"Los hogares y centros de día no saben más qué inventar": la crisis en discapacidad golpea a Santa Fe

Las instituciones santafesinas que atienden a personas con discapacidad atraviesan una situación límite. Hogares, centros de día y escuelas especializadas acumulan deudas, improvisan estrategias de financiamiento y no logran sostener la prestación de servicios esenciales. Así lo describió el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante su visita a la ciudad de Santa Fe, donde participó de una conferencia en la Universidad Católica (UCSF).

"Los hogares y los centros de día viven haciendo ferias americanas o rifas; no saben más qué inventar. Las escuelas especializadas ya no saben de dónde agarrarse", describió el exfuncionario, quien es además el principal impulsor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según explicó, el deterioro responde a una combinación de atrasos en los pagos, valores desactualizados y falta de aplicación efectiva de la normativa vigente.

El desfasaje entre los valores que reconoce el Ejecutivo nacional y los costos reales del sector es uno de los problemas centrales. "Una acompañante terapéutica cobra 4.600 pesos la hora a 90 o 120 días. Un transportista cobra la nafta a 970 pesos cuando sale más de 2.000. Las instituciones se endeudaron, están desesperadas", graficó Arroyo en diálogo con LT10. El exministro precisó que el Gobierno actualiza valores por inflación, pero sin compensar los dos años previos de atraso acumulado.

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Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación.

La ley que no se aplica

El marco legal existe pero no se cumple, según Arroyo. El Gobierno nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero la suspendió en su segundo artículo. Ante una orden de la Justicia, la reglamentó el 4 de febrero, aunque sin trasladarla a la práctica. "El Gobierno la promulgó, dijo 'sí, es ley' y la suspendió en el segundo artículo. La Justicia le dijo 'tiene hasta el 4 de febrero para ponerla en marcha'. El 4 de febrero la reglamentó, pero en la práctica no lo está haciendo", sostuvo.

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Pensiones de baja y personas que quedaron afuera

La situación se agrava por el esquema de auditorías sobre pensiones por discapacidad. Según denunció Arroyo, el Gobierno dio de baja 140.000 pensiones, de las cuales 110.000 correspondieron a un problema de domicilio: se utilizó una base de datos de hace 25 años sin cruzarla con registros actualizados. Como resultado, muchas personas nunca recibieron las notificaciones y quedaron fuera del sistema sin saberlo.

Los casos más extremos involucran a personas a quienes se les exigió repetir todos sus estudios médicos. "A alguien con ceguera de nacimiento le vuelven a pedir análisis. En Santa Fe hubo personas que tuvieron que trasladarse hasta 500 kilómetros porque cerraron agencias", remarcó el exministro. Aunque reconoció que existieron irregularidades en algunas pensiones, diferenció los controles legítimos de lo que considera un ajuste generalizado: "Una auditoría no es romper el sistema. Hay que evaluar lo que está mal y cortar lo que corresponde, no desacomodar todo".