Proponen multas de hasta $5,4 millones y trabajo comunitario a padres de alumnos que ejerzan bullying en las escuelas

La diputada provincial Natalia Armas Belavi presentó un proyecto de ley para modificar la norma vigente sobre acoso escolar e incorporar sanciones a los padres o tutores de los alumnos que ejerzan violencia entre pares.

La iniciativa busca reforzar la prevención, la intervención inmediata en las escuelas y la responsabilidad familiar en la erradicación del bullying, que en la provincia registra un preocupante crecimiento, destaca la legisldora.

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La Cámara de Diputados de Santa Fe analiza una propuesta que podría cambiar la manera en que el Estado enfrenta los casos de bullying dentro de los establecimientos educativos. El proyecto, impulsado por la diputada Natalia Armas Belavi, propone modificar la Ley Provincial Nº 13.674, sancionada en 2017, para establecer un sistema de responsabilidad directa sobre los adultos responsables de los alumnos agresores, con sanciones económicas, trabajo comunitario y capacitaciones obligatorias.

Una respuesta legal frente al acoso escolar

La iniciativa plantea la creación de una “Ruta de Actuación Inmediata” para todos los establecimientos educativos de la provincia. Ante un caso de hostigamiento, las escuelas deberán notificar a los padres o tutores y al Ministerio de Educación, convocar a profesionales del área psicosocial —como psicólogos o asistentes sociales— y realizar talleres y estrategias de mediación entre los involucrados.

Si estas instancias fracasan por inasistencia o incumplimiento de los adultos, el Ministerio deberá dar intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que será la encargada de evaluar la situación y aplicar las sanciones correspondientes.

Multas, tareas comunitarias y capacitaciones obligatorias

El proyecto incorpora tres tipos de sanciones posibles para los padres o tutores de los menores que incurran en conductas de acoso:

• Tareas comunitarias dentro del establecimiento educativo implicado, como pintura, limpieza, mantenimiento o colaboración con docentes.

• Multas económicas basadas en la unidad “jus” del Poder Judicial, que podrían variar entre 1 y 50 jus, lo que equivale actualmente a multas de hasta $5,4 millones.

• Medidas de protección integral previstas en la Ley Nacional 26.061, que establece derechos y garantías para niños, niñas y adolescentes.

Los fondos recaudados mediante las sanciones pecuniarias se destinarán a la creación de un fondo provincial para la prevención y asistencia de víctimas de acoso, además de programas y actividades de concientización sobre convivencia escolar.

Asimismo, el proyecto dispone que todas las escuelas, tanto públicas como privadas, deberán organizar entre dos y tres capacitaciones anuales dirigidas a padres y madres, con el fin de prevenir, detectar y abordar tempranamente situaciones de bullying o ciberacoso.

“No es cosa de chicos”

En los fundamentos, Armas Belavi advierte que el bullying es una de las formas de violencia más estigmatizantes y devastadoras para la infancia y la adolescencia. “No es un tema menor, no es ‘cosa de chicos’. Es un tema tan serio y grave que exige la inmediata intervención del Estado”, sostiene la diputada en el texto del proyecto.

La legisladora remarca que Santa Fe ocupa uno de los primeros lugares del país en suicidio infantil y adolescente, y que el acoso escolar “puede llegar a generar pensamientos suicidas o, como ya ha ocurrido, provocar la muerte de las víctimas”.

Citando a la ONG Bullying Sin Fronteras, el proyecto menciona que los casos denunciados en la Argentina crecieron un 46% anual, con Santa Fe entre las provincias con mayor número de episodios, junto con Córdoba, Mendoza y Misiones. “El bullying no distingue clases sociales, edades ni colores. Todos los niños pueden ser víctimas”, agrega el texto.

Responsabilidad familiar y prevención

Para Armas Belavi, el objetivo es claro: involucrar a las familias en la prevención y en la toma de conciencia sobre el impacto del acoso. “El núcleo familiar es el responsable principal de estas conductas, y es indispensable que los padres participen en la corrección y en la reparación del daño”, señala.

Según la diputada, el proyecto no busca solo sancionar sino “crear conciencia y fomentar la participación activa de los adultos en la construcción de una comunidad más segura y respetuosa”. La propuesta se apoya además en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos menores.

La legisladora también subraya el crecimiento del ciberacoso, una modalidad del bullying potenciada por el uso de redes sociales y dispositivos digitales. “Hoy el hostigamiento no termina en la escuela; sigue en las pantallas. Es un fenómeno que afecta la salud mental de nuestros chicos y que requiere una respuesta inmediata”, advirtió.