La sanción a la empresa Movistar genera “dudas” entre los usuarios

Este martes, el Gobierno sancionó a la empresa de telefonía celular Movistar debido a la salida generalizada del servicio que tuvo lugar el 2 de abril pasado. De acuerdo a la medida que tomó el Ejecutivo, la firma deberá pagar, entre otros cargos, un resarcimiento a sus usuarios por un total de 185 millones de pesos.

María Laura Mayoraz, representante en Santa Fe de la Unión de Usuarios y Consumidores, al ser consultada por Diario UNO, dijo tener sus “dudas” respecto a la sanción. “Lo que me extraña es que cuando se produjo la falta de servicio, la empresa salió a reconocer la problemática y la explicó. En ese momento decidió compensar al usuario de distintas maneras, de acuerdo a lo que el usuario necesitaba. Algunos recibieron más mensajes de texto, a otros se les descontó el día del abono. En definitiva, eso es lo que dice la ley del consumidor. Por qué aplicar esta multa tan excesiva cuando la empresa compensó la falta de servicio en este caso concreto. Y por qué no se salió a decir nada cuando otras empresas tuvieron el mismo problema”, planteó.

“Mis dudas se basan en eso. Pero no estoy diciendo que no hay que hacerlos responsables y controlar a las empresas. Hay que exigir que las empresas indemnicen”, aclaró y agregó: “Pero la ley determina la multa cuando se viola la ley de derecho del consumidor y en este caso se compensó al usuario por la falta y me parece exagerado lo que se hizo. Yo me pregunto por qué en algunos casos no se hace nada y en otros nos vamos al extremo opuesto”.

—¿Por qué cree que se establecen esas diferencias de criterio para sancionar a una u otra empresa?

—Eso escapa a mí. Tengo mis sospechas pero no puedo decirlo. Me extraña la actitud extrema en ambos casos. En algunos casos no pasa nada y, en otros, todo.

—Usted considera que con el resarcimiento que dispuso motus proprio la empresa ya la eximía de violar la ley de derecho del consumidor y, por ende, de una sanción?

—Si el resarcimiento que aplicó la empresa a cada usuario le servía, está bien. Pero tampoco es lo mismo aquel que usa el celular y que perdió una entrevista de trabajo a otro que no tuvo mayores perjuicios que la falta del servicio. Hay un tema general que es para todos en un día sin servicio. Después hay que ver cada caso particular para reparar el daño o indemnizar. Pero hay que reparar al usuario, no una multa que va al Estado. Ese monto debe ser para el usuario que fue el que sufrió el perjuicio y no para el Estado.

—En este caso el Gobierno, además de la multa dispuso que a cada usuario de esa empresa se le acrediten 10 pesos a favor.

—Claro, pero para aquel que perdió una entrevista de trabajo, los 10 pesos son insuficientes.

—Con esta medida dispuesta por el Gobierno, ¿esa persona perdería el derecho a hacer un reclamo mayor?

—No, nunca se pierde el derecho de usuario por el daño que se le causó y que puede demostrar. Eso nunca se pierde. Pero hay que cuestionar por qué se aplica una multa que va al Estado y no que esa plata, si es que se quiere aplicar una sanción, también vaya como daño directo al usuario, que está contemplado en la ley de derecho del consumidor.

Para corregir los errores

—Desde el Gobierno se señaló que la sanción también era ejemplificadora hacia el futuro, ¿usted cree que puede cumplir ese objetivo?

—Como ejemplificadora, y si la misma decisión se va a tomar cuando a los usuarios de otras empresas les pase lo mismo, está bien. El tema es por qué no se tomó nunca antes cuando el Gobierno tenía todas las mismas herramientas, el mismo poder sancionatorio, la misma ley. Tenía todo lo que hoy tiene para poder hacerlo.

—El servicio de telefonía móvil es uno de los que genera mayores reclamos de usuarios, ¿esas faltas o abusos son sancionados como en este caso?

—En nuestro caso en la Dirección de Comercio Interior, que es el órgano de aplicación de la ley, tiene un montón de herramientas para sancionar como clausuras, multas. En eso la ley es muy completa.

—¿Se están aplicando esas sanciones?

—En realidad, no. Inclusive cuando pasa con la telefonía fija, si bien la Comisión Nacional de Comunicaciones intima a cumplimentar, las empresas no cumplen y la CNC dice que no puede hacer más nada. Por lo tanto no están aplicando sanciones pecuniarias en forma efectiva.