Un juez de Santa Fe, candidato a integrar la Corte Suprema provincial, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad

El brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años torturado y asesinado en la ciudad de Santa Fe, no solo provocó una fuerte conmoción social, sino que volvió a instalar con fuerza un debate histórico y sensible en la agenda pública: la edad de imputabilidad penal en Argentina.

El caso, en el que están involucrados menores de edad —dos de ellos de 14 años, actualmente inimputables—, expuso los límites del sistema penal juvenil vigente y generó una ola de reclamos políticos, judiciales y sociales para revisar la legislación actual.

En ese contexto, el juez federal de Reconquista y candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Aldo Alurralde, se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque dejó en claro que la discusión no puede agotarse en una respuesta meramente punitiva ni circunstancial.

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Alurralde insistió en que la baja de la edad de imputabilidad debe ser debatida por el Congreso, pero con una mirada amplia y responsable. “Tiene que haber una actualización respecto de la edad. A esto lo deberán debatir los legisladores”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que no se trata de encerrar a un joven por el solo hecho de castigarlo. “No se trata solo de poner en situación de encierro a un chico, ni a ninguna persona, por la simple situación de encierro”, expresó.

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En ese sentido, remarcó que el encierro sin acompañamiento estatal no garantiza la reinserción social. “Si usted la coloca en esa situación, no va a tener posibilidades de reiniciación social”, explicó en declaraciones a la emisora LT 10. Añadió que el nuevo régimen penal juvenil debe incluir políticas públicas sostenidas, porque “el encierro por el encierro mismo no reeduca”.

El proyecto que no avanzó en 2025

El juez federal recordó el proyecto del año pasado, en el 2025, que planteaba bajar la edad de 16 a 14 años y que finalmente no avanzó.

Según explicó, esa propuesta se encontraba en línea con la legislación vigente en la mayoría de los países de la región y del mundo. “Esto en consonancia con la mayoría de los países: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela, donde la edad es de 14 años. En los sistemas penales europeos también es de 14 años. Hay excepciones, bueno, Estados Unidos es de 11 años para algunos delitos”, detalló.

El magistrado remarcó que Argentina, junto con Cuba, se mantiene entre los países con la edad de imputabilidad más alta. “Argentina y Cuba son los países que todavía tienen la edad de imputabilidad más alta de 16 años”, señaló, al plantear la necesidad de una actualización normativa acorde a la realidad social y criminal actual.

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No obstante, Alurralde subrayó que el proyecto que se debatía en 2025 no se limitaba a reducir la edad penal, sino que proponía un enfoque más integral del régimen penal juvenil. “Ese proyecto establecía primero, no solo la baja de la edad de imputabilidad para cualquier delito, sino que cuando la pena supere los tres años y hasta diez años, preveía que el juez podía reemplazar la pena de prisión por penas alternativas”, explicó.

El juez aclaró que estas medidas no eran automáticas ni indiscriminadas. “El proyecto decía siempre que no haya muerte, violencia grave y antecedentes del imputado”, precisó, al tiempo que destacó un cambio conceptual central: “Se ve la conducta del menor, no por su edad sino por la conducta o la gravedad del daño que ha hecho”.

La mirada puesta en las víctimas

En ese punto, Alurralde puso el foco en un aspecto que, según su mirada, históricamente estuvo relegado en el sistema penal argentino: las víctimas. “Porque en esto no debemos olvidar que hay víctimas. ¿Y qué le decimos a las víctimas?”, planteó, y agregó que el proyecto tenía una mirada puesta “en el daño que se le genera a las víctimas y no tanto la edad de quien lo comete”.

El magistrado fue aún más contundente al describir el lugar que ocuparon las víctimas durante décadas en el proceso penal. “Las víctimas en la Argentina quedaron muy olvidadas: eran sujetos que en el proceso penal no existían, no tenían ni voz ni voto”, afirmó. Según relató, muchas veces se enteraban del avance de las causas “por los diarios o por los medios de comunicación”, e incluso descubrían que el agresor había recuperado la libertad sin haber sido informadas previamente.

“Un día se enteraban que ya el delincuente estaba libre nuevamente y con toda la potencialidad que otorga la impunidad cuando desde la justicia se otorga”, señaló Alurralde, aunque reconoció que esa situación comenzó a modificarse en los últimos años con un mayor reconocimiento de los derechos de las víctimas y la incorporación de su perspectiva en las decisiones judiciales.

En esa línea, el juez remarcó que nadie elige ser víctima y que cualquier persona puede atravesar una situación de ese tipo de manera inesperada. “Se puede truncar un proyecto de vida, una maravillosa vida se nos la puede llevar, la propia o de un ser querido, y verdaderamente cambia ese proyecto de vida”, reflexionó. Por eso, sostuvo que atender a las víctimas no implica compasión, sino algo esencial: “Justicia, simplemente justicia”.