Para arrancar con la reforma judicial piden fiscales y diálogo

La decisión del Ejecutivo provincial de avanzar en la implementación definitiva del Nuevo Código de Procedimiento Penal abre muchas expectativas, pero otros tantos interrogantes. Mientras el titular del Ministerio Público de la Acusación avaló la determinación y advirtió que se necesitarán más fiscales, el titular del Servicio Público de la Defensa se molestó porque no lo invitaron a la reunión donde se fijó la fecha para el debut del sistema adversarial.

A partir del 10 de febrero de 2014 todos los delitos tendrán que juzgarse mediante procesos orales y públicos, y en consonancia con todos los postulados de la Constitución Nacional. “De acá a febrero tenemos que apurar la designación de todos los fiscales, la puesta en marcha de la Secretaría de Investigaciones, contratar algunas casas para que funcione la fiscalía y un sistema informático”, indicó el fiscal general Julio De Olazábal.

Además, señaló que el gobernador Antonio Bonfatti “se comprometió a cumplir con estos puntos indispensables” para la puesta en marcha del nuevo código. Entre otras cosas, recordó que “la ley tiene previsto 144 fiscales en toda la provincia”, y que “por ahora vamos a empezar con 49 fiscales”. De todas formas es optimista, y cree que esos lugares se irán completando en pleno funcionamiento del sistema.

Por su parte, el defensor público de la provincia Gabriel Ganón se molestó con el gobierno porque no fue invitado a la reunión donde se resolvió la fecha en que arrancarán con todos los cambios. “Se sacaron una foto y se firmó un acuerdo por la reforma procesal pero fuimos excluidos de la discusión porque pensamos distinto”, indicó el funcionario judicial a través de su cuenta personal en Twitter.

También expresó: “Los datos de la realidad lo marcan: por opinar en contra del Ejecutivo nos dejaron sin presupuesto y nos pidieron el juicio político”. El defensor provincial hace tiempo está enfrentado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, tanto por aspectos formales como por posicionamientos ideológicos.

De hecho, legisladores del Frente Progresista llegaron a presentar un proyecto en Diputados para que se analice si Ganón incurrió en incumplimientos en los deberes de funcionario público y así correrlo. El PJ salió en su defensa por considerar que el Ejecutivo quiere echar a quien critica, y desde entonces –casi– no hay diálogo.