Jueces provinciales critican la intención del Senado de investigar a fiscales

Los jueces de toda la provincia manifestaron su crítica por la decisión del Senado de la provincia de Santa Fe consistente en crear una comisión de legisladores de ese cuerpo para investigar la actividad de fiscales de la provincia. Los magistrados consideran que esa definición permite interferencias e intromisiones de un Poder del Estado sobre los actos de otro. E instan a que no se tomen decisiones que afecten la independencia del Poder Judicial.

"El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe hace saber su preocupación frente a la decisión adoptada en el Senado de la Provincia con el objeto de crear una Comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación", indicó el comunicado.

"Este Colegio, desde luego, reconoce la importancia del pleno ejercicio de las funciones que la Constitución provincial asigna al Poder Legislativo tratando de evitar que funcionen invalidando esferas de actuación del Poder Judicial en su cometido de investigar y juzgar delitos y aplicar la ley, y las normas constitucionales y supraconstitucionales", sostiene el texto rubricado por el presidente de la entidad, Gustavo Salvador, y su vicepresidente, Roberto Dallamonica.

"Los cometidos y las atribuciones que se asignan a la citada comisión generan, en su ejercicio, una superposición de competencias con otros órganos encargados de ejercer el control institucional sobre el desempeño de quienes integran otro de los Poderes del Estado, posibilitando eventuales interferencias o intromisiones en la tramitación y avance de investigaciones que le corresponden constitucionalmente, con el consiguiente riesgo que ello genera para el necesario equilibrio que demanda el sostenimiento de las Instituciones de nuestra democracia republicana", sostiene el comunicado de los jueces.

"Es por ello que se insta a que no se adopten decisiones que sean susceptibles de producir un menoscabo a la independencia del Poder Judicial, en tanto corresponde, en este caso, al Ministerio Público de la Acusación el ejercicio de la persecución penal en nombre del Estado, de manera objetiva, autónoma e independiente, con estricto apego a la ley como corresponde en un Estado de Derecho", concluye.