Histórica condena en Santa Fe: por primera vez juzgaron el abandono de menores como delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano dictó sentencia en otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. En el proceso fueron juzgados cuatro integrantes de la estructura represiva que tuvo como principal centro de operaciones al Departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe.

Por primera vez en 43 años de democracia, la Justicia consideró el abandono de persona como delito de forma autónoma en las causas que juzgan los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. La mayoría de las víctimas tenía entre uno y 14 años cuando fueron secuestradas junto a sus padres o abandonados a su suerte, sin adultos a cargo. Sienta un precedente para este tipo de juicios en todo el país e impulsa otras causas que tienen como víctimas a niños.

El proceso iniciado en mayo pasado tuvo una característica inédita: por primera vez se abordaron delitos cometidos específicamente contra niños en el marco del terrorismo de Estado. Se contabilizaron al menos 34 víctimas.

La primera audiencia del juicio se desarrolló este martes y fue transmitido por el canal La Retaguardia. La querella solicitó que las próximas audiencias sean transmitidas por el canal oficial del Poder Judicial.

Los condenados son los exagentes de inteligencia Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti, además del exsecretario judicial federal Víctor Hermes Brusa. Todos fueron hallados responsables de distintos delitos vinculados a secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y abandono de niños en perjuicio de 34 víctimas.

El tribunal impuso una pena de 18 años de prisión a Parvellotti, 15 años a Riuli, 14 años a Brusa y nueve años a Valdez.

La investigación sostuvo que las víctimas eran secuestradas, mantenidas encapuchadas y esposadas, sometidas a torturas físicas y psicológicas y luego trasladadas a cárceles o dependencias judiciales donde eran obligadas a firmar declaraciones bajo amenazas y apremios ilegales.

Uno de los hechos más graves que se analizaron en el juicio ocurrió el 15 de febrero de 1980 en la localidad bonaerense de Lima. Allí, personal policial irrumpió sin orden judicial en una ladrillera y secuestró a Arnaldo Catalino Páez, a su esposa y al hijo mayor de la familia.

Víctimas: De izquierda a derecha: Carlos Páez, Ceferino Páez, Juana Medina, Alberto Páez, Mario Páez, María Páez (arriba), Mónica Páez (abajo).

El ciudadano

Como consecuencia del operativo, otros seis hijos del matrimonio, de entre un mes y medio y 12 años, quedaron abandonados. Según reconstruyó la fiscalía, los chicos debieron salir solos a buscar ayuda y sobrevivir como pudieron luego de encontrar su casa saqueada tras el procedimiento policial.

El juicio abordó la persecución a trabajadores ferroviarios, militantes políticos y vecinos de Laguna Paiva, y secuestros y torturas en Esperanza, Santo Tomé, Ceres y otras localidades de Santa Fe

El juicio también abordó la persecución a trabajadores ferroviarios, militantes políticos y vecinos de Laguna Paiva, además de secuestros y torturas ocurridos en Esperanza, Santo Tomé, Ceres y otras localidades.

En su alegato, el abogado querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Federico Pagliero, sostuvo que los hechos debían ser considerados bajo la figura de genocidio. "Hubo un ataque discriminado hacia una parte del sector de la sociedad, del sector civil, que fueron los trabajadores, los obreros, en este caso los obreros de Laguna Paiva", afirmó el letrado.

Además, señaló que "sobradamente se ha acreditado la participación criminal de cada uno de los imputados", motivo por el cual la querella había solicitado la pena máxima de 25 años de prisión.

En la causa también estaba imputado Fernando Sebastián Mendoza, exjefe de la Comisaría XIII de Laguna Paiva, aunque no llegó a ser juzgado debido a que falleció antes del inicio del proceso oral.

La causa deriva del expediente conocido como “Laguna Paiva”, en el que ya habían sido condenados seis policías provinciales en 2021 por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados.