El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto 1257 mediante el cual prorrogó por un año la vigencia de la Ley Nº 14.241, que establece la emergencia social, educativa y sanitaria en todo el territorio santafesino.
Por la pobreza y la vulnerabilidad social, Santa Fe extendió la emergencia educativa y sanitaria
Mediante el decreto 1257, el gobernador Maximiliano Pullaro extendió por un año la vigencia de la Ley 14.241, que declaró la emergencia social, educativa y sanitaria en toda la provincia. Que alcances tiene la norma
La medida busca sostener las herramientas extraordinarias implementadas por la provincia para garantizar el derecho a la educación, la salud y la seguridad alimentaria, además de fortalecer los sistemas de promoción y protección de derechos en un contexto que el propio Gobierno provincial define como de "alta criticidad social".
La normativa, sancionada originalmente en diciembre de 2023, continuará vigente por otros 12 meses y permite a los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Educación y Salud acelerar procedimientos administrativos, reforzar programas sociales y ejecutar medidas específicas para atender las demandas más urgentes de la población.
La pobreza, uno de los principales argumentos de la prórroga
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial tomó como referencia los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al segundo semestre de 2025.
Los números reflejan que en el Gran Rosario la pobreza alcanza al 16,6% de los hogares y al 22,3% de las personas. En tanto, la situación resulta aún más preocupante en el Gran Santa Fe, donde la pobreza afecta al 22,8% de los hogares y al 30,6% de la población.
Desde el Gobierno provincial señalaron que estos indicadores evidencian un "sostenimiento de la precariedad de las condiciones materiales de vida de los habitantes de nuestra provincia", situación que justifica la continuidad de las medidas excepcionales.
Preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes
Otro de los argumentos incorporados en la prórroga hace referencia a la situación que atraviesan las infancias y adolescencias en el país.
El decreto menciona informes elaborados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que advierten que la situación de niños, niñas y adolescentes continúa siendo crítica.
En ese contexto, la provincia ratificó la necesidad de sostener programas de acompañamiento, protección y asistencia destinados a los sectores más vulnerables.
Qué medidas permite implementar la Ley 14.241
La ley otorga facultades especiales a distintas áreas del Gobierno provincial para reforzar las políticas públicas.
Entre las principales acciones se destacan:
- Fortalecer la asistencia alimentaria y garantizar el funcionamiento de comedores y merenderos comunitarios.
- Impulsar políticas vinculadas a la economía social.
- Reforzar los dispositivos de protección de niños, niñas y adolescentes.
- Implementar estrategias de prevención y tratamiento de consumos problemáticos.
- Garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos sanitarios.
- Reparar y adquirir ambulancias y mejorar la infraestructura hospitalaria.
- Profundizar el Plan de Alfabetización y fortalecer la capacitación docente.
- Incorporar equipamiento tecnológico y mejorar la infraestructura escolar.
Contrataciones especiales y control legislativo
La normativa también habilita a los ministerios involucrados a realizar contrataciones directas especiales para agilizar la compra de bienes, obras y servicios vinculados a la emergencia.
Sin embargo, esos procedimientos deberán desarrollarse bajo criterios de transparencia y control, con la obligación de justificar los precios y rendir cuentas periódicamente.
Además, continúa funcionando una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por legisladores provinciales, que tendrá la responsabilidad de supervisar las medidas implementadas y el destino de los recursos públicos.
Con esta decisión, el Gobierno provincial busca mantener las herramientas administrativas y presupuestarias necesarias para enfrentar una situación social que, según los indicadores oficiales, continúa mostrando elevados niveles de vulnerabilidad en distintos sectores de la población santafesina.
















