Mahmud impulsa una mesa de trabajo para implementar la ley de licencias para abogados

La diputada provincial Gisel Mahmud presentó un proyecto mediante el cual solicita la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para avanzar en el diálogo y la articulación entre representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y los Colegios Profesionales de la Abogacía.

El objetivo de la iniciativa es avanzar en la implementación efectiva de la Ley N° 14.483, recientemente sancionada por la Legislatura provincial, que establece un régimen de licencias para abogados, abogadas, procuradores y procuradoras.

“La Ley N° 14.483 fue sancionada el pasado 27 de agosto por la Legislatura provincial y significa un enorme avance en la garantía de derechos para los profesionales de la abogacía”, fundamentó Mahmud.

La normativa fue impulsada a partir de una demanda sostenida por los Colegios de la Abogacía de toda la provincia, que planteaban la necesidad de contar con un régimen específico de licencias para quienes ejercen la profesión.

La ley contempla licencias ante situaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, adopción y circunstancias familiares extraordinarias. Según explicó la legisladora, se trata de una herramienta que busca proteger tanto a los profesionales como a las personas a las que representan, al otorgar previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia al proceso judicial.

En este sentido, la reglamentación y puesta en marcha de la ley plantea distintos desafíos que requieren ser abordados de manera integral, dado que implica un cambio relevante para el funcionamiento del sistema de justicia.

“La conformación de una mesa de trabajo interinstitucional se presenta como una herramienta idónea para sistematizar experiencias, identificar buenas prácticas y detectar dificultades en la implementación del sistema”, explicó la diputada socialista.

La instancia propuesta permitirá precisar los roles de los distintos actores del sistema judicial y construir consensos técnicos e institucionales necesarios para consolidar un modelo procesal más eficiente y acorde a las actuales demandas de acceso a la justicia.

Gisel Mahmud sintetizó que “se trata de generar un espacio de diálogo técnico e institucional que permita fortalecer el funcionamiento del sistema judicial”, promoviendo reglas consensuadas “que aseguren previsibilidad y calidad en la prestación del servicio de justicia”.