La Iglesia santafesina cuestiona la baja de imputabilidad y advierte que "no soluciona la inseguridad"

A casi un año del pronunciamiento de la Comisión Nacional de Pastoral Social, la Iglesia Católica volvió a fijar postura frente al debate por la baja de la edad de imputabilidad de los menores, que el Gobierno nacional planea tratar la próxima semana en sesiones extraordinarias del Congreso. El tema recobró fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón, un caso que conmocionó a Santa Fe y reavivó la discusión pública sobre el régimen penal juvenil.

El padre Dante Debbiagi, capellán de la cárcel de mujeres de Santa Fe e integrante del equipo de Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis de Santa Fe, sostuvo que “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad sin considerar sus causas”, en línea con el documento difundido por la Iglesia en marzo del año pasado.

“Más oportunidades que penas”

Debbiagi recordó que la postura de la Iglesia no se enfoca en un caso puntual, sino en una realidad estructural que atraviesa a miles de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. “No se trata solamente de castigar, sino de asumir cambios profundos en el sistema. El régimen penal juvenil necesita un tratamiento distinto al de los adultos”, explicó en dialogo con LT10.

En ese sentido, remarcó que las cárceles no son una solución automática para la reinserción social, especialmente cuando se trata de menores. “Muchas personas privadas de la libertad nunca estuvieron insertas en la sociedad, nunca tuvieron oportunidades reales, ni acceso a la educación, al trabajo o a un proyecto de vida”, señaló.

El sacerdote puso el foco en la prevención como eje central de cualquier política pública eficaz. Recordó el trabajo del padre Gabriel Carrón, fundador de la Casa Juan Diego, una institución emblemática en Santa Fe dedicada a la contención de jóvenes en riesgo. “Cuando queremos acompañar al que ya está preso, muchas veces llegamos tarde. El trabajo tiene que hacerse antes, en los barrios, con las familias y en la escuela”, afirmó.

Según Debbiagi, el sistema educativo muchas veces se ve desbordado por problemáticas sociales profundas, como la desintegración familiar, la falta de referentes adultos y la ausencia de oportunidades laborales. “Si una persona no está sanada, no se la puede capacitar. Primero hay que recuperar a la persona, después pensar en su inserción”, sostuvo.

El rol de la comunidad y el Estado

El capellán subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en el Estado. “Esto no es solo del gobierno. Es un compromiso de toda la comunidad. Necesitamos una política de Estado sostenida en el tiempo, que no dependa de coyunturas ni de casos mediáticos”, remarcó.

También se refirió a la situación particular de las mujeres privadas de la libertad y al impacto que su detención genera en los hijos. “Cuando falta la madre, la situación es mucho más compleja. Hay chicos que quedan sin familia, sin contención, y eso profundiza el problema”, advirtió.

Debbiagi expresó su solidaridad con la familia de Jeremías Monzón y reconoció el dolor y la necesidad de justicia. Sin embargo, insistió en que el debate no debe agotarse en el castigo. “Entiendo el reclamo social y el miedo, pero quedarnos conformes solo porque alguien está preso no resuelve el problema de fondo”, dijo.

Finalmente, el sacerdote reiteró el mensaje central de la Iglesia: “Más oportunidades que penas. Si no abordamos las causas profundas de la violencia y la exclusión, seguiremos repitiendo la misma historia”.

• LEER MÁS: Caso Jeremías Monzón: Patricia Bullrich se reúne con la familia y reactiva la reforma penal juvenil