Una resolución impulsada por el jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, habilita a los policías a llevar “cartucho en recámara”, o sea, listo para ser disparado. Esto, según se informó, es una manera de "resguardar la seguridad de toda la población santafesina y de todo el personal policial".
Preocupación por la decisión de que la policía lleve un "cartucho en la recámara"
El Servicio Público Provincial de Defensa Penal instó a las autoridades a limitar el uso de armas de fuego letales luego de conocerse la resolución firmada por el jefe de la policía
22 de enero 2020 · 11:10hs
Archivo UNO Santa Fe
Imagen ilustrativa
No pasó mucho tiempo para que desde diferentes sectores se criticara o se mostrara preocupación por la determinación. En las últimas horas y mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, manifestaron su preocupación por la resolución firmada por el jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, que autoriza a los efectivos policiales a llevar “cartucho en recámara”; o sea, listo para ser disparado. De esta manera se suma a la crítica lanzada desde distintos sectores por dicha decisión.
•LEER MÁS: "Llevar una bala en la recámara no garantiza la seguridad"
Comunicado textual
En virtud de las recientes disposiciones emanadas por la jefatura de la Policía provincial que autoriza a sus miembros a “llevar un cartucho en recamara”, la Defensa Pública expresa su seria preocupación sobre el tema y solicita a las autoridades competentes la adopción de medidas tendientes a limitar el uso de armas de fuego letales, habilitándose su utilización solamente en los casos estrictamente necesarios, de acuerdo a los derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y a toda la normativa nacional e internacional que versa sobre la materia, entre otras, la ley de seguridad interior y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por Naciones Unidas.
En su oportunidad, la defensora provincial, Jaquelina Ana Balangione, cuestionó reglamentos y protocolos que flexibilizan el uso de armas letales contra presuntos delincuentes asegurando que se trataba de instrumentos “inconstitucionales y generadores de mayor violencia”.
•LEER MÁS: "Los principales dirigentes gremiales de los policías somos nosotros"
En diciembre, compartiendo esa línea, a nivel nacional se han dejado sin efecto las resoluciones cuestionadas por encontrarlas contrarias a los principios aplicables al uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por lo que resulta trascendente remarcar que la resolución del jefe de Policía de la Provincia se encuentra desacoplada tanto de la normativa internacional aplicable –a la que remite la ley de seguridad interior–, como de los lineamientos establecidos por el Estado nacional.
Además, cabe reivindicar que los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad, progresividad y rendición de cuentas, no operan como limitantes para la seguridad de la ciudadanía, sino como garantía orientada a esta.
Vale tener presente que durante el 2019, el Registro de Violencia Institucional del Servicio Público Provincial de Defensa ha tomado razón de 1.244 hechos de tortura o malos tratos, afectando a 520 víctimas. Datos que reflejan en el orden local, una situación semejante a la de otras partes de la Nación. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), durante 2017 murieron 146 personas en hechos de violencia con participación policial solo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cada 23 horas hay un caso de “gatillo fácil” en Argentina.
Por último, desde la Defensa Pública insistimos y reiteramos en que una sociedad más pacífica no se logra a partir de políticas públicas “de mano dura” sino a partir de políticas inspiradas en derechos humanos (vínculos familiares, educación, salud, condiciones de vida dignas, trabajo, capacitación en oficios) que permitan a las personas construirse socialmente como emergentes positivos y reducir las causas generadoras de vulnerabilidad y desigualdad social.
