutara trabajos urgentes de bacheo y reparación en los sectores más deteriorados.

Sin embargo, ante la falta de respuestas y avances concretos, el proceso judicial continuó hasta llegar a una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.

“Este fallo representa un paso muy importante porque la Justicia Federal reconoce la gravedad de la situación y la necesidad de una solución definitiva. Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales que garanticen rutas seguras para quienes las utilizan todos los días”, señaló Di Gregorio.

La senadora remarcó además que el deterioro de los corredores nacionales no solo representa un problema de seguridad vial, sino que también tiene consecuencias sobre la producción, el transporte y el desarrollo económico de todo el departamento General López.

“Los vecinos merecen respuestas y obras”

Di Gregorio insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional avance con las obras ordenadas por la Justicia y cuestionó la falta de soluciones concretas durante los últimos años.

“Esperamos que Vialidad Nacional cumpla con lo que establece la Justicia. Durante demasiado tiempo vimos promesas que nunca se concretaron, mientras las rutas siguieron deteriorándose”, sostuvo.

Finalmente, la senadora afirmó que los habitantes del sur santafesino necesitan recuperar condiciones seguras para transitar por las rutas que conectan localidades, zonas productivas y corredores estratégicos de la provincia.

“Los vecinos del departamento General López merecen respuestas y obras que les devuelvan la tranquilidad al momento de viajar”, concluyó.