La reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro no logró avanzar este jueves 29 de octubre en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Las diferencias entre los sectores radicales y socialistas que integran el frente Unidos para Cambiar Santa Fe impidieron alcanzar un acuerdo para tratar el proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
La interna de Unidos frenó la reforma de seguridad y el debate pasó a la próxima semana
El proyecto quedó fuera del temario por falta de consensos dentro de Unidos. La iniciativa busca ampliar las herramientas de investigación penal y las facultades policiales y fiscales.
Reforma de seguridad. El proyecto de ley para ampliar herramientas de investigación penal y facultades policiales y fiscales quedó fuera del temario de Diputados.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo provincial en mayo, tenía preferencia para su tratamiento legislativo. Sin embargo, las negociaciones previas no permitieron consensuar un dictamen que habilitara su discusión en el recinto y el proyecto quedó fuera del temario de la jornada.
La postergación representa un nuevo obstáculo para el oficialismo, que busca avanzar con cambios en distintas normas vinculadas con la investigación criminal, las atribuciones de las fuerzas policiales y los fiscales y el funcionamiento del sistema penitenciario.
Por el momento, los legisladores evalúan retomar el debate el 5 o el 19 de noviembre, aunque la fecha dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre los distintos bloques.
Las diferencias internas que frenaron el proyecto
Las principales diferencias dentro de Unidos se concentran en el alcance de las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal y en las nuevas facultades que se busca otorgar a las fuerzas de seguridad.
Mientras que desde el radicalismo sostienen la necesidad de ampliar las herramientas legales para profundizar la política de seguridad provincial, el socialismo mantiene reparos sobre algunos artículos y sus posibles implicancias para las garantías constitucionales y los controles judiciales.
La discusión incluyó reuniones entre legisladores y funcionarios provinciales. El miércoles, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se reunieron durante aproximadamente dos horas con diputados del interbloque oficialista y ratificaron la redacción original del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Pese a esas conversaciones, las diferencias persistieron y el oficialismo no consiguió reunir los consensos necesarios para avanzar.
La iniciativa también recibió observaciones de distintos actores del sistema judicial, entre ellos la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD), colegios de abogados y especialistas en derecho penal. Los cuestionamientos se centraron especialmente en el alcance de las atribuciones policiales y fiscales y en los mecanismos de control previstos.
Qué cambios propone la reforma de seguridad
El proyecto busca modificar seis leyes provinciales e introducir cambios en distintos procedimientos vinculados con la investigación penal y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Entre los principales puntos en discusión se encuentran:
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Allanamientos sin orden judicial: ampliar los supuestos excepcionales en los que la Policía podría ingresar a determinados inmuebles sin autorización judicial previa.
Declaraciones durante las investigaciones: modificar las condiciones para recibir declaraciones en las primeras etapas de una causa penal, incluida la intervención de la defensa.
Medidas privativas de la libertad: introducir cambios en las disposiciones del Código Procesal Penal relacionadas con las medidas coercitivas.
Intervención policial en espacios públicos: establecer zonas de intervención especial con facultades específicas para actuar frente a determinadas situaciones.
Inmuebles vinculados con actividades delictivas: incorporar mecanismos para intervenir sobre propiedades relacionadas con el microtráfico y otros delitos, bajo los supuestos previstos en la iniciativa.
Régimen penitenciario: modificar disposiciones para personas detenidas que continúen organizando delitos desde las cárceles.
Inteligencia y recompensas: introducir cambios en las normas de inteligencia y en los mecanismos de ofrecimiento de recompensas vinculadas con la seguridad pública.
El alcance de estas medidas y los controles que deberían acompañarlas forman parte de los aspectos que generan diferencias entre los sectores políticos y observaciones de especialistas.
Cuándo podría retomarse el debate
Tras la postergación, las conversaciones entre los bloques continuarán para intentar acercar posiciones y definir una nueva fecha de tratamiento. Por ahora, se analiza la posibilidad de que el proyecto vuelva a discutirse el 5 o el 19 de noviembre.
La demora deja pendiente una de las principales iniciativas legislativas del Gobierno provincial en materia de seguridad. Pullaro sostiene que las reformas son necesarias para ampliar las herramientas de actuación policial y fortalecer las investigaciones penales.
Sin embargo, antes de llegar al recinto, el oficialismo deberá resolver las diferencias internas y definir si mantiene el texto original o si introduce modificaciones para reunir los apoyos necesarios.
De esta manera, la reforma de seguridad seguirá en discusión en la Legislatura santafesina, en un escenario marcado por las diferencias dentro de Unidos y por los cuestionamientos sobre el alcance de las nuevas facultades propuestas.















