Proponen un Ejecutivo que digite la selección de jueces

En momentos donde se debate la constitucionalidad y la oportunidad política de modificar el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, en Santa Fe algunos sectores del kirchnerismo intentarán colar la misma discusión durante el presente período ordinario de sesiones. Dicho organismo funciona en la provincia a partir de un decreto que firmó Hermes Binner en su gobernación, pero la oposición plantea sancionar una ley que garantice un mayor grado de institucionalidad.

En ese marco, los diputados provinciales del bloque 100% Santafesino presentaron un proyecto que apunta a reducir los márgenes de discrecionalidad en el Consejo de la Magistratura y dotarlo de una mejor representación, aspecto que es motivo de críticas permanentes en la Legislatura. El dato distintivo, en todo caso, es que se abre la alternativa de incorporar a tres miembros a través del voto popular. La propuesta es que dos de esos integrantes sean de la mayoría y el otro de la primera minoría, pero fundamentalmente, que esos nombres estén adosados al candidato a gobernador en las sucesivas elecciones.

La iniciativa en cuestión –que se ingresó a la Cámara baja el pasado 26 de abril– fue firmada por los diputados Marcela Aeberhard, Germán Kahlow y Darío Vega. En ella, se propone “dotar a Santa Fe de una ley de Consejo de la Magistratura como elemento e instrumento que brinde a nuestra provincia un plus de institucionalidad”. El objetivo es constituir un “órgano permanente del Poder Ejecutivo” para proponer al gobernador los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.

La Constitución de Santa Fe, en su artículo 86, establece que “los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras de apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa”. Hasta 2007 siempre fue así, es decir, los distintos gobernadores tenían garantizada una discrecionalidad inédita para elegir magistrados. Incluso, desde la recuperación democrática la Legislatura santafesina siempre tuvo una mayoría política del mismo color que el titular de la Casa Gris.

En ese entonces, una propuesta que iba desde el Ejecutivo rara vez era rechazada. En diciembre de 2007 eso cambió. Las elecciones de ese año dejaron en manos del Frente Progresista la gobernación, pero la mayoría en el Poder Legislativo –la suma de diputados y senadores– siguió en poder del PJ. El socialista firmó un decreto de autolimitación para postular jueces y por esa misma vía instauró un Consejo de la Magistratura.

A partir de ese momento, dicho órgano es el que realiza los concursos de antecedentes y oposición para cubrir distintos cargos en la Justicia y el gobernador de turno –hoy Antonio Bonfatti– envía al postulante que más puntos obtuvo. No obstante, esa lógica se resintió a fines de 2012 cuando el actual mandatario rubricó otro decreto en el que se plantea no respetar necesariamente el orden de prelación para mandar un pliego.

Así y todo, la experiencia resultó superadora de lo existente. Las críticas, que afloraron desde el peronismo y el PRO, se centraron en cómo componer el Consejo de la Magistratura y cómo elaborar los concursos. Sobre el primer punto, hubo algunos reclamos corporativos de sectores que no participan del procedimiento; respecto del segundo, se pide cambiar el sistema de puntajes para privilegiar la experiencia por sobre la capacitación, entre otras cosas.

Mayor peso de la política

El proyecto de ley pretende que el nuevo Consejo de la Magistratura sea “presidido por el secretario de Justicia de la provincia, quien contará con voz y voto, se integrará con 19 miembros: tres jueces del Poder Judicial; cuatro legisladores provinciales (dos senadores y dos diputados); cuatro representantes del Colegio de Abogados; y dos docentes titulares de facultades de Derecho”.

En tanto, habrá “tres representantes directamente elegidos por el pueblo en las mismas elecciones convocadas para elegir gobernador, dos por la mayoría y uno por la minoría; dos representantes de los empleados del Poder Judicial; y un representante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia”.

“Necesitamos contar con una normativa que detalle las pautas por las cuales debe regirse el concurso de oposición y antecedentes determinante de la lista de candidatos finales para cubrir vacantes en el Poder Judicial y, además, la función del Consejo de la Magistratura no debe estar limitada solamente a la propuesta de candidatos, sino que debe extenderse a la capacitación de magistrados para un mejor desempeño de sus funciones, lo que repercutirá favorablemente en la administración de justicia”, explicaron Aeberhard, Kahlow y Vega.

“El presente proyecto de ley considera que la integración interdisciplinaria del Consejo de la Magistratura por miembros de los tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo, como también por miembros elegidos por el voto popular, abogados que ejercen la profesión, asociaciones sindicales y docentes, garantizará la autonomía y transparencia deseada en el proceso de selección de magistrados”, argumentaron.