Rosario: desarticulan una red local que se dedicaba al lavado de activos

"Tenemos acreditado que hay escribanos y contadores de Rosario que facilitaron maniobras fraudulentas y lavado de activos en las cuales terminaron quedando como beneficiarios finales personas con alto poder económico". Así, Sebastián Narvaja, fiscal de la Unidad Especial de Delitos Económicos y Complejos, sintetizó ayer en rueda de prensa el resultado de una veintena de allanamientos realizados en Rosario que terminaron con la detención de 10 personas, en el marco de una investigación por fraudes con propiedades y lavados de activos que salpicó a profesionales, empresarios, escribanos y contadores. Se estima que la maniobra implica unos 40 millones de pesos.

"El lavado de activos apuntaba a que esas propiedades, que habían sido desapoderadas a sus dueños legítimos, pasaran de mano en mano con el fin de buscar apariencia de legitimidad así esos bienes podían ser adquiridos por personas de alto poder económico", explicó el fiscal.

De la veintena de allanamientos participaron alrededor de 200 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), las divisiones de Trata de Personas, ex Drogas Peligrosas, Tropas de Operaciones Especiales (TOE) —todas de la policía provincial— y Gendarmería.

"La investigación comenzó hace dos años y tiene varios carriles que se abren a partir de denuncias de propietarios que encontraron que les habían sacado sus propiedades mediante juicios fraudulentos, usurpaciones violentas y falsificación reiterada de documentos. Presentaron sus denuncias en la fiscalía y esos hechos se han ido investigando en el tiempo", explicó ayer el fiscal Narvaja en la sede de la PDI, en el ex Batallón 121.

En la rueda de prensa estuvieron además el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini; el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli; el director de Inteligencia Criminal de Gendarmería, Claudio Brilloni; y el director de Inteligencia de la PDI, Daniel Corbellini.

De acuerdo a lo explicado por Narvaja, la pesquisa fue un trabajo conjunto de la Unidad Especial de Delitos Económicos y Complejos; la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); la Unidad de Información Financiera (UIF); la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip); la Administración Provincial de Impuestos (API) y las Unidades de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad. Colaboraron diez fiscales de distintas localidades.

Los diez detenidos serán imputados en principio mañana y el fiscal Narvaja los acusará de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos y lavado de activos. "Hay personas prófugas que tienen pedido de detención ordenado", indicó el funcionario judicial.

Si bien la estafa con campos y propiedades no es novedosa, lo que sí llamó la atención en esta oportunidad fue la espectacularidad y difusión de los operativos realizados ayer en Rosario.

"Fuimos sobre los guantes blancos", se aventuró a decir uno de los investigadores mientras se preparaba la rueda de prensa en la que el fiscal Narvaja tendría el papel determinante.

"La investigación está muy avanzada. En los allanamientos se secuestró una importante cantidad de documentos, equipos informáticos y celulares. Ahora nos queda por delante mucho trabajo de investigación y análisis", indicó el fiscal.

La trama

La pesquisa comenzó a partir de denuncias realizadas por víctimas de estafas con propiedades, varias de ellas radicadas en el viejo sistema procesal penal, que la fiscalía regional fue acopiando.

Así, detectó casos con patrones similares que revelaban la apropiación ilícita de inmuebles mediante la falsificación de títulos, poderes, contratos, firmas apócrifas en oficios judiciales y en otro tipo de tramitaciones inmobiliarias. En esos documentos aparecieron prestanombres. Y profesionales —contadores, escribanos y abogados— que prestaban sus servicios para buscar la legitimación del bien y lograr su blanqueo. Entre los investigados, además de empresarios y profesionales, aparecieron personas con grandes movimientos patrimoniales que no registraban ningún tipo de actividad económica legal y que estaban ligadas al hampa local.

Por un lado la investigación detectó a los estafadores, conectados con actividades del mundo del hampa. Y por otro a un grupo de personas con poder económico que invertía en esa oportunidad de negocios. Eran los frontman de los estafadores, ya que ellos sí podían demostrar capacidad económica y solvencia. Los pudientes pasaron así a integrar las maniobras de lavado, que no sólo eran en dinero sino también de activos con origen ilícito, como inmuebles y autos. Y al presentarse como compradores, se beneficiaban. Por ejemplo, en un caso donde se fraguó la venta de un campo los "compradores" les pagaron a los estafadores la décima parte de lo que valía realmente el inmueble.

"Las maniobras investigadas están divididas entre quienes buscaban los bienes para lograr la estafa y los profesionales que se encargaban de facilitarlas. Y las maniobras de lavado de dinero para aprovecharse del producto de esas estafas. El lavado de activos era para legitimar los bienes defraudados", explicó Narvaja, quien agregó: "También hay abogados investigados, aunque sobre ninguno de ellos pesa orden de detención".

Fuente: La Capital